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Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, el fichero informático, que recibirá el nombre de 'OND', tendrá su base en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana e incluirá nombres y apellidos, DNI, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los aficionados problemáticos.
En la base de datos, que podrá ser cedida a las fuerzas de seguridad de terceros países para evitar en lo posible altercados fuera de España, se detallará también la infracción impuesta al hincha radical, los trámites seguidos en el expediente, así como posibles sanciones anteriores y su grado de cumplimiento.
La Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte aprobada en 2007 contempla sanciones de 150 hasta 650.000 euros -en el caso de infracciones muy graves-, así como la prohibición de acceso a los estadios por un periodo máximo de cinco años.
En estos casos, los clubes o los responsables de la organización de los espectáculos deportivos tienen la obligación de retirar la condición de socio o abonado de los aficionados sancionadas.
Para ello, el archivo contará también con el listado de clubes y equipos de toda España y los nombres de sus representantes legales, que, según la ley, también deben responder de los altercados e incidentes que se producen en sus recintos deportivos.
Según el último informe Raxen emitido por el Movimiento contra la Intolerancia hace unas semanas, a día de hoy persisten unos 150 grupos ultras que actúan, sobre todo, en los campos de fútbol de Primera y Segunda División.
Terra Actualidad - EFE 1.6.08
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