La autocalificada "asociación cultural" Blood and Honour (Sangre y Honor) tenía, en realidad, como principal objetivo promover "tanto la superioridad de la raza aria [...] como el rechazo fóbico y la violencia hacia el inmigrante". Este es uno de los principales argumentos que esgrime la sentencia hecha pública ayer por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid para ordenar la disolución del grupo, desarticulado en 2005 por la Guardia Civil tras celebrar un concierto en el que se gritó, entre otros lemas: "Seis millones de judíos más a la cámara de gas".

El fallo condena además a penas que van del año a los tres años y seis meses de prisión a 14 de sus 18 integrantes, que se sentaron en el banquillo acusados de asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas. La sentencia determina que Blood & Honour, lejos de ser la asociación que buscaba alejar a los jóvenes de la droga, según los estatutos que inscribieron en el Ministerio del Interior en 2000 para legalizarse, era en realidad "la facción española de una asociación de igual nombre creada en Reino Unido en el año 1987" de marcado carácter nacionalsocialista y skinhead.

El tribunal sustenta dicha afirmación en el contenido de los artículos de cinco números de la revista bimensual que la propia asociación utilizaba como medio de propaganda y en los verdaderos estatutos que regían su funcionamiento, y que fueron hallados en las viviendas de dos de sus fundadores,Roberto Luengo Usano y Francisco José López Perea.

Así, como destaca el fallo, estos estatutos secretos abogaban por "establecer un entramado que sirva para absorber la militancia de toda la juventud nacionalsocialista española que no ha sido manipulada por la trampa sionista" como verdadero fin de la asociación. Para ello, proponía la creación de tres frentes antisistema, incluida "una formación física básica" para los que calificaba como "soldados políticos".

Un símbolo de la SS

El fallo, después de reproducir otras frases del documento de clara orientación nazi, recalca como dos pruebas más que los ahora condenados adoptasen como símbolo de Blood & Honour la calavera que servía de "emblema de la 3ª SS Panzer División Totenkopf" y que concluyesen sus estatutos con una frase del propio Adolf Hitler.

El tribunal reproduce también algunos de los textos claramente xenófobos y antisemitas de la revista del grupo, en la que además, según recalca el tribunal, "era habitual [encontrar] artículos laudatorios sobre Adolf Hitler, Rudolf Hess u otros jerarcas del partido nacionalsocialista o personas vinculadas a la ideología".

En este sentido, los magistrados destacan la existencia de expresiones nazis como los saludos "Sieg Heil" o "Heil Hitler", así como referencias a las "14 palabras", el lema que forma parte del ideario skinhead: "Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos".

El tribunal también destaca que la principal actividad del grupo para divulgar su ideología y obtener ingresos era organizar conciertos de grupos de rock racista. En ellos, para conseguir fondos, la asociación vendía todo tipo de productos con su anagrama, la frase "Heil Hitler" o la imagen de Hitler o Hess, así como libros que negaban el holocausto judío e incluso armas prohibidas.

Penas menores

La contundencia de los argumentos para disolver el grupo no se ha traducido, sin embargo, en penas elevadas para los 18 integrantes del grupo que se sentaban en el banquillo. De hecho, cuatro de ellos han salido absueltos después de que el tribunal haya considerado que no eran miembros en activo del grupo. Los otros 14 han recibido penas inferiores a las que solicitaban la fiscalía y la acusación popular, ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia.

Así, el líder máximo del grupo, Roberto Luengo, ha sido condenado a tres años de cárcel por asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas, cuando el ministerio público pedía para él cinco años de prisión. El otro fundador del grupo, Francisco José López Perea, lo ha sido a tres años y seis meses de prisión, ya que a él se le incautó en la mesilla de su dormitorio una pistola para la que no tenía licencia. Alberto Luengo, hermano menor del líder, ha recibido una pena de dos años. Para el resto de los condenados, el fallo impone una pena de un año de cárcel.

Un neonazi con placa de policía local

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), gobernado por el PP, anunció ayer que ha enviado a sus equipos jurídicos la sentencia que ordena disolver a los Blood & Honour para decidir el futuro del policia local Jorge Vivar Casal condenado en este mismo fallo a un año de prisión por pertenencia a dicho grupo neonazi. Fuentes del consistorio insistieron ayer en que desde que saltó el escándalo, el agente está destinado a tareas administrativas, aunque recalcaron que la sentencia, “en principio, no lo inhabilita” para seguir ejerciendo como policía en un municipio en el que más de 10.000 de sus 80.000 habitantes son extranjeros.

