La reacción de París supone otra señal de que el presidente Nicolas Sarkozy está dispuesto a mantener su campaña policial para repatriar gitanos a Europa oriental, pese a la inquietud que causa en diversos ámbitos. El gobierno francés también indicó que Sarkozy se apresta a impulsar otra idea cuestionada por el comité de la ONU: sacarle la ciudadanía francesa a personas nacidas en el exterior que cometan ciertos delitos.

Discursos políticos

Los 18 expertos del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) pidieron a Francia "evitar en particular las repatriaciones colectivas" de gitanos. Citando motivos de seguridad, Francia anunció a fines de julio una ofensiva para evacuar 300 campamentos gitanos y acelerar la expulsión de miembros de esa comunidad a sus países de origen, Rumania y Bulgaria.

Según datos oficiales, en lo que va del año esas expulsiones ascienden a 8.300, incluidas las de 283 gitanos enviados a Rumania este jueves, y la suma ya supera la de todo el año pasado (7.875). En las últimas semanas, la policía francesa también desmanteló más de un centenar de campamentos gitanos ilegales en el país.

En su comunicado, el CERD manifestó su preocupación porque las expulsiones de gitanos desde Francia se hayan hecho sin el "consentimiento libre" de las personas involucradas. También expresó inquietud por el "aumento de incidentes y violencia de carácter racista contra los gitanos" y por "discursos políticos discriminatorios" en Francia. El comité de la ONU reclamó "soluciones duraderas" para integrar a esa comunidad en el país, con acceso a educación, salud y vivienda.

Escrupulosamente

En respuesta al informe de la ONU, la Cancillería francesa aseguró en un comunicado que el país "respeta escrupulosamente la legislación europea" y sus compromisos internacionales sobre derechos humanos. Pero sostuvo que el derecho a permanecer en Francia que tienen los rumanos y búlgaros como ciudadanos europeos depende de que respeten el orden público y tengan
"recursos suficientes".

El gobierno francés sostiene que sus expulsiones de gitanos son "voluntarias" a cambio de una suma equivalente a unos US$ 380 por adulto y unos US$ 130 por niño.
Sin embargo, los críticos replican que quienes no aceptan esas compensaciones son amenazados con una expulsión forzosa más tarde, sin dinero a cambio.

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, manifestó esta semana su inquietud por las expulsiones de gitanos de Francia y anunció que pidió un análisis para determinar si cumplen con las normas continentales. La política francesa sobre los gitanos también ha sido criticada por Amnistía Internacional y por el Vaticano, así como por miembros de diferentes partidos políticos locales, incluido el de Sarkozy.
No obstante, esta semana una encuesta de la empresa CSA indicó que 48% de los franceses apoyan las medidas del gobierno y otro sondeo de Opinionway señaló que el respaldo alcanza a dos tercios de la población.

¿Ahora la ciudadanía?

En medio de la polémica por los gitanos, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, anunció que Sarkozy avanzará en su idea de retirar la ciudadanía francesa a ciertos criminales nacidos en el exterior. Dijo este viernes que Sarkozy celebrará una reunión ministerial la próxima semana para discutir el tema.

Sarkozy sostuvo hace algunas semanas que los franceses que hayan nacido en el extranjero y sean condenados por poner en riesgo la vida de policías o funcionarios públicos deberían perder su ciudadanía. La idea generó protestas de opositores y defensores de los derechos humanos que advierten sobre el riesgo de asociar criminalidad con inmigración.

En su informe de este viernes, el comité de la ONU contra el racismo expresó su inquietud porque Francia pueda tomar medidas en materia de ciudadanía "con consecuencias discriminatorias basadas en el origen" de las personas

BBC Mundo, París jueves, 19 de agosto de 2010

Francia afirma en Bruselas que la libertad de circulación no puede ser "incondicional"

