Han transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, una ley contestada por los ciudadanos desde antes de su aprobación que es necesario proceder a su evaluación. Es mas , estaba previsto en una disposición adicional que se efectuase antes de cinco años. En el inicio de la próxima legislatura, la ciudadanía y especialmente las víctimas de delitos violentos cometidos por menores, deben de obtener una respuesta de las instituciones a su reivindicación y movilización reflejada en una millonaria recogida de firmas y numerosas concentraciones.

Sin embargo la preocupación social por las consecuencias de la aplicación de la Ley no desciende. Hace pocos días, la familia y amigos del niño de 11 años asesinado, Antonio Carrillo, que sufrió todo tipo de vejaciones en un olivar de Jaén, a manos de dos jóvenes de 16 años que le violaron y le asestaron 28 puñaladas, culminado su crueldad aplastándole el cráneo con una enorme piedra, no podían superar su dolor y su rabia. No podían entender como a estos asesinos, condenados con anterioridad a esta Ley a una pena de cárcel de 16 años, pena ya bastante atenuada por su minoría de edad, podía reducirse a solo 5 años de internamiento en un centro de reforma. Uno de los jóvenes asesinos se pasea desde octubre en libertad, el otro que además es vecino del barrio, lo hace desde hace pocos días.

Indignación y estupor no solo de la familia de la víctima sino de las gentes sensatas que se asombran al comprobar que estamos ante un caso similar al conocido de Sandra Palo en Madrid, solo que con diferente repercusión por producirse en Jaén. Silencio mediático que también padecen otros centenares de homicidios y asesinatos, facilitado por una opacidad informativa institucional no justificable, como al igual sucede con otros delitos graves de violación y lesiones que nos dejarían perplejos si conociéramos las medidas que en muchos casos se aplican. También en estos días tenemos conocimiento de un nuevo crimen horrendo al asesinar a hachazos un menor a dos ancianos en una localidad de Asturias. La tibieza de la sanción será su aliado frente a las víctimas y la sociedad.

Con este comentario que nadie infiera que no apostamos por la educación y resocialización del menor asesino o violador, simplemente permítasenos dudar de la eficacia de tan benévola sanción. Una eficacia que debería exigirse a la luz de los costes-día por menor internado que alcanzan un promedio de 50.000 de las antiguas pesetas, diez veces mas el coste en un módulo penitenciario. No obstante quienes difícilmente van a ser reeducados, desde las previsiones de la Ley, son los menores de 14 años, dado que hagan lo que hagan, roben, violen o maten, a todos los efectos son inimputables. Como tampoco serán reeducados aquellos que su delito prescriba, que según datos oficiosos del Defensor del Menor, puede ser el 95% de los delitos cometidos por menores.

Hay compromisos de Reforma de la Ley Penal del Menor, una ley que tiene el record de ser modificada antes de entrar en vigor; hay problemas con su aplicación, con las dotaciones presupuestarias, no obstante y para que no haya equívocos, todos apostamos por los principios educativos y resocializadores, sencillamente diferimos en su interpretación y, a diferencia de los que redactaron tan traída Ley, quienes demandamos su urgente reforma nunca nos olvidamos de los derechos de la víctima.


Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia