Por número de solicitudes, Andalucía encabeza la lista con 237 presentadas y el 14% de todas ellas denegadas; seguida de Cataluña, con 231 y un 25% denegadas; Comunidad de Madrid, con 198 y un 24% y Comunidad Valenciana, con 108 y un 15 % de denegadas. Le siguen Canarias, con 97 solicitudes y un 26% denegadas; País vasco, con 86 y un 35%; Castilla y León, con 83 solicitudes y un 18% denegadas; Castilla-La Mancha (66 y 14%); Islas Baleares (64 y 45%); Galicia (62 y 21%) y Aragón (39 y 36%).

Finalmente están Murcia, con 29 solicitudes y un 24% denegadas; Cantabria (21 y 19%); La Rioja (21 y 19%); Extremadura (19 y 16%); Asturias (10 y 50%); Navarra (10 y 50%) y Ceuta, con 9 solicitudes y el 0% denegadas). Por su parte, el director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorega, señaló la dificultad de evaluar con estos primeros datos la diferencia registrada entre algunas Comunidades Autónomas, tanto en número de solicitudes presentadas como en número de denegadas.

De acuerdo con las cifras facilitadas, de las 1.390 solicitudes para obtener una orden de protección, los jueces adoptaron 648 por la vía penal (lo que supone el alejamiento del agresor); 64 por lo civil (ayuda económica, custodia de los hijos..) y
362 por lo penal y lo civil.

La vocal del CGPJ Monserrat Comás consideró que todavía es pronto para hacer una evaluación si señaló que con la entrada en vigor de la citada orden se puede hablar de un avance en el terreno de la protección de las víctimas que se encuentran en una situación de urgencia que afecta a sus derecho vitales.

El relación al 23 por ciento de las solicitudes no admitidas por los jueces, Comas señaló que se podía concluir que han funcionado los filtros de garantía del sistema judicial. Indicó por último que la Comisión de Seguimiento ha verificado la necesidad de avanzar sobre la necesaria notificación de los jueces a los cuerpos de seguridad del Estado para que el agresor no incumpla la orden de alejamiento.