Bruselas puede iniciar un procedimiento contra París si concluye que ha vulnerado las normas de la UE con la expulsión de gitanos rumanos.- Francia sostiene que ha respetado "escrupulosamente" la ley europea El Pais. 31/08/2010
El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, ha afirmado hoy en Bruselas que la libertad de circulación dentro de la UE no puede ser "incondicional". Las comisarias europeas de Asuntos de Interior y de Justicia, Cecilia Malmström y Viviane Reding, le han recibido junto al secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, para recibir explicaciones sobre la política de su Gobierno de expulsión casi sistemática de los gitanos procedentes de Rumania y de Bulgaria. Estos estados forman parte de la Unión Europea desde 2007 pero que están sometidos en algunos países, como Francia, a una moratoria, extensible hasta 2014, que restringe la entrada al mercado laboral de sus ciudadanos.
"El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario, pero no puede ser incondicional ni un pretexto para la realización de actividades ilícitas, y en particular, el tráfico de seres humanos", ha defendido Besson en rueda de prensa tras su reunión en la Comisión. El titular de Inmigración francés ha insistido en la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario y "los valores de la República" y ha pedido a la Comisión Europea cooperación para luchar contra las mafias de tráfico de personas y en favor de un plan de integración de la comunidad romaní en la UE.
Besson ha insistido también en la "responsabilidad propia de cada estado de la UE para la integración social y económica de sus ciudadanos", y ha dicho explícitamente que la integración de los gitanos es antes de nada un asunto que atañe a Rumania, que debe poner en marcha "un plan de urgencia" a este fin. Sobre este mismo tema había incidido poco antes el portavoz de la Dirección General de Justicia de la Comisión, Matthew Newman, que había señalado sin embargo que "los gitanos tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos europeos y que su integración debe darse en todos sitios, y no solo en su país de origen".
El representante francés ha negado que Francia haya llevado a cabo "expulsiones colectivas", justificando las deportaciones como decisiones judiciales individuales, y ha calificado de "tonterías" las acusaciones de este tipo y de "ridículas" las críticas que consideran racistas estas medidas. Besson ha hecho hincapié en que la ley europea prevé excepciones al derecho a la libre circulación de personas, como la amenaza reiterada al orden público, ser una carga desproporcionada
para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.

Francia busca un "diálogo constructivo" con Bruselas

La visita de hoy se inscribe en la voluntad del Ejecutivo francés de tranquilizar a Bruselas, que durante el verano ha manifestado su "preocupación" por las condiciones en las que se producían estas expulsiones. El primer ministro, François Fillon, acordó esta reunión en una entrevista con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. Reding, como encargada de Justicia y Derechos Fundamentales, presentará mañana al Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) un "análisis jurídico" de las medidas francesas en contra de los gitanos, aunque no se harán públicas, según ha anunciado su portavoz, Newman.
En la reunión de hoy, el ministro de Interior ha manifestado a las comisarias Reding y Malsmtrom su intención de entrar en un "diálogo constructivo con la Unión Europea". París les ha enviado un dossier con toda la información sobre las deportaciones para que estudien si ha existido alguna incongruencia con la directiva de libre circulación de 2004.
Francia ha expulsado ya a casi 1.000 gitanos a Rumania y Bulgaria, la gran mayoría de los cuales se ha acogido a la ayuda voluntaria al regreso de 300 euros por persona, desde que a finales de julio el Gobierno anunciara su intención de aumentar la presión sobre los campamentos ilegales de gitanos y la expulsión "casi inmediata" de los que se encontraran en el territorio de forma ilegal. Esta medida se aplica principalmente a los cerca de 15.000 de origen rumano y búlgaro, que son los que se encuentran en los pueblos chabolistas.

Nuevas voces críticas

Francia ha reiterado en numerosas ocasiones la legalidad de estas medidas, pero las asociaciones se preocupan por su carácter masivo. El Gobierno asegura, sin embargo, que cada repatriación ha sido decidida de forma individual. "Está claro que quien quiebre la ley tiene que someterse a las consecuencias", aseguraba Reding en un comunicado de prensa publicado la semana pasada. "Está igual de claro que nadie debería ser expulsado por el hecho de ser gitano", añadía.
En cualquier caso, la visita a Bruselas de hoy se produce al día siguiente de que el mismo Besson anunciara su intención de incluir la "mendicidad agresiva" y el "robo reiterado" entre los criterios para proceder a una expulsión. Un anuncio que ha hecho salir a luz nuevas voces críticas
en el seno del Gobierno. Si ayer fue el ministro de Exteriores, el ex socialista Bernard Kouchner, quien reconoció haber pensado en dimitir a raíz de la "polémica" creada por la política del Gobierno, hoy ha sido Fadela Amara, secretaria de Estado para la Ciudad. Amara, ella misma de origen extranjero, ha criticado en la radio RTL la asimilación realizada por el Gobierno entre delincuencia e inmigración.
Mientras tanto en París, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, trata de apaciguar otro frente que se ha mostrado especialmente crítico con estas medidas, el de la Iglesia, al recibir hoy al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, el cardenal André Vingt-Trois.

