El requerimiento de Garzón fue entregado a Canicoba Corral por personal de la delegación local de la policía internacional Interpol. A medida que se vayan produciendo las detenciones se irá comunicando de las mismas tanto al magistrado de la Audiencia Nacional de España como al Ejecutivo argentino.

Entre los requeridos por Garzón están el ex presidente de facto Jorge Videla, el ex jefe de Armada Emilio Massera y el general Carlos Suárez Mason, procesados por la justicia argentina y bajo arresto domiciliario por el robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos.

Una vez cumplidas las órdenes de detención, comenzará a regir el plazo de 30 días establecido por la legislación argentina para que el juez español remita el pedido de extradición de los represores al Gobierno de Buenos Aires.

Esto ocurre en momentos en que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, estudia cambiar un decreto firmado a finales de 2001 que obliga a rechazar todas las peticiones de extradición con base en la defensa del principio de "territorialidad" para juzgar delitos cometidos en su país.

UNA SOCIEDAD CON MEMORIA

Los anteriores gobiernos argentinos rechazaron de forma sistemática los pedidos de extradición librados por jueces extranjeros que investigan delitos cometidos durante la dictadura en este país sudamericano. En los años 80 fueron exculpados más de un millar de militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.

Durante la vigencia del régimen de facto instaurado el 24 de marzo de 1976. Millares de asesinatos, detenciones seguidas de desapariciones, torturas, saqueos, exiliados constituyen la secuencia de una acción represiva dispuesta y ejecutada por el gobierno de las fuerzas armadas. La cantidad y cualidad de estos hechos configuran trágicamente la suma de violaciones a los derechos humanos más grave ocurrida durante las últimas décadas tanto a nivel nacional como internacional.

A ello se agregaron intimidaciones y atentados que produjeron un clima de terror y autocensura, concebidos para llevar a cabo un plan socioeconómico y político destinado a destruir la democracia y la participación popular, concentrando la riqueza en pocas manos y sometiendo al país a los designios de poderes financieros hegemónicos.

El presidente de Argentina comparó la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, que dejó 30.000 desaparecidos, según los organismos de Derechos Humanos, con la búsqueda de criminales nazis y con los juicios por las violaciones de los Derechos Humanos ocurridos en la antigua Yugoslavia.