LA HAYA. Enero 2003

La oficina de la fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) lamentó hoy que 24 inculpados pro crímenes de guerra continúen en libertad, en algunos casos siete años después de su acusación. La mayoría de los inculpados se encuentran en el territorio de la República Federal de Yugoslavia (RFY) o en la Republika Srpska, la entidad serbia de Bosnia, precisó esta portavoz, Florence Hartmann, subrayando la falta de cooperación de las autoridades concernidas.

"Recuerdo que 24 inculpados siguen en libertad. Eso significa que demasiados acusados de crímenes de guerra están en libertad desde hace demasiado tiempo", declaró la portavoz de la fiscal del TPIY, Carla Del Ponte, durante un punto de prensa semanal del Tribunal de La Haya. Entre los acusados en libertad figuran principalmente los jefes político y militar de los serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic aunque están inculpados desde hace más de siete años por el TPIY por genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra. Los actos de acusaciones contra los dos hombres por su papel en el conflicto en Bosnia (1992-1995) se dieron a conocer en 1995.

Plan contra la delincuencia en Francia.
París. Enero 2003

El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, defendió su proyecto de Ley de Seguridad en la Asamblea Nacional, ante la que anunció la creación del Observatorio Nacional de la Delincuencia como complemento a la dureza de las penas contra la “pequeña delincuencia”.Prostitutas, mendigos, vagabundos, okupas y gamberros son algunos de los más afectados por la nueva ley, que permitirá que puedan ser condenados a penas de prisión. El proyecto de ley pretende proteger a “la Francia de los olvidados, aquellos cuya vida cotidiana se ha convertido en un infierno”, como describió a las víctimas de la delincuencia.Ante un auditorio complaciente, con una mayoría aplastante de derechas, Sarkozy defendió su proyecto, uno de los pilares programáticos de su partido durante las últimas elecciones legislativas y presidenciales.

En virtud de lo dispuesto en el proyecto de ley, las prostitutas que procedan a “la provocación en público”, aunque sea sólo por su vestimenta, serán castigadas con seis meses de prisión y 3.750 euros de multa. Un año de prisión y 15.000 euros de multa son previstos para los culpables de ocupar ilegalmente un inmueble. Mientras, la “mendicidad peligrosa” será castigada con dos meses de prisión y 3.750 euros.Asimismo, los que insulten a un miembro de las Fuerzas de Seguridad se jugarán dos años de prisión y 30.000 euros de multa y los jóvenes que molesten a sus vecinos se arriesgarán a ser castigados con dos meses de prisión y 3.750 euros de multa.