El Consejo de Europa denuncia el racismo político contra los gitanos

Un informe critica en el Día Internacional del Pueblo 'Roma' que se les utilice como "chivo expiatorio" de la crisis. El País 07/04/2010
Fueron perseguidos por el fascismo, masacrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras de los Balcanes y, ahora, los gitanos vuelven a ser el objetivo de la demagogia política y cabezas de turco de los males de la crisis. Es la conclusión del informe presentado por el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa (CE) en el día internacional del pueblo roma (gitano), que se celebra el 8 de abril.
"Los gitanos siguen enfrentándose a prejuicios profundamente asentados en muchos países europeos, donde son utilizados como chivos expiatorios por los extremistas capitalizando la incertidumbre económica de la crisis financiera y los miedos de que estén involucrados en la delincuencia", señala el responsable del informe, Josef Berényi, para quien la discriminación a la que siguen siendo sometidos los, aproximadamente, 10 millones de gitanos que viven en Europa (en Reino Unido, España, Francia, Portugal, Italia, Rumania, Bulgaria o República Checa) es muestra de "una creciente tendencia anti gitana de la peor clase".
Los ejemplos citados en el documento hablan por sí solos, como los episodios en los que los gitanos han sido víctimas de la violencia, muchas veces motivada por el discurso racista de grupos extremistas, algo que, según Berényi, "va en aumento en Europa". "Los eslóganes contra los gitanos han formado parte de campañas electorales, especialmente a nivel local", denunciaba en 2009 un informe de la Comisión del CE contra el Racismo y la Intolerancia.

Italia es un peligroso ejemplo. En mayo de 2008 varios campamentos gitanos en Nápoles, donde impera la Camorra, fueron reducidos a cenizas después de que una turba de hombres y mujeres lanzasen cócteles molotov y piedras contra las viviendas de los nómadas. El suceso se saldó con una férrea acción policial contra los asentamientos. Pero el informe también denuncia hechos sangrantes como la construcción de un muro para separar a la comunidad roma del resto de la población en algunas localidades, como Beja (Portugal) o Brasov (Rumania).

Escuelas segregadas

La discriminación que enfrentan los gitanos europeos se refleja, según el informe, en cuatro ámbitos fundamentales: educación, vivienda, trabajo y sanidad. En países como la República Checa la segregación en la escuela primaria no está fuera de la normalidad. Allí, "los alumnos gitanos son habitualmente asignados a escuelas especiales diseñadas para niños y alumnos de 3 a 19 años con discapacidad", cita el documento, que menciona también la oposición que presentan los padres en España contra la inclusión de niños gitanos en las escuelas.

La baja escolarización es el principal problema. Según un estudio de 2008, citado por AFP, el 19% de los gitanos entre 18 y 29 años en Rumania (con un 10% de población de esta etnia) nunca han ido a la escuela. El dato para el resto de los ciudadanos se reduce hasta un 1,8%. Y no acceder a una educación reglada implica una baja cualificación y dificultades para la integración en el mercado laboral. De ahí que la imagen que persiste de los gitanos esté relacionada con la delincuencia: si no trabajan, roban. El informe cita, no obstante, casos como el de una mujer gitana a quien la Oficina de Derechos Humanos en Lituania dio la razón después de que denunciase que, durante una entrevista de trabajo, fue rechazada por su marcado acento.

La escasa representación institucional y el fracaso de los planes de integración son los responsables de una situación que, para el Consejo de Europa resulta "deplorable, cuando no escandalosa". Las propuestas del informe pasan por fijar cuotas para gitanos en los órganos de representación, especialmente en los ayuntamientos, y recoger datos estadísticos basados en la etnia de la población, algo a lo que muchos estados aún se niegan.