Elegido por unanimidad por la Asamblea de Estados Partes (AEP) del TPI el 21 de abril de 2003, Moreno Ocampo fue fiscal adjunto en los juicios contra la Junta Militar argentina y tiene una amplia experiencia como abogado defensor y ha sido una figura destacada en Transparencia Internacional, una organización anticorrupción.

Su toma de posesión tendrá lugar mañana en la Gran Sala de la Justicia del Palacio de la Paz de la Haya, donde se encuentra la Corte.

"El fiscal marcará el rumbo de la Corte", opinó el director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker. "Una vez que tome posesión del cargo, Moreno Ocampo podrá contratar a los miembros de su equipo e iniciar el cuidadoso proceso de selección de las primeras investigaciones", explicó.

En opinión de HRW, es posible que los primeros casos de la Corte surjan de los graves conflictos que atraviesan la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Colombia. "Tristemente, al fiscal no le va a faltar trabajo," dijo Dicker.

"El TPI no contará con suficientes recursos para encargarse de todos estos casos. Esperamos que el Fiscal presione a los tribunales nacionales para que cumplan con su deber" e investiguen por sí mismos los casos, añadió.

El responsable de HRW consideró que "actualmente, existen varias situaciones en el mundo que reclaman justicia a gritos", por lo que instó al fiscal a estudiarlas "detenidamente antes de decidir de qué casos se ocupará en primer lugar la corte."

El Estatuto de Roma, por el que se creó el TPI se firmó en julio de 1998. Ha sido ratificado por 90 países y entró en vigor el 1 de julio de 2002. La Corte investigará el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos después de esa fecha, y únicamente cuando los sistemas nacionales de justicia no hayan tomado medidas al respecto.

El juez canadiense Philippe Kirsch será el presidente del tribunal y los primeros 18 magistrados, siete mujeres y once hombres, ya han jurado su cargo en La Haya. El TPI será la primera corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

A diferencia de otros tribunales internacionales, el TPI establecerá la responsabilidad penal individual; y, a diferencia de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la Antigua Yugoslavia, su jurisdicción no estará cronológica o geográficamente limitada. RECHAZO DE EEUU
La Corte, considerada un gran triunfo contra la impunidad en el ámbito internacional, nace sin embargo lastrada por el fuerte rechazo de Estados Unidos. El entonces presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, pero la Administración Bush dejó claro desde su llegada al poder que no lo ratificaría.

De hecho, el pasado viernes Washington logró otra victoria sobre la Corte, renovando por un año más, hasta el 1 de julio, la inmunidad frente al TPI de sus soldados que participen en misiones de paz internacionales. La decisión la adoptó el Consejo de Seguridad de la ONU con el voto a favor de 12 miembros, entre ellos España, y la abstención de Francia, Alemania y Siria.

Además, Washington continúa combatiendo el TPI por todos los flancos y está intentando alcanzar acuerdos bilaterales que eximan a sus soldados del TPI con todos los países posibles. Hasta ahora 37 Estados han aceptado, no así los 15 miembros de la UE, que en estos días tratan de convencer a Bosnia-Herzegovina para que no acceda a las presiones de Estados Unidos.

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

El fiscal jefe del TPI, Moreno Ocampo, actuó como fiscal adjunto en el histórico juicio que se desarrolló en 1985 contra los jefes de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, acusados de graves violaciones de los derechos humanos.

Un año después fue el fiscal del juicio contra el ex jefe de la Policía de Buenos Aires durante el régimen militar de Ramón Camps, acusado de la represión ilegal contra militantes políticos, sindicalistas y estudiantes.

Como fiscal de la Cámara Federal de de Buenos Aires impulsó numerosas investigaciones sobre casos de corrupción gubernamental e intervino en sonados casos de narcotráfico. Retirado de la Justicia, pasó a trabajar en la actividad privada y fue uno de los fundadores de Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que brega por la transparencia y lucha contra la corrupción en la administración pública.

Ha trabajado también con el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas, ayudando a los gobiernos a establecer sistemas para controlar la corrupción. Licenciado por la Universidad de Buenos Aires, ejerce como profesor en numerosas casas de estudio de Argentina y Estados Unidos (Universidad de Harvard).