Las 4 ONG han subrayado en el comunicado que la Unión Europea y el Gobierno español deben tomar más medidas en contra del comercio de armas y, más concretamente, contra sus intermediarios. Dicho comunicado baraja las preocupantes cifras en torno al tráfico de armas, y sale a la luz tras la incautación el pasado martes de gran cantidad de armamento en un buque surcoreano, en Barcelona.

Las cifras hablan por sí solas; 21.300 millones de dólares al año se mueven alrededor de las armas, y 1300 personas mueren al día como consecuencia directa de esas armas. Las ONG´s se quejan de los vacíos que hay en torno a las normas que regulan el tráfico, ya que sólo la mitad de los 25 países que conformarán la futura UE tienen regulación sobre este aspecto concreto. Entre ellos, no está España.

Con este panorama, las organizaciones refieren una serie de medidas que creen necesarias para un mejor control de los intermediarios y traficantes. Entre ellas, señalan la creación de un registro general de estos intermediarios, que actualmente no necesitan pasar por ningún filtro de control en países como España; la imposición de un régimen de concesión de licencias para negocios individuales, y la competencia extraterritorial, que otorgaría la capacidad de procesar individuos que operan fuera de sus fronteras.

En el mundo circulan más de 500 millones de armas pequeñas y ligeras, según dijo Naciones Unidas en un conferencia de 2001. Europa, por otra parte, es el segundo foco de fabricación y distribución de armas, tras EE.UU. Datos como estos son los llevan año animando a las cuatro ONG, reunidas hace tiempo bajo el nombre “Adiós a las armas” a quejarse contra la situación, ya que este tráfico ilegal ha ocasionado ya la muerte a 4 millones de personas inocentes. La mayoría de ellos, civiles, mujeres y niños.

Legislación y posibles soluciones

Las ONG llevan varios años denunciando la venta de armas desde España a países del África Occidental, como Ghana, uno de los mayores puntos de distribución de material militar ilegal. Hace dos años, lograron que el Gobierno se viera obligado a informar al Parlamento de la venta de armamento y, el año pasado, plantearon una Proposición No de Ley al Gobierno para que éste aumentara la transparencia informativa.

Hoy, un año después de su aprobación, las ONG admiten que ha habido algún avance, pero también opinan que es insuficiente e instan al Gobierno a seguir con la política de transparencia, ya que la venta de armas a países como Bahrein, Israel o Sri Lanka podría violar el actual Código de Conducta de la UE. Este código establece que no se pueden vender armas a países inestables, en conflicto o que no cumplan los estándares de los derechos humanos.