El Consejo de Europa, que agrupa a todos los países democráticos del continente, reprochó ayer al Gobierno español su laxitud frente al racismo, la creciente criminalización del extranjero no europeo y su política de inmigración. Las leyes y disposiciones contra el racismo "raramente se aplican", destaca el informe elaborado por la Comisión Europea contra el Racismo del Consejo de Europa.

El informe llama la atención a las autoridades sobre la "existencia de organizaciones extremistas, que actúan a través de internet, en los partidos de fútbol y en el mercado de la música de odio, y cuyos miembros han sido responsables de actos racistas violentos". Por ello, aconseja reforzar la legislación sobre los motivos racistas y la incitación a la discriminación, el odio y la violencia racial, así como las disposiciones contra las asociaciones que promuevan esos comportamientos. Además, pide una mayor formación y sensibilización de la policía y la justicia.

En este sentido, señala como un motivo de preocupación el aumento de las denuncias por malos tratos policiales a extranjeros o minorías étnicas y la estrategia de silenciar las quejas con amenazas o contradenuncias.

El Consejo de Europa critica también que "se haya culpado constantemente a los inmigrantes del deterioro de las condiciones de seguridad en España". Las estadísticas, precisa, ocultan que los delitos que se les imputan a menudo tienen relación con su estancia ilegal y el uso de documentos falsos.

Los políticos, indica el informe, "deberían resistir la tentación de plantear el tema de un modo que fomente las actitudes racistas". El uso de estereotipos, señala, ha provocado que "la sociedad piense que el número de inmigrantes ha alcanzado niveles perjudiciales para la seguridad y el empleo", pese a que el colectivo de extranjeros en España (incluidos los ilegales) no llega al 5% de la población.

El informe critica que "gran parte de la información" proporcionada por los medios de comunicación españoles relativa a los inmigrantes "parece estar relacionada con situaciones negativas", como los delitos. Añade que estas informaciones pueden "exacerbar y perpetuar los prejuicios" en la sociedad, por lo que reclama noticias "más equilibradas y diversificadas sobre la inmigración".

También censura que la nueva normativa sobre inmigración dificulta que quien ya dispone de un permiso de trabajo en España pueda renovarlo u obtener un permiso de residencia. "Las autoridades deberían asegurar que se ofrecen a los extranjeros ya establecidos vías adecuadas para obtener permisos de trabajo y regularizar su situación", afirma.

El Consejo expresa su "profunda preocupación" por el trato que reciben los inmigrantes ilegales en Canarias, Ceuta y Melilla, hacinados en centros de internamiento "en malas condiciones higiénicas".