PÚBLICO.- Las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes y la Ley de Seguridad Ciudadana. Estos son dos de los proyectos políticos del Gobierno español que más preocupan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hoy ha sometido a España al Examen Periódico Anual para evaluar el nivel de compromiso de nuestro país con los derechos humanos.

Durante el examen, en el que cada uno de los 192 Estados miembros formula sus preguntas y emite recomendaciones, un gran número de países, entre ellos Israel, Japón, Suecia, Noruega, Rusia, Uruguay, Austria y Canadá han solicitado a España que reconsidere incluir las devoluciones de inmigrantes en frontera dentro de su legislación porque “legalizaría una práctica que es contraria al principio de protección internacional” y recordaron que “debe respetarse el derecho a la no devolución y el derecho de asilo y al refugio”, establecido en la legislación internacional.

Además, la mayoría de los países que han condenado este tipo de expulsiones, se han mostrado preocupados también por el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad contra los inmigrantes en la frontera y por la reforma sanitaria que ha dejado sin atención completa a los extranjeros en situación irregular.

El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, que ha sido el encargado de contestar todas las preguntas (excepto las referidas al sistema sanitario) ha justificado a España señalando que la reforma legislativa para aprobar las deportaciones en caliente aún está en trámite parlamentario y que “se aprobará conforme a las obligaciones internacionales”. No obstante, ha aludido a la “singularidad geográfica fronteriza de España” y a los “asaltos masivos y violentos” a las fronteras españolas.

Rubén Moreno, secretario de Estado de Sanidad que respondió a los cuestionamiento a la reforma sanitaria, aseguró que todos los inmigrantes, tanto regulares como irregulares, tienen el derecho a ser asistidos en caso de urgencia y hasta su dada de alta.

Ignacio Jovtis, miembro de Amnistía Internacional presente en el examen, ha asegurado en conversación con este diario que otra de las iniciativas españolas por la que los Estados miembros se han mostrado más preocupados es la Ley de Seguridad Ciudadana y sus posibles restricciones a los derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión.

“Por favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones menores?”, ha preguntado Reino Unido.

Memoria, desahucios y corrupción

Otro asunto cuestionado fue el régimen de incomunicación de los detenidos por delitos ligados al terrorismo, aunque Ybáñez lo defendió argumentando que cuenta con todas las garantías.

Argentina, Chile, Panamá y Suiza se refirieron al hecho de que los crímenes del franquismo no se hayan resuelto ni se hayan tenido en cuenta a las víctimas e India se refirió a las medidas de ajuste que han afectado gravemente la población más desfavorecida y a los niveles de pobreza y desigualdad que se han incrementado como causa de ellas.

Por otra parte, Estados Unidos expresó su “preocupación por la corrupción oficial” en España y recomendó al Gobierno que refuerce el sistema para evitarla y perseguirla.

Venezuela y Ecuador, a su vez, recomendaron a España promocionar acuerdos entre particulares y entidades financieras para evitar los desahucios de personas vulnerables de sus hogares.

Jovti, no obstante, mostró su preocupación porque otras cuestiones, como las limitaciones a la Justicia Universal o la tipificación de la tortura en el Código Penal no hayan tenido apenas repercusión