"El 99,99% del tiempo que permanecimos en la Plaza del Carmen, el grito unánime de todos nosotros fue: '2 de enero nada que celebrar' y 'los genocidios no se celebran'. No hubo ningún insulto a ninguna autoridad, no hubo insultos al ejército y prueba de ello es el hecho de que el representante del mismo se acercó hasta el lugar donde estábamos, se cuadró y públicamente nos dio las gracias por nuestro comportamiento con respecto a las Fuerzas Armadas".

Con estas palabras, el portavoz de la asamblea de los 17 antifascistas multados por la Subdelegación durante la celebración del Día de la Toma, Francisco Campos, negó ayer que los participantes en la protesta lanzasen insultos o provocaran con su presencia y manifestaciones, reacciones en los grupos de ideología contrarios que se encontraban en la misma plaza, tal y como alega la Subdelegación en las notificaciones que les han enviado.

Según explicó, agentes de la Policía les tomaron los nombres y apellidos -antes de que comenzara el acto- a algunas de las personas que se disponían a participar en la protesta. Además, a uno de los antifascistas "le fue literalmente quitada por la Policía Nacional, sin más justificación formal ni de ningún tipo, una pancarta en la que rezaba 'No al racismo, no al fascismo, no a la Toma'". Sin embargo, explicó que "grupos neofascistas portaban una pancarta con el lema 'Por una nueva reconquista'.

Así, a su juicio, los antifascistas multados sufren una "campaña de persecución política", de "acoso" y de "criminalizacion" como consecuencia de su oposición a la celebración esta fiesta cuando, por contra, "deberían ser premiados por defender los valores democráticos y mostrar su oposición a esta fiesta ejerciendo, además, "de forma pacífica el derecho a la libertad de expresión".

"Se nos acusa de una serie de insultos que no hemos realizado. Y además sucede el hecho tragicómico de que han multado a compañeros que ese mismo día estaban a centenares de kilómetros del lugar donde se supone que cometieron ese supuesto delito", explicó el responsable.

Por su parte, Pedro Honrubia, que leyó un manifiesto para protestar por las sanciones, explicó que los abogados estudian recurrir las multas, que ascienden a 300 euros, si bien también se plantean poner una denuncia por vía judicial. Además de las sanciones económicas, la asamblea asegura que la Subdelegación les ha abierto un expediente a los 17 antifascistas que, al parecer, puede quedar archivado o suponer el inicio de un procedimiento judicial.

Sancionados por manifestarse contra la Toma acusan a Subdelegación de "represión" y "persecución política"


GRANADA. Diario Granada hoy. 4.02.2011


Las 17 personas que han sido sancionadas por la Subdelegación del Gobierno de Granada por manifestarse el pasado 2 de enero contra la celebración de la Toma de Granada en la Plaza del Carmen han acusado este jueves al subdelegado, Antonio Cruz, de imponerles multas como parte de un "proceso de represión y persecución política" dirigida "contra el movimiento de protesta que pide el fin de una celebración xenófoba y militarista".

En rueda de prensa, los sancionados, que se han constituido en asamblea, han leído un manifiesto en el que han considerado "incomprensible" que la polémica en torno a la Toma "avivada" en las dos últimas ediciones "se presente en algunos medios como una disputa entre ultras de distinto signo, ignorando las razones y argumentos que aquí entran en disputa".

Creen que las multas "violan" sus "derechos elementales", en concreto el derecho a la libertad de expresión, porque la sanción se deriva, según consta en las notificaciones, por participar en los actos de protesta contra la celebración "provocando con su comportamiento reacciones en los grupos contrarios de ideología que se encontraban en la misma plaza".

"Esos grupos contrarios de ideología a los que alude la denuncia eran, ni más ni menos, que grupos neo-nazis y neo-fascistas, que como todos los años acudieron a la Plaza del Carmen a gritar sus consignas racistas y xenófobas, y que este año incluso portaban una pancarta en la que rezaba 'Por una nueva reconquista'", han censurado.

Promoción del "odio racista y xenófobo"

"Todos estos años, en los que cualquiera que se haya acercado a la Plaza del Carmen el 2 de enero habrá tenido constancia de que en lo que allí acontecía había, cuando menos, indicios de que se estuviera promoviendo el odio racista y xenófobo, no se ha tomado ninguna medida legal ni política para impedirlos. Tales actos están tipificados como delito en el Código Penal, concretamente en el artículo 150. ¿Dónde queda la responsabilidad del subdelegado del Gobierno y del Fiscal Superior de Andalucía?", se han preguntado.

Además, mantienen que ha habido asistentes a la protesta que han sido multados sin ni siquiera haber sido identificados en el acto, lo cual "podría hacer pensar en la existencia de una lista negra de granadinos por su tendencia política o ideológica que estaría en manos de las instancias cuyo cometido es establecer estas sanciones".

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el día 2 de enero fueron sancionados administrativamente un total de 24 personas, las 17 que hoy han criticado estas multas y otras siete de ideología ultraderechista, todas por distintos motivos, desde alteración del orden público hasta exhibición de banderas preconstitucionales, pasando por manifestación ilícita.

