Trece años después de que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptara la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, el documento ha entrado en vigor. La iniciativa, ratificada por 22 países, tiene como objetivo prevenir y eliminar la explotación de los trabajadores migrantes, acabar con el tráfico ilegal de personas y animar a los Estados a poner en marcha medidas que protejan los derechos fundamentales de estas personas y sus familias.

En estos momentos, unos 175 millones de personas viven y trabajan en países que no les vieron nacer, en calidad de trabajadores inmigrantes, refugiados o asilados, y representando al 3% de la población total mundial. A partir de ahora, todos los migrantes trabajadores cuentan con una normativa internacional que les protege de la explotación y el abuso y dejan de ser “simples unidades económicas” para pasar a ser seres humanos, con todos sus derechos básicos reconocidos. Este documento se suma a iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para velar por el derecho de trabajadores migrantes, regularizados o sin regularizar.

Como explica el director de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson McKinley, “la protección de los derechos de los trabajadores migrantes es un elemento clave de una perspectiva global para una gestión de la migración que satisfaga las necesidades de una población cada vez más móvil”.

En esta línea, el nuevo documento exhorta a los países a impulsar políticas de inmigración que respeten los derechos fundamentales y garanticen la asistencia a los trabajadores inmigrados y a sus familias, así como a promover el intercambio de información entre Estados y a formar a los empresarios que contratan a estos trabajadores. La Convención tampoco olvida la responsabilidad de los países de origen y tránsito de las personas migrantes y les reclama políticas “sólidas” para la protección de estas personas y su integración en el mundo laboral. Hasta el momento, el texto ha sido ratificado especialmente por países de América Latina y de los continentes asiático y africano.

En concreto, los países firmantes son Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia-Hercegovina, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, México, Marruecos, Filipinas, Senegal, las islas Seychelles, Sri Lanka, Tajikistán, Uganda y Uruguay. En este contexto, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) advierten que el texto “no es permisivo” con la inmigración ilegal y lamentan que ningún país industrializado y receptor de inmigrantes se haya adherido a la Convención.