En julio de 2002, José David Fuertes mató de varias puñaladas al angoleño Ndombele Augusto Domingo, de 16 años, cerca del pub Inn, en Costa Polvoranca. En los días siguientes, varios periódicos censuraron el crimen como «racista», el alcalde de Alcorcón encabezó una manifestación contra el racismo y la Comunidad de Madrid valoró también la tragedia como de tintes xenófobos.

Ayer, José David Fuertes, que cumple condena de 18 años por el asesinato de Ndombele, volvió a un juzgado. Pero no para sentarse en el banquillo de los acusados, sino para acusar, esposado y todo.

Para acusar en concreto a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, de faltarle por ello a su honor al denominar su crímen de «racista». Es decir, lo mismo que hicieron desde el Ayuntamiento de la localidad hasta la práctica totalidad de medios de comunicación.

Ibarra incluyó el caso de Costa Polvoranca en su libro Los crímenes del odio. Violencia skin y neonazi en España. Y ahí se explayó acerca de las circunstancias del asesinato de Ndombele.

Escribió cómo aquella noche Fuertes y un amigo «van a por el negro», cómo el asesino «había asimilado el odio y la violencia como algo habitual», cómo Ndombele «había sido asesinado por gentes violentas que estaban vinculadas a una de esas bandas de extorsión que se mueven en torno a las puertas de determinados locales y discotecas».

También refería Ibarra cómo el padre del fallecido aquella noche decía que «mi hijo se metió en una pelea de blancos», cómo aseguraba que Fuertes «frecuentaba los Ultra Sur y era partícipe de los grupos neonazis Bases Autónomas y TNT». En resumen, que Fuertes y su amigo Pablo Gómez, también presente en el momento del asesinato, «eran dos veteranos neonazis que se habían situado en los ámbitos de la extorsión de la noche madrileña».

Así que ayer, en un juzgado de Navalcarnero (dado que el acusador cumple condena en la cárcel de la localidad), se sustanció la fase oral del juicio. Ibarra declaró que al Movimiento contra la Intolerancia le llegaba «información de forma progresiva» y que él nunca tachó al asesino «de racista, sino su crimen, y me ratificaré hasta el último aliento», dijo. Ibarra explicó cómo desde un principio tanto él como las instituciones trabajaron en la hipótesis de un crimen racista o «de connotaciones racistas».

En la sentencia del caso no se contempló el agravante de racismo, pero el presidente del Movimiento contra la Intolerancia explicó que ésta se produjo en 2007, después de que el libro dejara de venderse, cosa que sucedió a finales de 2005.

Ibarra contó cómo todos los testimonios que utilizó en el libro los recibió o bien de primera mano del círculo de las víctimas -la misma novia de Pablo Gómez le refirió «que ambos eran neonazis y así lo dijo en los juicios», señaló-, o bien de investigaciones periodísticas publicadas.

Para ello citó a Antonio Rubio, subdirector de este diario y con 25 años de experiencia en periodismo de investigación, y a Patricia G. Lucio, redactora de la revista Así son las cosas, autores de varias informaciones relativas al caso que pasaron a fundamentar el libro. Los dos ratificaron sus informaciones y la solidez de sus fuentes.

Nadie solicitó rectificación alguna a estas informaciones periodísticas que tachaban el crimen de racista.

También declaró Tomás Vera, entonces director general de Inmigración de la Comunidad, que ratificó que «desde un principio» se trabajó con la hipótesis de que el crimen era de móvil racista. El caso quedó visto para sentencia.

El MUndo.es. 18.11.09