Europa Press

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LOS 17 REPRESALIADOS EN GRANADA EL PASADO 2 DE ENERO

El pasado 2 de enero un grupo de granadinos y vecinos de otros puntos de Andalucía nos dimos cita en la Plaza del Carmen para manifestar nuestra disconformidad con la celebración de la conquista de Granada como festividad local. Desde muy diversas opciones políticas, todos rechazamos esta celebración por su carácter racista, franquista, militarista, españolista y por suponer la celebración de un genocidio. Todo ello enmarcado en el ejercicio legítimo de nuestro derecho a expresarnos libremente. Semanas después nos enteramos, a través de la prensa, que 17 de los asistentes iban a ser multados por hacer uso de su libertad para discrepar. En estos días hemos ido recibiendo las notificaciones de dichas multas emitidas desde la subdelegación de Gobierno en nuestros domicilios. Ante esta situación queremos manifestar:

Que, al margen de lo que ocurra con estas sanciones administrativas, en cuyo recurso ya estamos trabajando, nos resulta incomprensible que la polémica en torno a la Toma, avivada en las dos últimas ediciones, se presente en algunos medios como una disputa entre “ultras” de distinto signo, ignorando las razones y argumentos que aquí entran en disputa. Parece que lo único por lo que habrían de preocuparse los granadinos era poder volver a tener una Toma “sin incidentes”, entendiendo por “incidentes” el cruce de consignas pro y anti-Toma y algún que otro insulto de uno a otro lado de la plaza, que, sin duda, afea la ceremonia institucional. Pero no ha habido tanto alboroto mediático cuando durante todos estos años los grupos neo-fascistas y neo-nazis gritaban sus consignas y exhibían sin pudor su simbología racista y xenófoba a las puertas del Ayuntamiento de esta ciudad.

Que lo ocurrido con las multas viola nuestros derechos elementales, en concreto el derecho a la libertad de expresión. Como manifiestan las notificaciones expedidas por la subdelegación de gobierno, hemos sido multados por participar en los actos de protesta contra la celebración “provocando con su comportamiento reacciones en los grupos contrarios de ideología que se encontraban en la misma plaza”. Esos “grupos contrarios de ideología” a los que alude la denuncia eran, ni más ni menos, que grupos neo-nazis y neo-fascistas, que como todos los años acudieron a la Plaza del Carmen a gritar sus consignas racistas y xenófobas (este año incluso portaban una pancarta en la que rezaba “POR UNA NUEVA RECONQUISTA”).

Que todos estos años, en los que cualquiera que se haya acercado a la Plaza del Carmen el 2 de enero habrá tenido constancia de que en lo que allí acontecía había, cuando menos, indicios de que se estuviera promoviendo el odio racista y xenófobo, no se ha tomado ninguna medida legal ni política para impedirlos. Tales actos están tipificados como delito en el Código Penal, concretamente en el “Artículo 150”. ¿Dónde queda la responsabilidad del Subdelegado del Gobierno y del Fiscal Superior de Andalucía?

Que la respuesta del Subdelegado del Gobierno en Granada ante las protestas legítimas de un grupo de granadinos contra una fiesta que fue instaurada por el franquismo, evidencia que los procedimientos abiertos contra los 17 compañeros antifascistas son parte de un proceso de represión y persecución política dirigida, en particular, contra el movimiento político de protesta que pide el fin de una celebración xenófoba y militarista que se realiza en nombre de todos los granadinos y en general, contra toda la disidencia política que en la ciudad lucha por la justicia social. Una prueba más de ello es que el pasado 2 de enero, a un compañero le fue literalmente “quitada” por la Policía Nacional, sin más justificación formal ni de ningún tipo, una pancarta en la que rezaba: “NO AL RACISMO, NO AL FASCISMO, NO A LA TOMA”.

Que hemos sido informados en primera instancia por la prensa de que 17 de los asistentes a la protesta serían multados. Antes incluso de que llegara notificación alguna de la subdelegación de gobierno a nuestros domicilios, generando una situación de indefensión y amedentrando a todos los opositores a esta celebración.

Que ha habido asistentes a la protesta que han sido multados sin ni siquiera haber sido identificados en el acto. Lo cual podría hacer pensar en la existencia de una “lista negra” de granadinos por su tendencia política o ideológica que estaría en manos de las instancias cuyo cometido es establecer estas sanciones.

Que el proceder represivo de la Subdelegación del Gobierno no es un hecho aislado en Granada. Durante los últimos meses observamos como todo aquel que se opone a los planes del régimen, ya sean los afectados por el Trasvase del Río Castril, los vecinos de la Casa del Aire o los disidentes del 2 de enero, son sometidos a multas injustificadas e injustificables.

Los antifascistas multados por oponerse a la Toma denuncian la represión política a la que son sometidos

Los antifascistas represaliados por la subdelegación provincial del Gobierno español se unen en Asamblea para defender sus derechos y plantear un calendario de luchas y movilizaciones.

Ayer jueves, a las 11:00, los 17 antifascistas multados por las autoridades españolas por el simple hecho de manifestarse pacífica y democráticamente el pasado 2 de enero contra la celebración de la Toma, ofrecieron una rueda de prensa, en la cual anunciaron su constitución como plataforma asambleraria en defensa de sus derechos civiles y democráticos.

Paco Campos y Pedro Honrubia (miembro del Colectivo Kaosenlared) fueron los encargados de llevar a cabo la presentación de la plataforma, en representación del global de los represaliados/as. Tras ellos se situaron además varios de los afectados y afectadas por esta nueva campaña represiva del estado español contra la juventud rebelde que se organiza y lucha en Andalucía.

Durante el acto, los ponentes llevaron a cabo la lectura del comunicado de denuncia pública lanzado previamente a los medios de comunicación, así como la exposición de los principales argumentos que han llevado a este grupo de antifascistas a tomar esta decisión de constituirse como plataforma de lucha:

En primer lugar, denunciaron el ataque contra los derechos elementales de libertad de expresión y reunión al que están siendo sometidos. La represión que las instituciones españolas pretenden llevar a cabo con este grupo de ciudadanos y ciudadanas es, según dijeron, únicamente por motivaciones políticas, con el único objetivo de acallar su oposición a la celebración de la "Toma".

Los antifascistas, en esta misma línea, quisieron dejar claro que los reprimen por manifestarse contra una celebración que atenta contra todo valor democrático, ensalzando valores militaristas, racistas, xenófobos y de exaltación de un genocidio, que son propios de cualquier régimen dictatorial al uso. En cualquier país democrático, puntualizaron, los que se oponen a este tipo de celebraciones son demócratas aplaudidos por la sociedad, en el estado español se los quiere silenciar, se los multa y se los persigue.

Igualmente, insistieron en recordar a los periodistas presentes que durante años la plaza del Carmen ha estado repleta de neonazis y fascistas, que lanzaban sus proclamas racistas y xenófobas sin ningún tipo de miramientos ni el más mínimo respeto por la propia legalidad española establecida, donde tales hechos están tipificados como delitos en el artículo 150 del Código Penal. Pese a ello, ni policía, ni autoridades públicas actuaron en ningún momento contra ellos. Sólo cuando los que se oponen a la celebración de esta "fiesta" se han organizado, y se han hecho nuevamente presentes en la plaza de manera masiva, se ha actuado judicialmente, haciéndose además de manera absolutamente desproporcional y parcializada, únicamente a objeto de acabar con el movimiento opositor, no por evitar incidentes o enfrentamientos, tal cual es la excusa esgrimida desde el gobierno español.

Asimismo, los antifascistas recordaron que en décadas pasadas manifestantes antitoma fueron golpeados, perseguidos, y sufrieron todo tipo de agresiones por manifestar su oposición a este celebración, sin que jamás se hiciese nada para evitarlo por parte de la policía, las autoridades o los tribunales españoles. En consecuencia, los manifestantes antitoma dejaron de asistir a estos actos por miedo a las agresiones, mientras los fascistas se apoderaban de la plaza año a año. Cuando los opositores se han vuelto a organizar y han acudido de nuevo a la Plaza del Carmen en un número considerable de personas, entre otras cosas para evitar ser agredidos por los fascistas, en las multas que han recibido se les acusa de "provocadores", de "provocar con sus gritos a los grupos de ideología contraria allí presentes", como si fuesen ellos los responsables de cualquier tipo de incidente violento que se pudiese generar, y no los grupos fascistas presentes, o las propias autoridades que año tras año se empeñan en celebrar unos actos que dividen a la sociedad granadina y cuentan con una cada vez mayor repulsa por parte de la misma.

Además, en respuesta a las declaraciones realizadas por el alcalde de la ciudad el propio 2 de enero, los antifascistas han querido subrayar que la "fiesta" de la Toma no es una fiesta de arraigo popular. Es una fiesta reinstaurada por el franquismo, y que actualmente no es seguida ni por el 1% de la población granadina. El propio alcalde cifró en 2000 los asistentes a estos actos, en una ciudad con más de 200.000 habitantes censados. Invitaron al alcalde a que compare el seguimiento de los actos conmemorativos de este día con el que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad hacen de otras tradiciones populares como pueden ser la fiesta del Corpus, la Semana santa, las cruces de Mayo, etc., que sí son verdaderas fiestas populares, seguidas por miles y miles de granadinos. Esas tradiciones, apuntan, son del pueblo, la fiesta de la Toma es únicamente para mayor gloria del españolismo nacional-católico y de los ciudadanos/as más reaccionarios de la urbe nazarí.

Finalmente, los ponentes advirtieron que lucharán hasta el final por ver resarcidos sus derechos civiles y democráticos, así como por acabar con la celebración de esta aberración moral y política que llaman fiesta. El año que viene, aseguran, volverán a estar presentes en la plaza del Carmen para mostrar su disconformidad con la celebración de estos actos. "Ni con multas ni con represión podrán evitar que sigamos defendiendo que en una sociedad democrática, LOS GENOCIDIOS NO SE CELEBRAN", han concluido.

Kaos. Andalucía