Los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España vuelven a estar en el punto de mira. La Red Euroafricana de asociaciones pro derechos humanos, Migreurop, ha recogido en un informe las nefastas condiciones en las que viven los inmigrantes en cuatro de los CIE más polémicos: Málaga, Barcelona, Madrid y Algeciras. La principal conclusión de los representantes de las distintas organizaciones sociales que han visitado estos centros de retención de personas es que "la impronta carcelaria es más que notoria".

Las deficiencias abarcan desde el ámbito de la seguridad falta de extintores o carencia de iluminación a la ausencia de intérpretes y problemas con la asistencia letrada, pasando por la inexistencia de servicio médico durante varios días a la semana. Y los problemas no son específicos de un solo centro, sino que llegan a hacerse habituales en varios CIE. Migreurop volvió a exigir ayer el cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros, y considera que su sola existencia es un ejemplo del fracaso de las políticas migratorias que en los últimos años se han realizado en España. A preguntas de este diario, fuentes del Ministerio de Interior prefirieron ayer no hacer comentarios sobre el informe.

Según el documento, la instalación que presenta más deficiencias es el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos de Málaga. Desde que entrara en funcionamiento en 1990, las denuncias sobre irregularidades se han sucedido durante años. Huelgas de hambre, escándalos sexuales con mujeres inmigrantes como víctimas, sedaciones masivas de personas antes de ser deportadas o fugas conforman el penoso historial del CIE instalado en un antiguo cuartel militar cerca del centro histórico de Málaga.

Entre los representantes que acudieron a visitar el centro el pasado mes de junio para realizar el informe se encontraba Pedro González, de Ingeniería sin Fronteras. Ayer, al describir el estado en el que se encuentra este edificio, fue tajante: "Es inviable económicamente seguir parcheándolo, hay que cerrarlo de inmediato. El edificio está para echarlo abajo". Esta afirmación coincide con las noticias aparecidas esta misma semana que indicaban que parte del CIE había sido precintado al detectarse riesgo de derrumbe.

Los 44 inmigrantes que pueden llegar a albergar este centro de internamiento tienen que alojarse en "módulos con un espacio bastante reducido": 16 metros cuadrados para cuatro internos y no más de 45 metros cuadrados para ocho personas.

El informe denuncia además que en el interior del CIE la luz es deficiente hasta tal punto que en algunos pasillos "los policías reconocen que tienen que ir por la noche con linternas". Además, debido al estado del edificio, no es posible instalar sistemas de refrigeración o calefacción, por lo que a la humedad que persiste en su interior se le une en verano el fuerte calor. En invierno, los internos únicamente disponen de sábanas y una manta para combatir el frío.

Además la red Migreurop alerta de la inexistencia de extintores, o de que estos, cuando los hay, no tienen los sellos de haber pasado las pertinentes revisiones obligatorias. También llaman la atención sobre la inexistencia de servicio médico durante los fines de semana, aunque precisan que desde la dirección del centro se explicó en su momento que el CIE tiene asignado un centro de salud y un hospital del Servicio Andaluz de Salud para atender a los enfermos. Además alertan sobre la existencia de una abertura en el aljibe del edificio, por lo que sospechan que no cuenta con un plan de prevención contra la legionela.

En Algeciras (Cádiz) la situación es similar. El CIE está ubicado en la antigua cárcel de la localidad, que en su momento fue desalojada por su mal estado, a lo que se une su "lamentable estado de conservación", como precisó el Defensor del Pueblo cuando en 2007 pidió su cierre. "Todas las personas son desnudadas íntegramente por seguridad", práctica que tilda Migreurop como "desmesurada, injustificable y que atenta contra el derecho a la intimidad e integridad de las personas internas". No obstante, precisan que la Secretaría de Estado de Seguridad las autoriza.

Sin clasificar

El informe también recoge que los internos no están clasificados según su origen penal o administrativo. Es por ello que desde las ONG que visitaron este centro se "cree urgente y necesaria la existencia de una plena identificación y separación de las personas". También ponen en cuestión la asistencia letrada que se presta a los inmigrantes y señalan como "imperiosa necesidad", el hecho de que el Colegio de Abogados de Cádiz cuente con un turno específico de extranjería en consonancia con "la realidad transfronteriza de la zona". En Algeciras, al igual que ocurre con el Centro de Zona Franca en Barcelona, no hay un protocolo de salidas de los internos. Las personas, según el informe, son conducidas fuera de las instalaciones sin tan siquiera un contacto de personas o entidades que puedan prestarles asistencia.

El más moderno de los cuatro centros incluidos en este análisis es el de la Ciudad Condal. Inaugurado en 2006 tiene capacidad para 226 personas y, pese a su reciente construcción mantiene "características penitenciarias" como los de Málaga y Algeciras.

De cada tres personas que son retenidas en este CIE, dos son expulsadas del país. Los internos, siempre según el informe, pasan entre 30 y 40 días de estancia, un plazo inferior al recogido en la Ley de Extranjería. Por la magnitud del centro el año pasado registró el ingreso de 1.700 personas desde Migreurop califica de "insuficientes" los cinco policías (siete u ocho en horas punta) que vigilan el centro. Además, estos agentes, según explicó el propio director a los miembros de la ONG que realizaron la visita, no cuentan con formación específica para la labor que desempeñan.

En el CIE de Aluche en Madrid Migreurop denuncia cuestiones ya referidas en los otros tres, aunque añaden otras como automutilaciones de los propios inmigrantes y la mala calidad de la comida.