La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de México negó ayer, en un histórico fallo, el recurso de amparo presentado por la defensa del ex teniente de fragata argentino Ricardo Miguel Cavallo y abrió las puertas para su extradición a España, con cargos de genocidio y terrorismo. El trámite de entrega será cumplido por la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores. La sentencia permitirá que, por primera vez, puedan ser juzgados en un país delitos de lesa humanidad cometidos en un tercero. El juez Baltasar Garzón había pedido la extradición en octubre del año 2000. La acusación de terrorismo fue aprobada por los once magistrados del tribunal, y la de genocidio recibió diez votos a favor y uno en contra.

Cavallo, nacido en 1951, fue detenido en Cancún (México) el 24 de agosto del año 2000, después de que personas que se declararon sus víctimas lo identificaran como uno de los torturadores de la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). El imputado, encarcelado en una prisión de la capital mexicana, trabajaba en México como director de la empresa TALSUD, que había conseguido la concesión del oficial Registro Nacional de Vehículos. Al ser descubierto, pese a ocultarse tras una doble identidad, quiso huir hacia Buenos Aires, pero fue detenido.

Los magistrados de SCJ habían decidido, el pasado mes de marzo, ejercer la facultad de resolver todos los puntos pendientes del caso, y no dejarlos en manos de un tribunal de rango inferior. Hace poco más de un año, la defensa de Cavallo, alias Serpico, solicitó el amparo del Supremo argumentado que el tratado de extradición entre México y España era anticonstitucional y que los delitos de los que es acusado habían prescrito.

El procesamiento de Garzón, que data de noviembre de 1999, identifica al acusado como perteneciente al Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, que participó activamente "en el secuestro y tortura de personas consideradas izquierdistas por el Ejército", según la organización Human Rights Watch. Cerca de 5.000 personas fueron torturadas en la ESMA y casi todas perdieron la vida, muchas de ellas arrojadas al mar o al Río de la Plata, sedadas, desde aviones militares.
Ricardo Cavallo, que no ha efectuado declaraciones desde su ingreso en prisión, fue señalado como uno de los oficiales, de mirada gélida y sonrisa cínica, que no sólo torturó, sino que también secuestró y falsificó títulos de propiedad de las personas asesinadas, para apropiarse de su patrimonio o repartirlo entre sus cómplices. "Me juego la vida que es el mismo. Me puedo olvidar de muchas cosas pero de las caras que conocí durante mi cautiverio jamás. Ese es Serpico", testificó Mario Villani, un ingeniero llevado a la ESMA.

Ricardo Cavallo está incriminado en varios asesinatos, en la desaparición de 227 personas y el secuestro de otras 110, entre ellas madres embarazadas. Cristina Muro lo reconoció durante una salvaje batida domiciliaria: era un "joven rubio de tez muy blanca, muy bien vestido de sport, con jeans y camisa". Dirigía un grupo de tareas: "Entre gritos y mientras revolvían toda la casa los milicos sacaron al bebé del moisés y desnudito como estaba lo pusieron cabeza abajo y le colocaron una pistola en la boca".

Se trata del segundo argentino detenido en el extranjero por violaciones de los derechos humanos. El primero fue el comandante retirado Jorge Olivera, capturado en Roma en 2000 y liberado gracias a los errores de procedimiento de los tribunales italianos. El gran antecedente histórico fue el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, apresado en Londres en 1998 a petición de Garzón. Las autoridades británicas lo liberaron para su procesamiento en Chile.