El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: "¡Me cago en Franco!".
Gabriel García Márquez aún no había inventado su estirpe Buendía, pero el personaje homónimo le hubiera podido servir de inspiración para encarnar el realismo mágico. El problema es que el ataque de sinceridad fue real y a Timoteo le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.
Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 incluida la célebre 1.001, que en 1972 condenó a la dirección en pleno de CCOO antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.
La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando ultra en 1977, ha editado ahora un CD que recoge todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar "¡Me cago en Franco!".
"Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas", explica Raúl Cordero, director de la fundación. La presentación será el martes en la sede de CCOO en Madrid y está anunciada la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El mes pasado, ya en plena ofensiva contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar el franquismo, el TOP volvió a las primeras páginas. Lo citó en el acto de la Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo: "El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años", dijo.
El CD que se presenta el martes muestra hasta qué punto fue implacable el TOP: el 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.
Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): "Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole", afirma.
Las peculiaridades de la Transición, pilotada por los sectores aperturistas del franquismo y pactada con la izquierda reformista, permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63% del total fueron en democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen, que también sobrevivió a la democracia.
"La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos", lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Supremo. Él mismo forma parte de la sala que juzgará a Garzón, pero al ser emérito no puede participar al tratarse de una causa especial.
El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País, donde recalaron varios periodistas condenados por el infausto tribunal.
La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.
Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.
De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.
Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat "cálidos elogios" cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de "la justicia".
Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.
"La alta instancia judicial es sociológicamente franquista". Juan José del Águila. Magistrado. Autor de la obra ‘El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)’
Nadie conoce el siniestro TOP tan bien como Juan José del Águila (Torremolinos, Málaga, 1943). Primero, como víctima: estuvo un año preso, en 1969. Luego, como abogado vinculado a CCOO y el PCE, defendió a decenas de activistas condenados de antemano, lo que le valió otro paso por la cárcel, en 1973. Y, finalmente, como estudioso: al TOP dedicó su tesis doctoral, una versión reducida de la cual publicó con el título El TOP. La represión de la libertad, 1963-1977(Planeta, 2001).
Del Águila accedió a la magistratura en 1989 y a sus 67 años sigue al pie del cañón: en el juzgado de lo Social número 21 de Madrid y aprovechando ratos libres para investigar la represión franquista y la complicidad del mundo judicial.
¿Qué opina del revuelo por lo que dijo Jiménez Villarejo sobre el TOP?Muchos medios manipularon lo que dijo. Es obvio que no hablaba de los magistrados actuales porque por una cuestión meramente biológica sería imposible que hubieran sido del TOP. Lo que dijo es que hubo un alto grado de colaboración y complicidad del entramado judicial con el franquismo. Y esto es una evidencia.
¿Pero qué tienen que ver las instituciones actuales con las de la Justicia' franquista? Mire, el Tribunal Supremo editó en 2006 un libro autolaudatorio, carísimo. Y el mensaje que transmite respecto al franquismo es la continuidad legal: al principio y al final. El libro habla de todo, pero pasa de puntillas sobre el franquismo. No se cuenta que en la sede del Tribunal Supremo se celebraron miles de consejos de guerra, se ignora cómo los miembros de la carrera judicial participaron activamente en la represión: en la magistraturas de Trabajo de estilo fascista, en los tribunales para la represión del comunismo, la masonería y las responsabilidades políticas, en múltiples comisiones mixtas... ¡Ni siquiera se menciona el TOP, que fue una creación judicial al 100% y cuyas sentencias eran revisadas por el Supremo!
¿La transición no fue completa en el mundo judicial?
No hubo ruptura en ningún ámbito judicial ni político. Ahora no deberíamos extrañarnos de lo que pasa. A día de hoy, las altas instancias judiciales son sociológicamente franquistas. Sobre todo en su concepción del orden. Lo que sucede en la Sala de lo Militar del Supremo es llamativo. Siguen considerando justas sentencias fruto de consejos de guerra con el argumento de la seguridad jurídica. Algo así sería difícilmente asimilable en un país democrático.
¿Y las nuevas generaciones?
Ni una sola de las convocatorias a oposiciones a jueces y fiscales desde 1977 ha incluido alguna materia que trate la represión. ¡Ni una línea del TOP! Imagine un juez de 35 años: ni se lo contaron en la escuela, ni en la universidad, ni tiene que estudiarlo para las oposiciones. ¿Qué se le puede pedir?
¿Quién es el responsable?
Todas las instituciones clave han asumido un pacto de silencio: el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, los sucesivos ministerios de Justicia... El Ministerio Fiscal también editó recientemente un lujoso libro autolaudatorio. Se remonta nada menos que hasta el siglo XIII, pero no dedica ni una línea a la Causa General que en 1943 Franco encargó a la Fiscalía General. Ni una línea para la represión.
¿Los problemas de Garzón se explican por intentar investigar el franquismo?
Garzón es un personaje muy polémico y desenfoca la cuestión central sobre el estado de la justicia en España el tener que opinar sobre él. Pero está claro que es una monstruosidad que el Supremo se dedique a esto.
La mayoría de juzgados que recibieron su causa ha archivado sin investigar.
Era previsible. ¿Cómo van a tener sensibilidad si no conocen lo que pasó? Tengo compañeros que no saben qué es el TOP. Cuando publiqué el libro, ninguna de las muchas publicaciones del CGPJ le dedicó ni una línea. Tampoco las asociaciones de judiciales, ni siquiera las progresistas. Me parece muy sintomático. Hubiera entendido críticas despiadadas. Pero hubo silencio sepulcral y eso que lo editaba una editorial como Planeta. Hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan.
PUBLICO.ES 16.05.2010
