». El informe fue aprobado por un escaso margen de 221 votos a favor, 195 en contra y 23 abstenciones. A pesar de la petición, la decisión de que avance este acuerdo recae en la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, Anna Diamantopoulou. Durante la comisión celebrada en Estrasburgo se aprobó el informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales de la UE en 2002.

En el documento se recomienda «el reconocimiento de las relaciones no maritales tanto entre heterosexuales como entre personas del mismo sexo, y conceder a tales relaciones los mismos derechos que se otorgan al matrimonio». Pero no todo fueron quejas, los eurodiputados aplaudieron que algunos países hayan acelerado las medidas de igualdad entre condiciones sexuales, como Finlandia que reconoce a los transexuales, o Bélgica, que permite el matrimonio entre homosexuales. Por otro lado, pidieron a países como Portugal, Irlanda y Grecia que «modifiquen de forma inmediata las normas referentes a la diferenciación de las edades de consentimiento en las relaciones sexuales en función de la orientación sexual», dado el carácter discriminatorio que tienen estas disposiciones.

TEMAS SENSIBLES
La resolución destaca temas sensibles como la lucha contra el terrorismo, la situación en las cárceles, la protección de datos personales, la concentración de los medios de comunicación en Italia, el matrimonio homosexual, el derecho de voto de los inmigrantes o la enseñanza de la religión. El párrafo que sugería una reflexión médica y ética europea sobre la despenalización de la eutanasia activa voluntaria fue rechazado, al igual que una enmienda que expresaba preocupación por el cierre, por decisión judicial, de diarios de prensa en España.
El informe alerta especialmente sobre las mejoras necesarias en el respeto de los derechos de los solicitantes de asilo. El texto señala concretamente que España --al igual que varios otros Estados-- aún no ha ratificado instrumentos legales básicos para asegurar el buen cumplimiento del derecho de asilo y política de inmigración europea, como la Convención para reducir los casos de apatridia o el Protocolo de prohibición de expulsiones colectivas.

Asimismo se critica la actuación frente a menores no acompañados que solicitan asilo en España, Austria, Bélgica, Suecia e Italia y el hecho de que algunos Estados se nieguen a pagar las prestaciones familiares al inmigrante cuando los hijos no residen en el territorio nacional.
En términos generales, pide a los Estados miembros que modifiquen las reglas y la práctica de las expulsiones, porque se efectúan demasiado frecuentemente violando el derecho y la dignidad humana y que vigilen las condiciones en las que se practican las expulsiones colectivas y las prácticas de expulsión por la fuerza, que a veces han resultado mortales.
Asimismo, señala que deben limitarse al máximo la detención y garantizarse las capacidades de acogida de los solicitantes de asilo, en particular en los aeropuertos, y la asistencia de abogados y de intérpretes.

Además, en una enmienda aprobada por 227 votos a favor y 200 en contra, el Parlamento propugna que los ciudadanos de terceros países, con residencia legal durante al menos tres años en la UE, tengan derecho al voto en las elecciones locales y europeas. Aboga igualmente la Cámara por una ambiciosa política de integración de ciudadanos de terceros países. También incide el informe en la necesidad de garantizar el acceso a la educación a todos los niños que vivan en la UE y el acceso a cuidados sanitarios de toda persona, independientemente de la situación dministrativa, es decir, aunque sean inmigrantes ilegales.
En cuanto a educación y sanidad los eurodiputados fueron tajantes: «es necesario garantizar el acceso a la educación de todos los niños que vivan en la UE y el acceso a la atención sanitaria de todas las personas».

IGUALDAD PROFESIONAL
La Cámara europea, lamentó, en referencia a la igualdad de sexos, que la integración profesional de las mujeres, sobre todo las que pertenecen a minorías, «esté todavía lejos de conseguirse». En este terreno, los países que más trabajaron durante el último año fueron además de España, Grecia, Italia, Suecia y Bélgica con la aprobación de varias medidas como las cuotas de designación de mujeres en la dirección de empresas. A pesar de las mejoras registradas en los últimos cinco años, el informe observa con notable preocupación que las diferencias de género, incluidas las de retribución con un promedio del 16 por ciento, «resultan todavía hoy considerables».

