Vuelve la sangre a las puertas de un bar de copas. Ahora le ha tocado a Richard Quisaguano, un joven ecuatoriano muerto por un portero de seguridad del pub Sendero en el distrito de Chamartin. Acabaron con su vida de una puñalada en el corazón en el transcurso de una pelea en la que pudieron participar cerca de 20 personas. Cada vez mas estos sucesos criminales protagonizados por porteros irregulares de pubs y discotecas, da igual la nacionalidad o el color de piel que tengan, nos vienen a recordar aquellos films de violencia del lejano Oeste donde los cadáveres tras las peleas quedaban tendidos en la puerta del “saloon”. Y es que en realidad, las noches de ocio en nuestro país se han vuelto criminalmente peligrosas.

Estos sucesos muy graves no paran de repetirse. Aún está reciente el crímen del menor angoleño Augusto Dobele, asesinado en Costa Polvoranca por un portero de la discoteca IN, de similar puñalada en el corazón; también nuestra memoria nos recuerda a otro ecuatoriano, Wilson Pacheco, muerto a palos y arrojado al mar por porteros de la discoteca Maremagnun en Barcelona, como otros casos similares en Málaga, Bilbao u otras ciudades; tampoco olvidamos aquella batalla campal entre clientes y porteros del bar Silver de Getafe, con dos heridos graves por arma blanca, o el tiroteo sangriento y criminal en una discoteca de Puerta de Toledo, y así hasta un sinfín de sucesos relacionados con el tráfico de drogas, agresiones y tenencia ilícita de armas que siempre provocan una enorme alarma social.

La joven esposa del fallecido Richard se preguntaba entre lagrimas ¿qué hace un portero con un cuchillo? Y los ciudadanos se siguen preguntando ¿cómo es posible que se pueda permitir contratar para una función de seguridad a matones? La respuesta está en el propio sector de los locales nocturnos y en la actitud institucional frente a las graves irregularidades que en él se cometen. En España hay aproximadamente 25.000 porteros de seguridad de bares y discotecas, unos 2.000 en Madrid, según datos de su asociación a la que pertenecen escasamente unos 200. La contratación irregular es la pauta dominante, el intrusismo profesional frente a la profesión del vigilante jurado definida por la Ley de Seguridad Privada es continuo, y la impunidad de muchas de sus actuaciones, desde la aplicación ilegal del derecho de admisión al recurso delictivo de la violencia, es creciente. Todo ello ante la mas inoperante posición de las Administraciones responsables.

La función de un portero es de control de acceso, de recepción del público, ordenar la entrada, aplicar el derecho de admisión conforme a la legalidad, y si hay problemas de seguridad llamar a la policía, nunca resolver o generar conflictos a golpes y navajazos. Si un local especial necesita vigilante de seguridad, para ello están profesionales y empresas habilitadas para prestar un servicio en el marco de una norma legal que lo regula. No se puede contratar a matones porque sí. Y los responsables institucionales deben emprender de una vez en el sector una inspección que prometen y nunca hacen. Los ciudadanos tienen derecho a salir de copas a un local nocturno y no tener comprometida su integridad por que alguien tiene a un criminal en la puerta del bar.

Esteban Ibarra.
Presidente Movimiento contra la Intolerancia.