Un nuevo informe que se publica hoy, 3 de junio, con el título ¿«Medidas esenciales» Los derechos humanos en peligro en nombre de la seguridad (AMR 25/017/2003/s), ofrece detalles del masivo aumento de presos de conciencia y pide al gobierno cubano que detenga inmediatamente las ejecuciones y reanude la suspensión de éstas, que ya duraba tres años. El informe destaca también el efecto del embargo de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Cuba, y recomienda que el gobierno estadounidense revise su política a fin de terminar con el embargo comercial.

A mediados de marzo de 2003, tras un periodo de aparente avance hacia un planteamiento más abierto y permisivo, las autoridades cubanas llevaron a cabo una campaña represiva sin precedentes contra la disidencia en la isla.

En el transcurso de pocos días, las fuerzas de seguridad apresaron en redadas dirigidas hacia objetivos concretos a más de 75 disidentes. A excepción de media docena de conocidas figuras contrarias al régimen, la mayoría de los dirigentes de nivel medio del movimiento disidente, personas con una década de activismo como mínimo, fueron detenidos, sometidos a juicios precipitados e injustos y, a las pocas semanas de la detención, condenados a prisión, en algunos casos hasta 28 años.

A algunos de ellos las autoridades cubanas les aplicaron leyes muy duras que hasta entonces no se habían utilizado.

A comienzos de abril de 2003, el gobierno cubano puso fin a una suspensión de las ejecuciones que ya duraba tres años al fusilar a tres hombres implicados en el secuestro de una embarcación. El proceso de juicio y apelación de los tres había sido sumario (las ejecuciones tuvieron lugar menos de una semana después del inicio del juicio).

«El gobierno cubano debe detener inmediatamente las ejecuciones y suprimir de una vez por todas la pena de muerte del sistema legal del país», manifestó Amnistía Internacional.

La organización condena estas graves violaciones y el desprecio que suponen hacia las normas internacionales de derechos humanos. A pesar de las afirmaciones de las autoridades cubanas, según las cuales los detenidos eran «agentes extranjeros» cuyas actividades ponían en peligro la independencia y la seguridad de Cuba, y tras revisar los documentos legales de muchos de los 75 disidentes condenados, Amnistía Internacional cree que se trata de presos de conciencia.

«En algunas de las sentencias, se mencionaba como argumento para condenar a los disidentes que habían concedido entrevistas a medios de comunicación radicados en Estados Unidos o enviado información a organizaciones como Amnistía Internacional. Estas actividades se encuadran de lleno en los parámetros del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de asociación, y no deben ser castigadas con la cárcel.»

«Amnistía Internacional considera que los 75 disidentes son presos de conciencia y pide su puesta en libertad inmediata e incondicional.»
Las autoridades cubanas han justificado las ejecuciones, así como la ola represiva contra los disidentes, por la necesidad de defenderse de las provocaciones de Estados Unidos y la amenaza que este país representa para su seguridad nacional. Si bien Amnistía Internacional cree que esto no justifica la encarcelación de presos de conciencia ni otras violaciones de derechos fundamentales, el informe reconoce el efecto negativo del embargo estadounidense sobre todos los derechos humanos en Cuba.

«El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba ha servido de justificación para la represión del Estado y ha contribuido al clima en el que se producen las violaciones de derechos humanos», añadió Amnistía Internacional.

«El embargo brinda al gobierno cubano una excusa para sus políticas represivas, y ha tenido un efecto perjudicial en la nutrición, la salud, la educación y muchos otros ámbitos de la vida, efecto que ha sido especialmente dañino para los miembros más vulnerables de la sociedad.»
«Determinadas disposiciones del embargo, como la asignación de grandes cantidades de ayuda para la democratización, ha facilitado que el gobierno cubano describa a los disidentes políticos como partidarios de todo lo extranjero, y en definitiva ha reducido las perspectivas de que exista un movimiento de derechos humanos fuerte en el país», concluyó Amnistía Internacional.