El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recabado información del Gobierno, la Conferencia Episcopal, varios ayuntamientos y hasta de una universidad, la de Granada, para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Garzón quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.

El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si es competente para investigar las denuncias que le presentaron 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas (entre ellas Cataluña, Valencia, Aragón y la localidad pontevedresa de Ponteareas), el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos últimos años, con el fin de esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

La decisión de solicitar toda esta información -la actuación judicial más importante realizada en España sobre los represaliados de Franco, según fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- llega en un momento muy preliminar del proceso. Garzón pide todas esas actuaciones para decidir si admite a trámite el caso. La fiscalía, en contra del criterio de los denunciantes, ha pedido al juez el archivo de la causa.

Lo que el juez quiere saber es número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, jornada previa al denominado por los ganadores de la guerra como día del "alzamiento nacional", sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración que señale el organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".

Otro de los organismos estatales requeridos para el recuento de víctimas de la represión es el Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar sobre si se encuentran a su disposición "los ficheros del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y si existe algún estudio sobre los casos del mismo". A la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, le reclama que informe "si existe algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos" y comunique "a todos los Registros Civiles de España" que deberán permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.

Con esa misma finalidad solicita a la Conferencia Episcopal "que comunique a todas y cada una de las parroquias de España" que permitan la entrada de los agentes para su investigación. Otro de los organismos religiosos a los que se dirige el juez es la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, donde Franco se hizo enterrar rodeado de muertos republicanos. Los religiosos deberán proporcionar "oportuna información sobre los nombres de las personas que en este lugar estén enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho".

A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada les pide "el nombre de las personas enterradas en fosas comunes" en los cementerios, las "circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos", "la fecha de los mismos" y si las muertes constan en algún registro público.

La Ley de la Memoria, aprobada el 31 de diciembre de 2007, obliga a las Administraciones a elaborar y poner a disposición de las familias de los fusilados y desaparecidos "mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos" y el Gobierno debe hacer uno de todo el país. El hispanista Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y en los primeros años de dictadura fueron 180.000. El historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en 36 provincias, dio una cifra mínima de 90.000.

Una Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil del Gobierno ya elaboró un informe sobre las víctimas. Pero concluyó que hay "enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen". Y reveló la "inexistencia de un censo de personas desaparecidas".

"Es histórico. Me he emocionado"

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, calificó ayer de "histórico" el paso dado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. "Después de la aprobación de la Ley de la Memoria, que no nos ha ayudado en nada, viene un juez y le dice al Estado que tiene una responsabilidad, que tiene que dar esa información. Es como un sueño, un notición, me he emocionado al saberlo".

Silva es consciente de que la providencia hecha pública ayer por el juez de la Audiencia Nacional es un paso muy preliminar y que todavía no se ha pronunciado sobre su competencia, pero la considera "el principio de un proceso que va a dar resultados, porque ha acertado con las instituciones a las que ha pedido información y la va a encontrar". "Donde ha picoteado va encontrar bastante de donde tirar", afirmó el presidente de la asociación. "Las asociaciones le han dicho exactamente dónde tiene que buscar".

La ley obliga a las administraciones a realizar catálogos de las fosas y restos humanos de víctimas de la represión franquista, pero hasta ahora sólo Cataluña y Andalucía habían elaborado su mapa de fosas, según Silva. "Asturias lo tiene a medio hacer", añade. Pero la iniciativa de Garzón, según Silva -cuya asociación, por el momento, no se ha personado en la causa- "es la más potente que se ha adoptado hasta el momento".

El dirigente de la primera asociación que empezó a desenterrar desaparecidos y a identificarlos mediante técnicas genéticas considera que la decisión del juez debería convertirse en un primer paso para la creación de una "comisión de la verdad" que estudiara seriamente las desapariciones de los perdedores de la Guerra Civil.

"Después de 70 años, la esperanza es la Audiencia"
Las asociaciones acogen la decisión judicial con satisfacción y cautela.

Satisfacción por la decisión del juez, pero mezclada con cierta cautela. Las peticiones de información que el magistrado ha hecho al Gobierno, la Iglesia católica y ayuntamientos sobre los desaparecidos del franquismo llega en un momento muy temprano del procedimiento abierto en la Audiencia, cuando todavía no se han admitido a trámite las denuncias presentadas desde hace casi dos años. Responsables de tres de los colectivos que las impulsaron consideran una gran noticia que la justicia se interese por los desaparecidos después de la decepción que, para muchas de ellos, supuso la Ley de la Memoria, una norma que consideran insuficiente.

