Durante la reunión se comentaron diversos hechos como las movilizaciones xenófobas en distintas ciudades españolas, los conciertos de música racista, los fondos ultras de los campos de fútbol, la hostilidad xenófoba en Internet, el desarrollo de grupos neonazis y neofascistas, y los más graves, centenares agresiones con numerosos heridos, incluido homicidios de odio, que preocupan a la sociedad civil y al Fiscal General del Estado.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, hizo entrega al Fiscal General, Candido Conde Pumpido, del Informe Raxen que documenta la actividad de grupos xenófobos y racistas, así como de agresiones y sucesos en más de 200 ciudades en España. Todas las Comunidades Autónomas sufren un crecimiento de la intolerancia xenófoba que se extiende a aspectos culturales, étnicos y religiosos, y aunque se estimas más de 4.000 agresiones e incidentes de odio racial, homófobo, cultural e ideológico, el miedo a denunciar de muchos inmigrantes, de los sin techo, de los homosexuales y de otros colectivos vulnerables al odio de los intolerantes, dificulta el conocimiento del volumen real de las infracciones penales. De ahí que resulte para esta ONG imprescindible crear una Fiscalía específica para una mejor aplicación de los tipos del Código Penal previstos contra la xenofobia, el racismo y el Odio.

El Fiscal General del Estado ha trasladado al Movimiento contra la Intolerancia su máximo interés por abordar el problema de las manifestaciones de racismo y xenofobia y perseguir las actividades delictivas, informando de la emisión, tras el período estival, de una próxima Instrucción General a todos los Fiscales para perseguir con el máximo rigor los delitos contra la igualdad y la actividad de los grupos que promueven la discriminación, el odio y la violencia.

El Fiscal General estudiará próximamente la viabilidad de una Fiscalía Especializada contra la xenofobia, el racismo, la homofobia y los delitos de odio, sin perjuicio de poner en marcha de forma inmediata, los mecanismos que la ley permite actualmente para abordar de forma amplia este problema en crecimiento.