En referencia al marco laboral, el texto recomiendo a Irlanda, España, Dinamarca y el Reino Unido que «modifiquen sus disposiciones legislativas no conformes a los artículos relativos a la negociación colectiva que figura en la Carta Social revisada». En la misma línea, el Parlamento Europeo hizo hincapié en la necesidad de elaborar una estrategia óptima para poder conciliar familia y vida laboral, que incluya medidas en materia de permisos laborales para el cuidado de los niños y otras facilidades del mismo carácter.

El estudio también habla de racismo. Sobre este tema expresa su inquietud ante el aumento de manifestaciones de odio racial en Europa, «especialmente de carácter antiislámico y antisemita a raíz de los atentados del 11-S». En concreto, constata que en España y Francia persiste la violencia física por motivo racial, y en Alemania, los ataques verbales contra los musulmanes, alertando de los mensajes racistas en Internet.

INDEMNIZACIÓN VICTIMAS TERRORISMO
En el capítulo dedicado a la dignidad humana, el texto "condena sin reservas el terrorismo" y apoya las medidas para luchar contra este tipo de violencia y para ayudar a las víctimas sugiriendo la creación de "un instrumento europeo de indemnización" a las víctimas. El Parlamento reafirma la legitimidad de toda ideología que se manifiesta por vía democrática y expresa "repulsa" de las organizaciones terroristas que amenazan y matan a personas por el mero hecho de ser cargo electo o militante de algunos grupos políticos. En este sentido, PP y PSOE han informado de que introducirán una enmienda a los presupuestos generales de la UE para 2004 para crear un programa piloto de solidaridad con las víctimas del terrorismo dentro de la Unión por valor de 1 millón de euros.

El Parlamento expresa su preocupación por el uso y transmisión de los datos personales entre la UE y organismos terceros (como la Interpol) u otros países. Destaca especialmente el caso de Estados Unidos, que ha obligado a las compañías aéreas a darles acceso a los datos personales de los pasajeros en vuelos trasatlánticos y considera que esa obligación es incompatible con el derecho comunitario. La Eurocámara lamenta que no se haya dado solución legislativa al problema de la creciente concentración mediática que atenta contra el pluralismo y la libertad de expresión, y pide a la Comisión que aplique un marco reglamentario europeo sobre el funcionamiento de los medios de comunicación antes de 2005. El Parlamento lamenta expresamente que en Italia "persista una situación de concentración del poder mediático en manos del Presidente del Consejo, sin que se haya adoptado una normativa
sobre el conflicto de intereses".

OTROS TEMAS
Por otra parte, la enseñanza de religión no es incompatible con el principio de laicismo, afirma el Parlamento que ha aprobado una enmienda por estrecho margen, en la que condena el fanatismo e integrismo y propugna que se garantice el principio de laicismo, "lo que no excluye la enseñanza de la religión en la escuela", aclara. Destaca también el Parlamento el deterioro de la situación de los detenidos en muchas cárceles europeas, en particular Reino Unido,
Portugal, Bélgica, Italia y Francia, donde las condiciones sanitarias dejan mucho que desear. Se ha comprobado además el abuso de la fuerza policial en numerosos casos. El pleno condena tajantemente toda forma de justificación de la tortura.

En materia laboral, el texto recomienda también a Irlanda, España, Dinamarca y Reino Unido que modifiquen sus disposiciones legislativas no conformes a los artículos relativos a la negociación colectiva que figura en la Carta Social revisada y la Carta Social. La falta de igualdad entre hombres y mujeres, en concreto la insuficiente integración de estas últimas en la vida laboral y las dificultades para la conciliación del trabajo con la vida familiar, figuran asimismo en este informe anual.