EL PAÍS.- 28 junio. “No hay justificación legal alguna para limitar el derecho de visitas de las ONG a los internos, tal como en la actualidad sucede en el CIE de Barcelona, en el cual no se permite un acceso fluido de dichas ONG para tener entrevistas con los internos. Más bien al contrario, se restringe en demasía tal derecho”. Con esta afirmación taxativa, los magistrados de los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona, que se encargan del control en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), reconocen el derecho de las organizaciones no gubernamentales a acudir al centro de Barcelona. Hasta ahora, lo hacían con una práctica aceptada, haciéndose pasar por familiares o amigos, aunque no escondían su condición de voluntarios. El auto judicial también da mayores facilidades a los abogados que asisten a los extranjeros.
El auto de los magistrados, que se hizo público ayer, reconoce el derecho de las entidades a visitar a los internos sin necesidad de que ellos hayan pedido expresamente verles. Y remarca que pueden hacerlo “todos los días del año en un horario que sea suficientemente amplio”. Por eso fija seis horas diarias, tres por la mañana, y tres por la tarde. Y añade que podrán solicitar visitas “individualmente o en grupo de hasta un máximo de 10 internos”. Tampoco se podrán “establecer limitaciones en razón al número de visitas ya efectuadas, a la abundancia de las mismas y criterios semejantes”.
Solo en “casos excepcionales” y por motivos de “orden público”, el director del centro podrá informar al juez para que este, si lo considera necesario, limite las visitas de forma “puntual”. Además, las ONG deberán disponer de un lugar en el centro para instalar un buzón de sugerencias para que los internos hagan uso.
La situación supone un salto cualitativo para las ONG. Hasta ahora las entidades vivían en la alegalidad. Los voluntarios que asisten a los internos en situación irregular en España solo podían entrar en los locutorios que tiene el centro, con una especie de banco, atornillado al suelo, y hablar por teléfono con los inmigrantes. Pero tenían que acudir en el turno de familiares y amigos, y solo durante dos horas al día. Con el nuevo escenario que, podrán visitarles más tiempo. Pero no tendrán libre acceso a las instalaciones. En otros CIE, como los de Madrid o Valencia, ya existe un régimen abierto para las ONG.
Los jueces aluden también al papel de los abogados. La dirección del CIE, argumentan, “deniega sistemáticamente” las entrevistas de letrados que no han sido designados, por escrito, por el cliente. El sistema, remachan, “ha de ser cambiado” teniendo en cuenta que los internos son extranjeros que, en muchos casos, llegan de otras comunidades autónomas. Para garantizar el derecho de defensa, hay que dar un tratamiento “más amplio y tolerante” a esos casos. Por ello, bastará con que el interno acepte la entrevista con el letrado para que se considere que lo ha nombrado.
Los abogados “suelen pertenecer a ONG” dedicadas a “proteger los derechos de los extranjeros”, sigue el escrito, que recuerda su “labor altruista”. Los letrados tendrán “derecho a visita durante al menos ocho horas al día repartidas entre la mañana y la tarde”.
La decisión acaba, en parte, con el aislamiento de los internos, sometidos a un régimen penitenciario oscuro. El año pasado, la muerte de un joven de Guinea-Konakry puso de relieve la falta de recursos médicos en el CIE de la Zona Franca.
Las ONG aplauden la mejora, aunque aseguran que es solo el principio. “No es la panacera, pero es un primer paso. Ahora vamos a tener la oportunidad de hacer un acompañamiento y unas visitas con mucha más calidad”, explica el abogado José Javier Ordóñez, de la Fundació Migra Studium, que denunció el caso junto a SOS Racisme. Ordóñez explica que hasta ahora los voluntarios de la ONG se “solapaban” con familiares y amigos. “El acuerdo de los magistrados reconoce nuestro estatuto de entidad”, añade.
Lucía Montobbio, voluntaria de la entidad, destaca el problema del horario previsto hasta ahora: de 10 a 12. “Muchos de nosotros trabajamos”, explica. “La situación ideal sería romper todos los estándares que hay ahora, en el sentido de que hubiese un acceso fácil al centro, para las ONG, pero también para la sociedad civil y los medios de comunicación. Que haya transparencia, que esté claro lo que hay”, pide una portavoz de SOS Racisme.
El acuerdo de los jueves, que solo afecta al CIE de Barcelona, mejora esa situación, pero sigue manteniendo estos centros en un área gris. “Necesitamos una reglamentación uniforme, unívoca, donde queden claras las reglas del juego”, reclama Ordóñez. Una petición a la que se suma SOS Racismo.
Las ONG libran desde hace años una dura batalla contra los CIE. “No es un centro de estancia, es un centro carcelario, sin libertad de movimiento, ni contacto con sus familiares”, lamenta una portavoz de SOS Racisme. “Deberíamos poder conocer el expediente que afecta a cada interno”, añade Ordóñez.
Este fin de semana, los voluntarios todavía mantendrán las mismas condiciones que tienen ahora. “En teoría, deberán comunicar el acuerdo a la delegada de Gobierno \[María de los Llanos de Luna\]. Y ella junto con los responsables del CIE deberán resolver cómo se plasman las nuevas condiciones. Dudo que antes de septiembre tengamos los cambios”, concluye Ordóñez.
El abogado Andrés García Berrio, que junto a Laia Serra ha impulsado el proceso, se felicitó por la decisión judicial. “Es un reconocimiento a la labor de los abogados defensores de los derechos humanos, que hemos tenido que enfrentarnos a situaciones muy desagradables”, explicó García. El abogado interpuso hasta tres quejas por el trato “intimidatorio” del director del CIE. “Esta decisión garantiza que podamos hacer nuestro trabajo sin ser molestados”.
