ROMA.- La política de inmigración emprendida por el Gobierno de Silvio Berlusconi, y más concretamente, sus planes de fichar a los gitanos (menores incluidos) que viven en poblados chabolistas ilegales, fueron objeto ayer de una dura condena por parte del Parlamento Europeo.
Por 336 votos a favor (incluidos los de 21 diputados del centro-derecha), 220 en contra y 77 abstenciones, la Eurocámara aprobó una resolución -presentada por los grupos Socialista, Liberal, Verde y de la Izquierda Unitaria- en la que se exhorta a las autoridades italianas a «abstenerse de proceder a la toma de las huellas dactilares de los gitanos, incluidos los menores», ya que hacerlo «supondría claramente un acto de discriminación directa fundada en motivos raciales y orígenes étnicos».

El Ejecutivo italiano reaccionó con indisimulada cólera ante las críticas del Parlamento Europeo. «Todo el Gobierno rechaza con fuerza e indignación la acusación de racismo porque es infundada», clamaba Andrea Ronchi, el ministro de Políticas Europeas, al tiempo que subrayaba la intención del Ejecutivo de Il Cavaliere de seguir adelante por el camino emprendido. «Rechazamos una votación que es de carácter fundamentalmente político y que no se basa en realidades», hacía saber Franco Frattini, el ministro de Exteriores italiano.

«La resolución votada por la izquierda europea se sustenta sobre presupuestos que se sabe que son falsos. De ahí nuestra indignación», se quejaba Roberto Maroni, el ministro del Interior de Italia, dejando claro su convencimiento de que la Comisión Europea (el organismo encargado de vigilar si las legislaciones nacionales se adecuan a las de la UE) dará luz verde a su iniciativa.

De lo que no hay duda es de que, a pesar de la condena del Parlamento de Estrasburgo, el Ejecutivo italiano se muestra decidido a seguir adelante con sus planes de «censar a los residentes en los campos nómadas de Roma, Milán y Nápoles», como oficialmente se refiere a la iniciativa tachada de racista por el Parlamento Europeo. De hecho, Roberto Maroni no dudó ayer en calificar de «humanitario» su objetivo de fichar a los gitanos, subrayando que con esa iniciativa lo que pretende el Ejecutivo italiano es garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de esas personas: «Se trata de una batalla cívica en la que no nos dejaremos frenar por la izquierda europea».

En abierta contradicción con lo que considera el Parlamento Europeo, Maroni sostiene que la meta del Ejecutivo italiano es ayudar a los gitanos: que los campos nómadas en los que viven tengan unas condiciones higiénicas y sanitarias mínimas, que se favorezca la integración social de sus habitantes y los menores que viven en ellos estén escolarizados. El responsable de Interior italiano alega que para ello «necesitamos primero hacer un censo. Una vez realizado, quienes tengan derecho a estar en Italia se quedarán en unas condiciones higiénicas y sociales mínimas. Y el resto serán expulsados», aseguraba.

Maroni también rechazó que el Gobierno italiano pretenda tomar las huellas digitales de los gitanos. «La ordenanza que hemos aprobado habla de que el censo se realice a través de detalles de filiación. Esto significa que sólo en el caso en el que la persona a censar no tenga un documento o carezca de fotografías, se procederá a la toma de huellas dactilares».

Maroni no detalló a partir de qué edad se empezará a tomar las huellas digitales de los gitanos, pero todo hace pensar que será desde muy pronto, pues destacó: «El reglamento europeo permite que se tomen las huellas a niños a partir de seis años, pero dado que nuestra motivación es humanitaria, entendemos que podría hacerse antes».

El Mundo.11.07.08