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España registró más de 50.000 denuncias por malos tratos a mujeres en 2003

    Los malos tratos a mujeres generaron el año pasado más de 50.000 denuncias en España. Esta cifra histórica implica un incremento del 16% (unas 7.000 denuncias), según los datos del Ministerio del Interior recogidos por el Instituto de la Mujer. En 2003 murieron 70 mujeres a manos de sus parejas, un 34% más que en 2002 (en lo que va de año han muerto cuatro). Para los expertos y las asociaciones de mujeres el aumento de las denuncias se debe a una mayor confianza e independencia femenina. Con todo, sostienen que la cifra recogida por las estadísticas sólo refleja una parte de los casos. Las infracciones penales recogidas por el Ministerio del Interior por casos de malos tratos contra mujeres (30% delitos y 70% faltas) muestran que la mayoría de los denunciados fueron hombres casados (45%). Los divorciados supusieron otro 11%. Las comunidades con más casos fueron Andalucía (10.503), Madrid (7.914), Comunidad Valenciana (6.415) y Cataluña (5.187).

- Consejo General del Poder Judicial.

Para Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las mujeres denuncian más porque empiezan a confiar en que hacerlo "va a servir de algo". Comas pide, no obstante, más medios económicos para el cumplimiento de la orden de protección de víctimas, que se aplica desde agosto de 2003. "Son necesarios más recursos policiales, más medios económicos para las víctimas, especializar a los jueces y, llegado el caso, hacer que los maltratadores lleven un brazalete electrónico para tenerlos localizados en todo momento", añade. Para la presidenta del Observatorio es necesario sobre todo un cambio en los patrones culturales vigentes, porque "hay mujeres en este país que están pagando con su vida el precio de la libertad". Por último Comas añade que todavía hay una franja de violencia contra las mujeres que no emerge, que permanece sin ser denunciada "por desconfianza y por depender económicamente del maltratador".

- Instituto de la Mujer.

Para Miriam Tey, directora del Instituto de la Mujer, los datos de incrementos de denuncias "ponen de manifiesto que las mujeres están perdiendo el miedo y están buscando una salida, en la que tienen que contar con todo el apoyo, tanto de las instituciones como de la sociedad y de sus círculos más cercanos a las víctimas". "Sólo con el apoyo a la víctima y el rechazo claro a las agresiones y los agresores podremos acabar con esta lacra", dice Tey.

- Federación de Mujeres Progresistas.

Enriqueta Chicano, presidenta de esta organización, sostiene que "no basta una batería de medidas, ni un plan anual, sino que hace falta concienciar a la sociedad y elaborar una ley integral". "No hay medios para cumplir las órdenes de alejamiento, ni hay policías especializados, añade. Esta federación progresista emitió ayer un comunicado, suscrito por una veintena de asociaciones de mujeres y organizaciones sociales, en el que conmina "a todos los responsables políticos, especialmente al Gobierno, a que manifiesten con claridad su posición de repulsa y rechazo ante estos hechos y su voluntad decidida de no tolerar, ni siquiera por omisión, que estas situaciones puedan considerarse en nuestra sociedad “normales”, “menudencias”, o meramente “cuestiones personales”".

- Mujeres juristas.

Rosa Pérez-Villar Aparicio, portavoz de la organización Themis, dice que "faltan medios y no se cumplen las órdenes de alejamiento". Según Pérez-Villar, son necesarios, además, juzgados específicos y ayudas económicas para las víctimas.

- Gobierno.

La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, aboga por que la lucha contra la violencia de género tenga "prioridad por encima de cualquier otra política", y añade que "no puede haber ni una sola mujer que sufra maltrato". Pastor considera además que la violencia de género "es un importante problema de salud pública, al que los profesionales sanitarios y las autoridades sanitarias no podemos ser ajenos".

- PSOE.

La secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Micaela Navarro, pide un gran "pacto de Estado" para garantizar que, gobierne quien gobierne, se apruebe una ley integral contra la violencia de género. "En España hay otro tipo de terrorismo además del de ETA, es el terrorismo machista que asesina a mujeres y a niños", dijo Navarro. En este sentido se pronuncia también la Internacional de Mujeres Progresistas, que estos días se reúne en Madrid.

Por su parte, el presidente de Castilla la Mancha, José Bono, criticó ayer a los obispos por relacionar revolución sexual y violencia doméstica. "Es más perjudicial para una familia no poder pagarse una casa o no tener empleo que entrar en disquisiciones sobre la revolución sexual y el amor libre como justificador de malos tratos a mujeres", añadió el dirigente socialista.

- IU. El líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirma que "cada vez se hace más evidente la necesidad de un plan integral" y pide más recursos económicos para ponerlo en marcha. Llamazares destaca que es preciso que este plan integral trabaje "desde la igualdad laboral al reparto del tiempo en la familia", además de tener en cuenta las medidas judiciales, legales y penales "que todavía no están dando fruto porque no hay una política integral ni presupuestos".