(Publico.com 5.7.10)

El líder de la organización nazi Blood & Honour, condenado a tres años de cárcel

La Audiencia Provincial de Madrid ha hecho pública hoy la sentencia contra el grupo neonazi de Madrid Blood & Honour. En ella condena a tres años de cárcel a su líder, Roberto L. U., por fomentar la xenofobia, la violencia y el odio contra determinados grupos que consideran inferiores y comprar y vender armas de defensa ilegales para mantenerla. La fiscalía había pedido cinco años de condena, por lo que Esteban Ibarra, presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia (personada en el juicio como acusación particular), la considera "benévola", en unas declaraciones que ha hecho a la Agencia EFE tras conocer la sentencia. Además, han sido condenados otros 14 miembros de la organización, y han sido absueltos otros cuatro, a penas que oscilan entre seis meses y tres años de prisión, por delitos de asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.

La sentencia recoge también la obligación de disolver la organización. Ibarra ha dicho que, a pesar de no ser suficiente, la Audiencia Provincial de Madrid plantea "claramente" el odio y la violencia como motivos par la disolución de una asociación. "Blood and Honour [Sangre y Honor] es una asociación que incita a la discriminación y al odio hacia distintos grupos por razón de su ideología, por motivos racistas y antisemitas. Es una sociedad cerrada con un comportamiento disciplinado y busca la difusión de la doctrina nacionalsocialista entre los jóvenes, algunos de ellos menores de edad". Con esta rotundidad termina el Grupo de Información el atestado que permitió la detención de los 19 principales integrantes de este grupo neonazi.

Después, la fiscalía y la acusación popular elevaron de forma definitiva las peticiones de cinco años de cárcel para los principales miembros del grupo neonazi Blood & Honour (Sangre y Honor) por los delitos de asociación ilícita y de tenencia ilícita de armas durante el juicio. En la exposición de su informe, la fiscal recalcó que el único fin de la asociación es promover "la discriminación contra determinados grupos de personas y luchar para conseguir la Europa Blanca que promovió Adolf Hitler durante el III Reich". "Esta asociación genera peligro porque crea un clima de violencia y hostilidad", reseñó.

Sus fuentes de financiación, según se demostró en el juicio, son los conciertos de música que celebran por toda la geografía nacional, en especial en los alrededores de Madrid; la venta de CD de música de grupos neonazis y el comercio de armas prohibidas, como pulverizadores ilegales de autodefensa, porras eléctricas y navajas de reducidas dimensiones.

Todos menos uno de los 18 acusados de los delitos de asociación ilegal y tenencia ilícita de armas por pertenecer a la organización neonazi Blood and Honour (Sangre y Honor), a los que ha juzgado la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, fueron candidatos en las elecciones generales de 2004 por el partido Movimiento Social Republicano (MSR).

MSR forma, junto a los partidos España 2000 y Frente Nacional, una alianza autodenominada "tripartito patriota", que el pasado 18 de abril encabezó una manifestación en la capital en la que pidieron la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta protesta, que finalizó en la plaza de Colón, fue convocada por el Frente Nacional y acudieron unas 1.500 personas, que corearon numerosos lemas en contra de la inmigración, a cuyo colectivo acusaron de explotar a los españoles. Asimismo, se anunció el compromiso de un programa común, alcanzado para las elecciones municipales de 2011 y las generales de 2012.

(EL PAÍS. 5.7.2010)

Juicio a un brazo político de los neonazis

Como ya sucediera hace justo un año, en el juicio contra la sección española de Hammerskin, otra organización fascista, proceso celebrado también en Madrid, los imputados no reconocen profesar el ideario nazi y se escudan tras aficiones juveniles por la historia, las acampadas o el patriotismo. Esta renuncia pública a las ideas se ha convertido en la estrategia a seguir, conscientes de que la ideología nazi en sí tiene todos los ingredientes para incurrir en varios delitos según el actual Código Penal. En este sentido, la condena a Hammerskin supuso un hito al considerar por primera vez como asociación ilícita a un grupo neonazi.

Otro aviso para los ultras ha sido la condena de 26 años de prisión para Josué Estébanez, el militar neonazi que mató al joven antifascista Carlos Palomino, ratificada el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo. Ante el recurso del abogado de Estébanez, el alto tribunal respondía incluyendo una clara criminalización del nazismo: “La ideología nazi, de la que hizo explícita ostentación el acusado, es una ideología que se caracteriza por el fanatismo irracional, la carencia de todo sentido de humanidad hacia quien se tiene por adversario, y el crimen”.

