El colectivo Brigadas Vecinales ha denunciado a España ante Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las multas recibidas por sus activistas en 2012. La Delegación del Gobierno impuso multas a sus activistas por un valor total de 3.500 euros, sanciones recurridas por la vía judicial y finalmente anuladas. Los controles por perfil étnico o racial consiste en la identificación policial de personas en función de determinado rasgos y son ilegales, según la ONU. 3.04.2017
GABRIELA SÁNCHEZ. ELDIARIO.ES.- La asociación Brigadas Vecinales ha denunciado a España ante Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la “persecución policial” sufrida por sus activistas en 2012 durante la labor de documentar los controles de identificación por perfil étnico o racial.
En concreto, BVODH demanda a España por las sanciones impuestas por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid al colectivo en su tarea de “observar y documentar una redada racista”, que ascendieron a los 3.500 euros, afirman. A su juicio, “esta sanción vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación”.
“Las sanciones fueron recurridas por vía judicial y, en todos los casos en que se celebraron juicios, se estimaron nuestras peticiones. También en el procedimiento penal, derivado de otra denuncia de la policía, fuimos absueltas”, explican desde el colectivo.
Por esta razón, las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos presentaron una demanda ante los Juzgados de lo Contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno de Madrid, que estimaron de forma parcial. El colectivo recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su demanda. Tras ello, la organización ha decidido acudir a la ONU.
Según defienden desde el colectivo, la justicia española “no tuvo en cuenta” el contexto de “persecución policial” existente ante la documetación de los controles por perfil étnico y racial realizada por Brigadas en 2012. La asociación destaca las denuncias realizadas contra “16 integrantes del colectivo” y “las declaraciones de la Delegada del Gobierno, de mandos policiales y del entonces secretario de Estado de Seguridad” vertidas contra BVODH.
“Consideramos este tipo de sanciones es una forma de represión, con la que se intenta silenciar a un colectivo mediante mutas de baja intensidad”, explica a eldiario.es Christian Orgaz Alonso, uno de los miembos de BVODH denunciados en 2012.
“Esto se hace desde un contexto en el desde el Congreso de los Diputados se emiten una serie de declaraciones en las que se nos criminaliza, diciendo que estábamos detrás de determinadas protestas cuando nuestra labpor era observar las redadas racistas que continúan realizándose”, añade.
“Los controles racistas continúan”
Durante los últimos años se han conseguido disminuir diferentes prácticas policiales discriminatorias, como las órdenes de detenciones de cupos de inmigrantes, cuando se hizo pública una circular que obligaba a detener a un número mínimo a la semana de extranjeros en situación irregular durante el Gobierno de Zapatero.
A pesar de los logros, diferentes organizaciones como Brigadas Vecinales de los DDHH, también constataron en su último informe (2015) que los controles a inmigrantes no han cesado, sino que ha cambiado el método de efectuarlos. Según mencionan, ahora se llevan a cabo de una forma más discreta, evitan identificaciones en masa y suelen estar protagonizados por policías vestidos de paisano y desde los vehículos policiales.
“Presenciamos una generalización de las redadas racistas en todo tipo de medio, incluso en el metro, pero realizado por la policía secreta en connivencia de agentes de seguridad y dispositivos menos visibles”, describe Orgaz Alonso.
“La forma en la que hacen los controles ha mutado, lo que nos dificulta la labor de documentación. Esto se suma a la persecución policial que hemos sufrido, lo que ha mermado a nuestro colectivo y nos ha hecho dedicar mucho a este tipo de casos judiciales, en vez de estar en la calle”, concluye.
