La reforma del Código Penal está en marcha, el acuerdo en lo sustancial de los partidos del Pacto por la Libertades, PP-PSOE, es la respuesta a la demanda ciudadana que en su desazón vive con impotencia como un terrorista con penas centenarias por crímenes sanguinarios puede, a los pocos años, pasearse por su pueblo o incluso formar parte de los comandos del horror. Es de todo punto, inaceptable.

Este acuerdo básico supone el fin del insuficiente coste y de los márgenes de impunidad que de hecho existían para el terrorismo y otros crímenes graves en nuestro país. Cumplirán 40 años efectivamente, sin menoscabo del principio democrático de la reinserción que ampara nuestra Constitución. Que para que esta se produzca, habrá de demostrarse mediante la renuncia expresa a la violencia, la condena de la actividad terrorista y el compromiso activo con el resarcimiento de las víctimas. Sin ello no hay reinserción posible.
No es una medida propagandista o una iniciativa para desviar la atención del Prestige como improcedentemente dice el portavoz del PNV. Es la respuesta del Estado de Derecho a la crueldad terrorista en sintonía con lo que millones de ciudadanos desde hace años vienen reclamando. Como volvieron a requerirlo a raíz del asesinato del guardia civil Antonio Molina por unos criminales en libertad que no habían cumplido íntegramente sus penas, y que trasladaban un convoy de explosivos para aterrorizar al pueblo de Madrid el día de Nochevieja, con el consecuente espanto, caos y probable masacre.

Además cuando se ataca a la población civil indiscriminadamente, no es posible hablar solo de terrorismo; estamos, conforme a lo definido por los Tribunales Internacionales y Naciones Unidas, ante verdaderos Crímenes contra la Humanidad. Así, también lo ha interpretado el juez Garzón en sus autos contra Batasuna. Los hechos son tan extraordinariamente graves que lo que resultaría incomprensible es el mantenimiento por el Estado de Derecho de las incongruencias de su legalidad penal.

Y es que ETA en su horror, practica como Milosevic la limpieza étnica, comete crímenes contra la humanidad de idéntica matriz a los de Alquaeda y si pudiese, si algún día alcanzara el poder en Euskadi, no le temblaría la mano para acabar con toda disidencia, como hizo Pol Pot en Camboya, mediante un proceso genocida. A estas alturas no es posible no darse cuenta de lo que tenemos enfrente.

Es preciso acabar con la sensación de incapacidad de la democracia para hacer frente al terrorismo. A la eficacia policial ha de acompañarle una legislación y una actuación de los jueces que no deje ningún resquicio para la impunidad y para las risas arrogantes que nos muestran en los juicios por sus crímenes. Sin duda que la ciudadanía recogerá esta iniciativa política como una contribución que refuerza el marco democrático y que nos ayuda a transformar la desazón que provoca cada crimen terrorista en coraje cívico por la causa de la libertad.

Y mientras tanto, mientras vencemos al terror y nos congratulamos del acuerdo, con la mayor de las emociones recordemos de nuevo a las víctimas, haciendo llegar a sus familiares y amigos nuestra solidaridad profunda en estos días navideños que afrontan con lágrimas y dolor una ausencia irreparable.

Esteban Ibarra.
Presidente Movimiento contra la Intolerancia.