El eurodiputado canario del PP, Fernando Fernández Martín, defendió la necesidad de tomar en consideración "los enormes flujos financieros que representan las remesas de dinero de los inmigrantes". Por ello, instó al Ejecutivo comunitario "a que tome la iniciativa para asegurar medios de transmisión legal de las remesas baratos y ágiles y para movilizar estos recursos financieros privados al servicio de iniciativas de codesarrollo, asegurando el control por parte de los dueños y destinatarios de las remesas".

A su juicio, los Quince respaldarían los acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo celebrada en Monterrey (México) en marzo de 2002, en la que hubo un consenso para solicitar "la reducción de costes las transferencias de los trabajadores inmigrantes y para crear oportunidades e inversiones orientadas al desarrollo, especialmente al alojamiento".

Fernández estimó que algunos países en vías de desarrollo logran mayores ingresos con las remeses de dinero de los emigrantes que viven en el extranjero, llegándose a duplicar en algunos sitios la ayuda oficial que se destina al desarrollo.

En Marruecos, por ejemplo, las remesas de los inmigrantes constituyen el 66 por ciento de las aportaciones financieras del exterior que recibe ese país, mientras que en países como Egipto o Túnez alcanzan el 51 por ciento y en México se equiparan a los ingresos que ese país tiene por el turismo y casi equivalen a los que recibe por el petróleo, señaló la delegación del PP en Bruselas en un comunicado.

"Las remesas de divisas constituyen un factor imprescindible para el desarrollo de muchos países y un poderoso instrumento de lucha contra la pobreza, por tanto es lógico que la UE cuente con una normativa clara que haga esas transferencias rápidas asequibles y provechosas", señaló el eurodiputado.

INMIGRACION ILEGAL

El informe aprobado por la comisión de Cooperación y Desarrollo contempla la integración en todos los acuerdos de asociación que firme la Unión Europea con países terceros de una cláusula que comprometa a dichos Estados a combatir de forma conjunta la inmigración ilegal, ya que este fenómeno lleva "al tráfico de seres humanos, la explotación laboral de los inmigrantes, la corrupción e incluso la infiltración de personas que pueden poner en riesgo la seguridad de la UE", indica el comunicado.

Por último, incluye otra serie de propuestas para guiar la integración de la política de inmigración en los acuerdos que firma la UE con países terceros; entre ellas la necesidad de habilitar medios en el presupuesto comunitario para asegurar la gestión de los flujos migratorios, el control de las fronteras exteriores y la integración de los nacionales de terceros países en el territorio de la UE.