JOAN BAUS. EL PAÍS.- La investigación del Departamento de Justicia sobre Ferguson se traduce en dimisiones en la cúpula de ese municipio de Misuri. Una semana después de que el Gobierno federal denunciara un patrón de discriminación racial de las divisiones policial, judicial y penitenciaria de ese suburbio de San Luis, el jefe de la policía local, Thomas Jackson, presentó este miércoles su renuncia.

El martes, lo hizo el director gerente de Ferguson, el cargo público más importante de la ciudad. Los días anteriores, fueron suspendidos tres trabajadores que enviaron correos electrónicos racistas y dimitió el juez municipal después de que, tras las acusaciones del informe federal, la ciudad traspasara sus funciones a un juez estatal.

La dimisión de Jackson será efectiva el 19 de marzo y recibirá una indemnización por despido y un año de seguro médico, según un comunicado del Ayuntamiento de Ferguson, en el Medio Oeste de Estados Unidos. La presión para que Jackson abandonara su puesto no ha dejado de crecer desde que en agosto un joven negro desarmado muriera por disparos de un policía blanco.

En una carta, revelada por el diario Saint Louis Post, Jackson dice “que es tiempo de pasar página” y que ha sido “un honor y privilegio” servir a la ciudad de Ferguson y que “continuará” haciéndolo como ciudadano. Pero no explica los motivos de su renuncia.

El alcalde la ciudad, James Knowles, dijo en una rueda de prensa que, pese a la salida de Jackson, su intención es mantener el actual cuerpo de policía de Ferguson. Tras las acusaciones del Departamento de Justicia, han crecido las voces que piden una completa reestructuración del cuerpo.

El Gobierno federal puede iniciar una negociación con las autoridades de Ferguson para forzar determinados cambios o demandar a la ciudad por una violación constitucional. En los últimos seis años, ha efectuado una veintena de investigaciones de derechos civiles en cuerpos policiales.

El caso de Michael Brown desató una ola de protestas en Ferguson propiciadas en gran parte por una ira enquistada en la comunidad afroamericana sobre un patrón de abusos policiales. En el municipio de 21.000 habitantes en el Medio Oeste de EE UU, la mayoría de los habitantes son negros, pero los blancos ocupan la estructura política, policial y educativa.

El Departamento de Justicia concluyó que los agentes policiales violaron rutinariamente los derechos constitucionales de los ciudadanos negros de Ferguson mediante un uso excesivo de la fuerza y paradas de tráfico injustificadas que superaban ampliamente el peso demográfico de esa comunidad. Los abusos tenían fines recaudatorios y se alimentaban de una cultura racista.

El informe apunta directamente a Jackson, en el cargo desde 2010, al señalar que el Ayuntamiento lo alentó para que los agentes emitieran más multas para así recaudar más y que él replicó que sería posible. La reputación del jefe policial también queda seriamente dañada por el clima de impunidad y violencia gratuita de los agentes con la comunidad afroamericana descrito en el informe.

Jackson, de aspecto tranquilo, pareció desde el principio superado por las protestas. Ofreció información contradictoria que encendió los ánimos de los manifestantes y sus posteriores intentos conciliadores fracasaron. En los últimos meses, resistió la presión para que dimitiera. Pero las acusaciones del Departamento de Justicia habían hecho su continuidad insostenible.

Tras cientos de entrevistas y revisar 35.000 páginas de informes policiales, los investigadores determinaron que, pese a representar el 67% de la población de Ferguson, los negros suponen el 85% de las paradas de tráfico, el 88% de los casos en que la policía emplea la fuerza, el 90% de las citaciones judiciales y el 93% de los arrestos de la ciudad.