Al albor del anuncio de reformas penales que va a realizar el Gobierno buscando mejorar la seguridad ciudadana, convendría señalar que aunque buena parte de las mismas sean razonables, no es preciso en su formulación dañar la imagen de los inmigrantes. También, aunque no se conoce el detalle jurídico, la reforma genera dudas cívicas por cuanto algunas de las medidas pudieran ser aplicadas con desproporción, como es el caso de las expulsiones de extranjeros por delitos menores.
Conviene cuidar el lenguaje y evitar que una estigmatización infamante se asocie a los inmigrantes, cual son el estigma delictivo y el estigma de la práctica cultural aberrante. El discurso prejuicioso vincula sin pudor la comisión de un delito, realizado por un sujeto o por una banda, a mas de millón y medio de trabajadores migrados que residen en España. De igual manera, el prejuicio utiliza la ablación de clítoris para enlazar con el velo y significar toda cultura diversa como un peligro potencial de aberración.
No procede que ni en el ámbito político, ni en los medios de comunicación, o en cualquier otro, para justificar o razonar un posición se recurra a un lenguaje que es éticamente incorrecto además de injusto. Hay delincuencia extranjera como existe la autóctona, y punto. Dejemos en paz en nuestras expresiones a los inmigrantes, que hoy en día les queremos para todo, incluso para ser soldados del ejercito español, y observemos si las medidas son eficaces en atajar el delito o por el contrario algunas son solo propaganda.

Este es el caso del nuevo delito específico de mutilación femenina, una práctica que suele efectuarse fuera de España y que requeriría unas medidas de protección de la víctima orientadas a denegar visado y residencia a familiares que lo amparen mas que un cambio en el Código que hoy lo contempla como lesiones. Tampoco parece disuasorio para los patrones de pateras el incremento de pena, pues en el futuro serán menores de edad quienes conducirán esas embarcaciones de incierto destino, como hoy ya sucede con estos nuevos patrones sin escrúpulos a los que la Ley Penal del Menor garantiza impunidad.

Y no digamos la sinrazón de la expulsión “automática” para delitos de hasta seis años, cuando el actual Código y la Ley de Extranjería ya permiten su aplicación por un Juez, pero el automatismo resulta un añadido excesivo para un delito de alcoholemia o desobediencia a la autoridad y por el contrario, una benevolencia para un atracador sancionado con cinco años que debería cumplir la pena. Esta modificación puede ser devastadora en manos de gentes sin escrúpulos que exploten y extorsionen a los sin papeles o de algunos funcionarios que abusen de su autoridad.

La ciudadanía reclama mas seguridad, el final de la multirreincidencia, de los nichos de impunidad y de aquello que no permite el disfrute de la libertad y convivencia de todos, pero hay que elegir el camino adecuado para no dañar derechos fundamentales que también son de todos, también de nuestros nuevos vecinos quienes hoy, y mañana mucho mas, nos ayudan a prosperar en nuestro país.

Esteban Ibarra.
Presidente Movimiento contra la Intolerancia.