EL PAÍS.- 7 julio 2014. Uno de los más activos anarquistas de Madrid, Yago Eduardo Torroba, de 27 años, fue detenido a mediodía de domingo acusado de haber atacado la sede de IU en el distrito de Tetuán. El supuesto autor introdujo tras romper una ventana diversos artefactos con la intención de incendiar el interior del local. El juez de guardia ordenó ayer por la tarde su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, según fuentes judiciales. Ahora se encuentra en la cárcel de Soto del Real.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 27 de abril, cuando la sede de IU, en el número 12 de la calle de Hierbabuena, fue asaltada. También se realizaron diversas pintadas ofensivas contra la agrupación política, una sede que ya ha sido objeto de actos vandálicos en ocasiones anteriores. Se podían leer palabras como “Moriréis” y “Traidores”.

La llamada Operación Budo terminó a las dos de la tarde del domingo con el arresto de Torroba en la calle de Bravo Murillo por agentes del Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información. Según fuentes policiales, el arrestado pertenece al núcleo más duro del anarquismo madrileño. Se le imputan los delitos de daños, incendio en grado de tentativa y un delito contra los derechos fundamentales.

Torroba había sido detenido en enero de 2013 por participar junto con Alfonso F. O., conocido como Alfon, en los disturbios de la huelga general del 14 de noviembre. Ambos pretendían colocar un artefacto con metralla en una mochila. Fuentes policiales vinculan a Torroba con el entorno del llamado Unabomber español, José López Menéndez, de 32 años, acusado de colocar 32 artefactos explosivos en todo tipo de establecimientos y de locales públicos desde abril de 2009 y septiembre de 2011.

Los investigadores también ven conexión directa con Tamara Hernández Heras, una anarquista condenada en 2011 por la Audiencia Provincial de Barcelona a ocho años de cárcel como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa. Hernández envió desde Alcalá de Henares un paquete bomba al ex responsable de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Albert Batlle.