El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado al Estado español por la detención "arbitraria" y posterior internamiento en un CIE de Adnam el Hadj, un inmigrante de origen marroquí que fue finalmente expulsado tras denunciar los malos tratos y vejaciones sufridos durante su estancia en el centro madrileño de Aluche.

En un dictamen emitido a través de el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Naciones Unidas estima que en la detención hubo "ausencia de orden de arresto y falta de acceso a recursos judiciales expeditos para poner fin a su privación de libertad y a los abusos que se cometieron en su contra". Además, resalta que "no dispuso de recurso judicial ni administrativo para impugnar su detención" y que la privación de libertad de El Hadj fue motivada "por discriminación por su origen nacional, étnico y social, deconociéndose la igualdad esencial de todas las personas en el reconocimiento y goce de sus derechos humanos" (ver documento)

"Aunque no es una sentencia y no es vinculante en el plano jurídico, el dictamen es importante porque el caso se puede extrapolar a los de el resto de personas que son ingresadas a diario en los centros de internamiento para extranjeros", explica a Público Cristina de la Serna, miembro de la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), encargada de llevar el caso ante las Naciones Unidas.

Según expone el mismo documento, Adnam el Hadj fue arrestado por la Policía Nacinoal en Madrid y llevado al Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche donde el 8 de mayo fue objeto de "vejaciones, malos tratos y torturas con insultos de un alto contenido racista". Los denunciantes, basados en el testimonio de varios testigos, aseguran que los agentes le espetaron: "Vienes a España a comer gratis. Que te den comida en tu país, moro de mierda".

Además, el dictamen también se hace eco del parte médico que emitió el servicio sanitario del centro con "múltiples contusiones y golpes por agresión policial nocturna" y la orden de traslado al Hospital Universitario, que no se cumplió. "No fue llevado al hospital. Tampoco se ordenó un reconocimiento médico forense ni se tomaron fotografías de las lesiones sufridas. No se le proporcionó la asistencia médica y hospitalaria a que tenía derecho", se señala.

"Vete a comer a tu país, moro de mierda", le espetaron los agentes

El Hadj fue expulsado de España ese mismo día tras denunciar los hechos, en lugar de en los días siguientes como estaba previsto, por lo que la denuncia queda inmediatamente archivada.

"Esperamos que sirva para que Interior se dé cuenta de que tiene un problema muy serio en todos los CIES. Al menos pedimos que dejen que se queden en el territorio para que los casos no sean archivados", afirma Salva Lacruz, miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de la campaña 'CIE NO'.

La ONU recomienda al Gobierno reparar el mal causado

El dictamen de la ONU no supone una obligación para España. De hecho, el texto sólo emite en sus decisiones finales una recomendación para que el Gobierno conceda al afectado "una reparación proporcionada al mal causado", pero no tiene carácter de sentencia. No obstante, De la Serna subraya que sí es vinculante en el plano diplomático y que las decisiones del Consejo están basadas en tratados internacionales que España ha ratificado.

"El Estado español debería darse por aludido y comprender que la única forma de respetar los tratados internacionales es aboliendo y cerrando para siempre los CIES", sentencia.

Publico.es 26.10.2012