- Associació per a la Memòria Històrica de Catalunya. Manuel Perona, presidente de la asociación, no podía esconder ayer su satisfacción por la decisión de Garzón para esclarecer el paradero de miles de desaparecidos tras el golpe de Estado de 1936. "Llevamos 70 años esperando y ahora tenemos una esperanza, que es la Audiencia Nacional", explica Perona, que estaba convencido de que la justicia se interesaría por la petición que formularon.

"La única duda que nos quedaba es si teníamos capacidad legal para presentar nuestra demanda y si se podría llegar al final del proceso judicial", explica. "Por lo que ha acordado el juez Garzón, parece que sí", añade el presidente, quién también está convencido de que la petición de cursada por Garzón será atendida. La decisión de Garzón comporta "un alivio, un margen de confianza en la justicia" para miles y miles de personas que siguen reclamando el paradero de sus familiares.

"Hablamos de restos humanos que siguen perdidos, especialmente en las zonas donde hubo muchos fallecidos", como los que provocó la batalla del Ebro en Corbera, Gandesa o La Fatarrella, en Tarragona.

- Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

"Tenemos razón, pero nos falta el derecho", afirma Paqui Maqueda, vicepresidenta de la asociación, que presentó la demanda en nombre del colectivo el 18 de julio de 2007. "Vamos vislumbrando la hora de la justicia. Sabíamos que la vía judicial era un camino que teníamos que recorrer porque hablamos de crímenes sistemáticos y masivos", prosigue Maqueda, que se declara "feliz y esperanzada", aunque se muestra cautelosa porque, por el momento, no se hayan admitido a trámite las denuncias. "Cuando se admita, la fiesta va a ser tremenda porque ha sido un camino de mucho dolor. Un camino hemos recorrido solos las familias y las asociaciones".

- Asociación Memòria de Mallorca. "Que el juez se haya dirigido a la Conferencia Episcopal parece un indicativo de que va en serio", asegura Margalida Capella, abogada y miembro de la Asociación Memòria de Mallorca, cuya denuncia se presentó en diciembre de 2006. "Esperamos que no haya obstáculos de esas instituciones para entregar lo que el juez solicita", añade Capella, que recuerda que mucha de la información la maneja el Estado.

"En los Registros Civiles es posible encontrar las declaraciones de fallecimiento de las personas que desaparecieron. Nosotros, de esa forma, hemos documentado hasta el momento 198 fallecidos y otras 400 desapariciones". Capella asegura que "el Estado no sólo tiene la obligación de investigar esos crímenes, sino que debe localizar a las víctimas y sufragar sus exhumaciones".

Artículo 12 de la Ley de la Memoria

- "Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el artículo anterior, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos".

- "El Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los ciudadanos interesados (...)".

- "Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por sus titulares, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los poderes públicos competentes adoptarán medidas orientadas a su adecuada preservación".

El Valle de los Caídos tiene registrados 34.000 muertos "en la guerra".

El abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, afirmó ayer que en la abadía existe un registro de 34.000 fallecidos, pero añadió que "todos los que figuran en este registro son muertos y fallecidos durante el periodo de guerra y en acción de guerra". En declaraciones a la Cadena SER, Álvarez afirmó que desconocía el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y afirmó que una vez que llegue esta solicitud la estudiará "y actuará en consecuencia".

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida y PSOE -uno de los consistorios a los que el juez Baltasar Garzón ha pedido información- tiene localizadas dos fosas comunes en los cementerios de la Salud y de San Rafael. El Ayuntamiento sabe el lugar en el que se encuentran aproximadamente gracias a algunos testimonios orales, como el de un antiguo portero de uno de los camposantos.

Pero no disponen de documentos oficiales en los que se especifique la ubicación exacta o el número de personas que fueron enterradas allí durante la Guerra Civil, según informó ayer Alfonso Igualada, concejal responsable de la empresa municipal de cementerios. Igualada sostuvo que es casi imposible poder facilitar un listado detallado con nombres. Las dos fosas comunes están actualmente bajo varios nichos levantados después de la Guerra Civil.

El informe general elaborado por la Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que creó el propio Gobierno para preparar la Ley de Memoria Histórica, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que el Ejecutivo carece de un registro de desaparecidos. Aquel trabajo concluía: "Dispersión de enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen. Inexistencia de un censo de personas desaparecidas". Y añadía: "El informe del doctor Lorente Acosta, del Instituto de Medicina Legal de Granada, se refiere a una cifra de entre 30.000 y 40.000 personas".

Hasta el momento sólo Andalucía y Cataluña han elaborado mapas de fosas para ayudar a las familias a buscar a las víctimas, como obliga la Ley de la Memoria a todas las Administraciones, es decir, al Estado, las autonomías y los municipios.

EL PAIS. 2.09.08