Intervenidos por SITEL

En el caso de B&H, además del conocido carácter neonazi de esta organización internacional, las pruebas obtenidas tras la operación no dejan lugar a dudas. Durante las sesiones de la vista oral, declararon 13 guardias civiles que describieron alguno de los conciertos a los que asistieron y en los que, por ejemplo, el público coreaba consignas como “seis millones más de judíos a la cámara de gas”. Además, para demostrar la tenencia ilícita de armas, la Fiscalía presentó numerosas grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas mediante el sistema Sitel a varios de los acusados.

Durante el año 2005, la Guardia Civil llevó a cabo en diferentes ciudades del Estado una serie de operaciones contra distintos grupos neonazis a los que venían siguiendo desde hacía un año. En Barcelona y Madrid principalmente, se desarticuló la rama española de los Hammerskin, vinculada a los ultras del Real Madrid y del RCD Espanyol. Posteriormente, en la llamada Operación Espada, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Zaragoza, Jaén y Sevilla, la policía realizó 19 registros y detuvo a 21 integrantes de Blood & Honour, vinculados en su mayoría al partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR). Finalmente, en Valencia fue desarticulado el Frente Antisistema (FAS) con la Operación Panzer, que no respondía a ninguna marca internacional pero que supuso la detención de 27 presuntos activistas neonazis, algunos vinculados al partido España 2000 y otros que preparaban su ingreso en Alianza Nacional, la entonces en ciernes nueva marca del conocido ultra Pedro Pablo Peña.

Un punto en común en estas redes es el abogado ultra Pedro Pablo Peña, quien ha estado varios años en prisión por tenencia de explosivos, que presuntamente iba a usar para atentar contra un autocar de familiares de presos vascos en Madrid junto con otro miembro de su partido. Este abogado, que defendió en Madrid al negacionista Gerd Honsik ante la demanda de extradición de Austria por delitos relacionados con la apología del nazismo, ofreció asesoramiento legal a los miembros de B&H sobre cómo actuar ante una detención, según sostuvieron en el juicio los agentes de la Guardia Civil.

El rastro del tráfico de armas

En los casos del FAS y B&H, la investigación se inició a raíz de las sospechas de que estos grupos almacenaban y vendían armas prohibidas. Y en ambos casos, algunos de los imputados han formado parte de listas electorales de partidos de extrema derecha. De los 18 supuestos miembros de B&H ahora juzgados, 17 aparecen en las listas electorales de 2004 del partido neonazi MSR.

Mientras Hammerskin aglutinaba a un sector de skinheads vinculado a los ultras del fútbol, B&H representaba la cara más estrictamente política. La enemistad entre ambas formaciones neonazis era conocida y provocó más de una pelea entre sus miembros, lo que recuerda a las diferencias entre los SA y SS hitlerianas.

Durante las casi dos semanas que ha durado la vista oral, la Fiscalía no ha sido la única acusación, también estaba presente el Movimiento Contra la Intolerancia. Desde el caso de Bastión (Aitor Zabaleta), pasando por el de Jimmy Ndombele, el de Carlos Palomino, Hammerskin y ahora Blood & Honour, esta ONG se ha personado como acusación popular en estos y otros casos de crímenes de odio y organizaciones neonazis. Su presidente, Esteban Ibarra, al que los ultras han dedicado numerosas campañas de criminalización y desprestigio –lo han intentado atropellar y amenazado de muerte en numerosas ocasiones– asistió a casi todas las sesiones. No sin tensión. En los pasillos, el amplio grupo de los acusados y sus allegados intentaron amedrentar sin disimulo a esta acusación. “Las amenazas contra la asociación no cesan, y todavía sufrimos cierta indolencia institucional por la falta de rigor y de compromiso del Estado”, afirma Ibarra.

Imágenes de manifestación neonazi.

La estrategia de las defensas busca obviar el activismo nazi de los acusados, lo que no va a ser fácil. Por ejemplo, durante el juicio se conocieron unas fotos tomadas por antifascistas alemanes durante una manifestación en Wunsiedel (Alemania), en 2004, en honor al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, donde aparece (a la izquierda) sujetando la pancarta que encabeza un grupo de neonazis españoles, Francisco Javier Bueno Pons, ‘Xavi’, delegado del partido neonazi MSR en Aragón y uno de los acusados en el juicio. Junto a él estaban al menos otros cuatro imputados. A la derecha, Sergio Fernández Pedros (Alcobendas, Madrid) quien, según la acusación, participaba en el tráfico de armas prohibidas y hacía de tesorero de B&H. Detrás, Ángel Manuel Utrero Moreno, ‘Cuqui’ (San Sebastián de los Reyes, Madrid), quien figuraba en el momento de la operación policial como vicepresidente de B&H. También estaba en las listas del MSR en 2004.

(Diagonal Web 12 de junio de 2010)