Morir al arrojarse al mar desde una patera, perder la vida bajo las ruedas de un camión, asfixiarse en la bodega de un barco, en el almacén de carga de un avión, o en muchos casos alcanzar la orilla sin apenas saber nadar para después de superar una grave crisis de hipotermia ser retornado al otro lado del Estrecho, es sin lugar a dudas el juego de la ruleta que viven muchos inmigrantes en su anhelo por buscar una vida digna de ser vivida. Esta es su tragedia.

Nuestra sociedad percibe que la emigración es un proceso traumático, que la persona que viene deja su tierra y su familia por necesidad o voluntad de progresar y que protagoniza una vivencia similar a la que experimentaron cientos de miles de españoles que emigraron, aunque por fortuna sin tragedias tan extremas como las del Estrecho.

Además, la normalización de la presencia de inmigrantes y la integración laboral generadora de prosperidad, el crecimiento de lazos de vecindad, afectivos y de riqueza cultural, obliga a interpretar con mas convicción que los inmigrantes , lejos de ser vistos como un problema, deben ser considerados como ciudadanos que también contribuyen con su esfuerzo al progreso de la sociedad y al mantenimiento del Estado del Bienestar .

En efecto, últimamente se observa una evolución de la sociedad española, expresada por numerosas ONG, que interpreta positivo y de justicia el avance integral de los derechos humanos de los inmigrantes, a quienes se debe respetar en plenitud su dignidad. A esta aceptación progresiva del hecho migratorio, aunque no excluye la existencia de prejuicios o conductas racistas y xenófobos, hay que añadir que los inmigrantes son sujetos de derechos y deberes en el pacto constitucional español, personas que integran una democracia moderna y dinámica, a quienes se les debe respetar, proteger y garantizar los derechos de ciudadanía.

Sin embargo, resta un duro camino por recorrer a los miles de inmigrantes empadronados y aun no regularizados, que viven y trabajan en nuestro país, o a aquellos que con todo en regla, siguen siendo de segunda, sin derechos integrales de ciudadanía, como el derecho al voto que en otros países tienen para aquellos con residencia superior a tres años. Resulta ineludible el compromiso por una integración solidaria e intercultural, por una acción positiva contra la doble discriminación que viven aquellas personas inmigrantes que a su vez son mujeres, ancianos o jóvenes. Y también resulta necesario su participación democrática en los diferentes espacios institucionales que vertebran la convivencia y la sociedad.

De no avanzar conjuntamente por estos caminos, difícilmente va a progresar social y moralmente nuestro país, hoy configurado con dos millones de nuevos vecinos que pese a vencer su particular tragedia, todavía no alcanzan a ser considerados por nuestras leyes como personas con plenos derechos de ciudadanía.


Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia