La asociación Jueces para la Democracia manifestó "dudas" de que el Estado español cumpliese con su deber de proteger y velar por la seguridad de los detenidos en el caso de los diecisiete inmigrantes que se vieron afectados por el incendio de los calabozos de la Comisaría de Policía de Málaga, que se saldó con un total de siete inmigrantes fallecidos. Esta asociación consideró que "estamos ante una de las páginas más negras de la historia de la inmigración en España", y recordó que la detención de una persona por los cuerpos policiales "traslada al Estado el deber inexcusable de velar por su seguridad", por lo que las personas que custodian a los detenidos asumen "la responsabilidad de lo que pueda sucederle".

Según JpD, la vulnerabilidad a la que se ven sometidos los detenidos a raíz de su privación de libertad exige "la máxima diligencia en su custodia", a fin de evitarles daños externos e incluso autoprovocados. Por este motivo el acondicionamiento de las instalaciones policiales debe impedir estos daños, junto a la requisa de todo objeto que pueda ser utilizado para autolesionarse, o la separación de detenidos en función de su peligrosidad, prácticas "habituales e imprescindibles en los centros de detención", según el colectivo judicial. A la vista de lo ocurrido en la Comisaria de Málaga y del elevado numero de fallecimientos y heridos, JpD mostró sus "serias dudas" de que el Estado cumpliese su deber de protección "con la diligencia debida".

"La detención en la misma celda de patrones mafiosos con ciudadanos que al parecer eran simples inmigrantes irregulares, la posesión de elementos para hacer fuego en las celdas o la tardanza y dificultades en la evacuación de la zona incendiada, son indicios que apuntan a que los responsables de los detenidos pudieron no actuar con la diligencia que requería su posición de garantes de la vida y seguridad de estos", manifestó la asociación en un comunicado. Por este motivo Jueces para la Democracia exigió que las instituciones del Estado relacionadas con los hechos presten al juez que los está investigando "todo el apoyo necesario", y concretamente que localicen y trasladen a España para prestar declaración ante el juez a los inmigrantes que se encontraban en la misma celda y que fueron expulsados "con insólita urgencia" del país.