EL PAÍS.- 13 junio. La plataforma CIEs No, integrada por 25 colectivos sociales, ha presentado el informe ¿Cuál es el delito? con motivo de la jornada contra el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros que celebrará el próximo 15 de junio. El estudio, cuyo contenido se adelantó el pasado mes de marzo, presenta datos obtenidos a través de sus entrevistas con los internos en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores en Valencia, en el que denuncian, “insultos”, “vejaciones” y “malos tratos físicos” a los inmigrantes. El catedrático de derecho Javier de Lucas, participante en el informe, ha sido rotundo en su opinión sobre el cierre de estos centros: “Los CIE habría que quemarlos”.

En España existen siete centros de internamiento de inmigrantes, definidos en la ley como espacios no penitenciarios. En ellos se retiene, durante un periodo máximo de 60 días, a personas extranjeras que estén sometidas a expediente de expulsión. La plataforma pretende clausurar el CIE de Zapadores que, según explica, tiene capacidad para 156 internos. Creados por la Ley de Extranjería de 1985, tienen un funcionamiento a medio camino entre un centro de acogida y una prisión.

“No puede calificarse como prisión y sin embargo se priva de libertad básica ambulatoria a personas que en su gran mayoría no han cometido ningún delito. Pero no por orden de un juez, sino por una decisión que puede ser meramente policial”, ha dicho De Lucas. “La función real de estos centros es asociar inmigrantes con delincuencia”.

Hasta 332 personas fueron asistidas en 2012 por el grupo de acompañamiento de la plataforma. Para la realización del estudio se han tenido en cuenta los testimonios de 146 personas. El estudio detalla las condiciones de la detención de los encuestados. El 17% de ellos declararon haber sido detenidos transitando por la calle, el 11% en una comisaría o institución pública cuando fueron a hacer algún trámite y el 10% en la frontera. El 40% de los encuestados no lo especificó. Para el 50% de los encuestados se decretó la expulsión.

El informe explica que las situaciones más habituales en las que los internos han requerido la asistencia de CIE No, están relacionadas con el “ejercicio deficiente del derecho a ser asistido por un intérprete, la falta de información sobre el derecho a acceder al procedimiento de asilo, el restringido acceso al derecho de visitas” y “la atención a los grupos vulnerables” como embarazadas o personas con discapacidad.

A través de las visitas del colectivo y las entrevistas a los internos, la plataforma asegura que “el centro de internamiento presenta preocupantes deficiencias que provocan el hacinamiento en celdas carcelarias, la falta de acceso al baño durante la noche, el cierre manual de las celdas” o la “deficiente iluminación y ventilación”.

El trabajo alude a denuncias de años anteriores como “la acusación en 2012 de una mujer contra un policía por haber abusado sexualmente de ella en el calabozo de la comisaría de Orihuela donde paso la noche antes de ingresar en el CIE y palizas colectivas de finales de 2012 y octubre de 2011 en Zapadores”. El estudio cuenta que algunos internos han descrito “castigos colectivos” en diversas ocasiones desde 2010 y que 26 internos “manifestaron” “haber sufrido violencia por parte de algunos policías”.

De los 26 casos de supuesta violencia policial que la plataforma detectó en 2012, ocho de ellos acabaron en denuncias por malos tratos que fueron archivadas.

El catedrático Javier de Lucas solo contempla el cierre inmediato de los centros: “Reformar el reglamento es convalidar la existencia inaceptable de estos centros. CIEs No”.