El poder del Tribunal Supremo acabó ayer con la carrera de Baltasar Garzón, el juez de la democracia. Desde la Audiencia Nacional, el magistrado ha instruido en los últimos 22 años la mayoría de las principales causas judiciales de la historia reciente en España. Una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que se adhirió Falange Española, ha llevado a Garzón hasta el banquillo de los acusados, donde será juzgado como supuesto autor de un delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía hacerlo, según defienden los querellantes.

La instrucción de ese caso arrancó como consecuencia de las 22 denuncias presentadas por asociaciones y víctimas del régimen franquista a las que ningún tribunal había amparado hasta entonces. Las diligencias practicadas desencadenaron una fortísima disputa judicial entre la Fiscalía, que entendía que no había competencia para investigar, y Garzón, que citaba en sus escritos diversa jurisprudencia internacional para avalar los trabajos que estaba llevando a cabo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró la falta de competencia del juez para investigar los crímenes del franquismo. Hubo tres votos particulares que sostuvieron lo contrario. Tres magistrados de la Audiencia Nacional respaldaron la competencia de Garzón para investigar el franquismo y varios jueces de tribunales inferiores ratificaron esa misma tesis unas semanas después.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opuso al procedimiento de Garzón, nunca consideró que el juez pudiera estar cometiendo un delito de prevaricación. Pese a ello, Luciano Varela, el magistrado del Supremo que instruyó la querella de Manos Limpias y de Falange, entendió que había suficientes indicios de prevaricación para ordenar la apertura de juicio oral contra Garzón.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en estricta aplicación de la Ley, suspendió ayer de funciones al juez Garzón por estar procesado. Unos minutos después de conocerse la decisión del Gobierno de los jueces, Garzón abandonó el edificio de la Audiencia entre aplausos, gritos de ánimo, lágrimas y abrazos de jueces, fiscales, secretarios judiciales y otros trabajadores.

Garzón pretende trabajar durante los próximos siete meses como asesor de la Corte Penal Internacional y espera recibir la autorización del Consejo General del Poder Judicial para trasladarse en comisión de servicios a La Haya.

El juez español con mayor prestigio internacional deja en la Audiencia un abundante expediente de causas relevantes para la historia de España y de otros países, como Chile o Argentina. Sus investigaciones contra el narcotráfico, los crímenes de Estado, el terrorismo o la corrupción le acarrearon poderosos enemigos, desde el Gobierno de Felipe González hasta traficantes de droga y de armas, pasando por el dictador Pinochet, al que ordenó detener, o el Partido Popular.

En su larga carrera profesional, Garzón ha sufrido múltiples querellas que, hasta el día de ayer, se habían archivado sin demasiado ruido. Tanto el PSOE como el PP han denunciado en distintas etapas desde 1990 a Garzón por investigaciones que dirigía el juez y que afectaban a los intereses de estos partidos. Los socialistas, que llegaron a incluirle en sus listas electorales y a darle un cargo público durante uno de los mandatos de Felipe González, le denunciaron por la instrucción del caso GAL, que acabó con las condenas de cárcel para significados dirigentes del Gobierno socialista por amparar el terrorismo de Estado contra ETA.

Los populares se lanzaron contra el juez a raíz del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada a una decena de administraciones gobernadas por el Partido Popular. La formación que preside Rajoy exigió desde el primer momento que Garzón dejara la causa por entender que había aforados, nacionales y autonómicos, y que debía ser instruida en los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid y en el Tribunal Supremo.

Garzón se inhibió tras varios meses de investigación del caso, pero las conclusiones que había sacado y escrito en distintas resoluciones han sido ratificadas e incluso ampliadas en su gravedad por los fiscales y jueces que han retomado el caso tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana.

Las relaciones de Garzón con el Tribunal Supremo siempre han sido tormentosas. Hasta el punto de que en algunos casos el Supremo se ha permitido lanzar duros reproches a Garzón en el texto de algunas sentencias donde reducía las penas a delincuentes condenados en la Audiencia Nacional y criticaba al instructor, como ocurrió en el caso Nécora de narcotráfico.

En la lucha contra ETA y su entorno, Garzón abrió en 1998 un sumario que todavía colea y que permitió desarticular los distintos aparatos logístico, político, financiero y propagandístico de la banda terrorista. Las ilegalizaciones de Batasuna y sus partidos satélites, amparadas por la Ley de Partidos Políticos, llegaron siempre antes de la mano de Garzón que del Supremo.

Dirigentes del Gobierno entienden que la animadversión entre magistrados del Supremo y Garzón, por cuestiones de pura competencia profesional, explica lo ocurrido en los últimos meses. Durante 20 años, las querellas presentadas contra Garzón en el Supremo fueron desestimadas sin contemplaciones.

En el último año, las tres denuncias contra el juez que se han presentado ante el alto tribunal -por investigar los crímenes del franquismo, por el patrocinio bancario de unos cursos que dirigió en Nueva York y por ordenar escuchas a los abogados de la trama Gürtel en la cárcel- han sido estimadas y cada una de ellas está en fase de instrucción. Otros dirigentes socialistas sostienen que la suspensión de Garzón tiene que ver con el caso Gürtel.

El PP no oculta su satisfacción por la salida del juez de la Audiencia Nacional.

El País 15.5.2010