Entre marzo de 1942 y febrero de 1944, según los demandantes, circularon 77 convoys ferroviarios que trasladaron a 70.000 personas a los campos de concentración. La denuncia colectiva está firmada por 300 ciudadanos, por lo general familiares de víctimas y, en algunos casos, personas que viajaron en aquellos trenes pero consiguieron salvarse del exterminio.

La SNCF puso en marcha, durante la Francia del Gobierno colaboracionista de Vichy bajo el mariscal Pétain, un elaborado sistema de transporte de prisioneros (no sólo de religión judía) hacia los campos de concentración, con registro de cada una de las personas que subían a estos convoys de la muerte. No en vano, las tarifas que aplicaba la sociedad de ferrocarriles eran calculadas por cabeza y por kilómetro.

Lo que aduce la actual dirección de la empresa es que al ser una sociedad pública, que formaba parte del conglomerado industrial del Estado, no tenía capacidad para decidir por sí misma ni para negarse y que, únicamente, ejecutaba las órdenes de las autoridades colaboracionistas.
"La SNCF trabajó bajo órdenes de las autoridades francesas de ocupación, en una situción donde su capacidad de autonomía era nula o casi nula", declaró Louis Gallois, presidente de la SNCF, según recoge el diario 'Libération' en su edición de hoy. La empresa sigue siendo hoy de propiedad pública.

INDEMNIZACIÓN Y APERTURA DE ARCHIVOS

"La SNCF dice que no tuvo poder de decisión sobre los trenes de la muerte pero es falso. Numerosos documentos demuestran que fue la SNCF quien organizó la logística de los transportes", contrapone uno de los abogados de las víctimas, también en declaraciones a dicho periódico.
Una de las pruebas que presentan los abogados es una factura enviada por la SNCF al prefecto de Haute Garonne el 12 de agosto de 1944, pocos días antes de la liberación de Francia, exigiendo el pago de varios trayectos realizados en el primer trimestre.

La víctimas piden una indemnización, pero también que la SNCF abra totalmente sus archivos para poder investigar a fondo el papel que esta empresa desempeñó en la deportación de judíos. Los archivos de la sociedad sólo han podido ser consultados parcialmente por los historiadores.

"Es comprensible que haya denuncias judiciales personales porque la cicatriz no está cerrada", aseguraron a Europa Press fuentes del Consejo de Representación de las Instituciones Judías de Francia (CRIF). "Es necesario que haya un trabajo de búsqueda histórica que llene las lagunas actuales, que permita saber, recordar y aprender", añadieron las fuentes.

LA MISMA INMUNIDAD QUE LOS ESTADOS

La denuncia, reabierta hace diez días, fue archivada por otro tribunal neoyorquino en 2001. El juez consideró que, al tratarse de una empresa estatal, la SNCF poseía la misma inmunidad en sus actos que los Estados extranjeros.
Procesos similares intentados, en otras ocasiones, en Francia, han sido generalmente rechazados por prescripción de los delitos invocadoS.