En nuestro país las penas por matar a una persona no son elevadas, siempre lo he afirmado e invito a quien quiera valorarlo a que consulte el Código Penal y compare estos crímenes con otros delitos. Peor es la Ley Penal del Menor donde no hay condena alguna si se comete el asesinato con menos de 14 años; si el crimen se produce entre 14 y 16 años, será un máximo cuatro años de internado y si es entre los 16 y 18, nunca superará los ocho años de internamiento, siempre revisables en la mitad de la sanción. Desde luego, a la luz de casos muy graves estas penas no solo son ridículas sino claramente injustas.

Esto es lo que siente la ciudadanía al conocer la condena de 4 y 8 años, a los menores que de forma sádica acabaron con la vida de Sandra Palo, una joven con discapacidad psíquica que a sus 22 años disfrutaba de su familia y luchaba contra su dificultad. A Sandra Palo los depredadores que la secuestraron, la violaron repetidamente, la empotraron contra la pared y la atropellaron pasando por encima diez veces y aún con vida, la quemaron hasta morir. La sanción presumible por estos horribles delitos, si tuvieran 18 años de edad, supondría una condena de 30 años de cárcel. La diferencia en las sanciones hay que adjudicarla a la benévola Ley del Menor.

Al hilo de la sentencia me gustaría preguntar a quienes redactaron, aprobaron y aún defienden con vehemencia esta ley en su integridad, si pueden sostener su mirada sobre el cuerpo vejado, torturado, mutilado y carbonizado de Sandra, mantener que quienes se lo han hecho solo deben pasar 4 u 8 años en un centro y evaluar en la mitad de su cumplimiento, si conviene o no aplicar unas medidas menos lesivas para sus asesinos. Permítasenos dudar, también, de la denominada “libertad vigilada” cuando uno de los asesinos de Sandra estaba fugado de un Centro de Internamiento.

A quienes sostienen que esta Ley, tal como está, es muy avanzada y de progreso, también me gustaría preguntarles si cuando salga “el Pumuki, dentro de 4 años o antes, estará reeducado y si el Estado garantiza que no repetirá su conducta delictiva; preguntarles si este benévolo mensaje no corre el peligro de ser entendido por otros menores delincuentes como exculpación ante todo tipo de crimen, dado como se sanciona algo tan extraordinariamente grave como el asesinato de Sandra; y finalmente, si se han puesto en la piel de las víctimas interpretando que esta desgracia y dolor puede padecerlo cualquiera.

Alguna vez me gustaría que explicaran los que no quieren reformar la Ley, que diferencia mental existe entre 18 años menos un minuto o mas un minuto, donde esta lo distinto y sustancial para decidir si se aplica el Código Penal o la Ley del Menor. El crimen de Sandra Palo evidencia que es necesario valorar la edad mental mediante un análisis previo de capacidad, y si sus los asesinos, de 17 años, obraron con conocimiento de sus actos y consecuencias, deberían enfrentarse como jóvenes adultos al Código Penal.

La respuestas previstas en la Ley del Menor en casos muy graves son excesivamente benévolas, no reeducan, ni disuaden, ni hacen justicia. Sandra Palo, su familia y con ellos toda la sociedad, no nos merecemos esto. Lo he dicho siempre, en España sale barato matar y ahora con esta Ley mucho más.

Esteban Ibarra
Presidente de
Movimiento contra la Intolerancia