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La Unión Europea pide un incremento "masivo" de inmigrantes de aquí a 2030 para mantener las pensiones.

    En una comunicación difundida hoy, Ejecutivo comunitario estima además necesario que los Quince recurran cada vez más a la mano de obra
inmigrante para "llenar los vacíos de cualificaciones y ciertas categorías de trabajos".

La política de 'inmigración cero' se considera una hipótesis dañina, en la medidad en que un crecimiento nulo del número de inmigrantes en la UE "provocará una significativa reducción de las cifras de empleo y crecimiento económico".

"El mantenimiento de la población en edad de trabajar y, sobre todo, de la dependencia de las personas mayores, requerirá incrementos masivos de la inmigración hasta 2030", asegura la Comisión. (...) Desde la perspectiva social de cohesión, cualquier aumento masivo de la inmigración tambié,incrementará el desafío de la integración en una mayor extensión",advierte en el documento, con carácter de orientación para los Estados miembros.

Asimismo, Bruselas insta a los Estados miembros a mejorar sus políticas de acogida ya que, a su juicio, "los inmigrantes no estarán capacitados para dar todo su potencial ni aportar su total contribución al desarrollo económico" si no se les involucra en la vida social, cultural y cívica de cada país.

En este sentido, pide que se profundice en la noción de "ciudadanía civil", con el fin de asegurar a los inmigrantes derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la UE, y propone nuevas iniciativas en el terreno del empleo, la lucha contra la discriminación y la integración social.

Hace especial hincapié en la conveniencia de que el inmigrante obtenga, a largo plazo, la nacionalidad de el Estado miembro en que reside. "La obtención de la nacionalidad es importante porque ayuda a incrementar el sentimiento de pertenencia a un modo nacional de vida. La nacionalidad confiere al titular todos los derechos 'de iure' en la participación de la
vida política, civil, social, económica y cultural de un Estado miembro",constata la CE.

En su análisis de la situación española, Bruselas destaca que, junto al esfuerzo del Gobierno central para favorecer la integración de los
inmigrantes, varias comunidades autónomas han puesto en marcha programas propios a favor de ciudadanos de terceros países y la mayor parte de las grandes ciudades españolas despliegan, igualmente, iniciativas integradoras.

Asimismo, recuerda el plan gubernamental sobre inmigración para el período 2001-2004, en el que reconoce varios puntos de actuación: "asegurar a los inmigrantes el pleno ejercicio de sus derechos; el acceso a la ciudadanía; el acceso al mercado laboral, medidas de alojamiento temporal y combate contra el racismo y la xenofobia".