En diversas ocasiones el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha pedido a los países europeos que se abran a la emigración legal, advirtiendo a las instituciones europeas del peligro de convertirse en una fortaleza «más mezquina, más débil y más vieja», así lo expresó al recibir el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo. En efecto, los emigrantes necesitan a Europa y Europa también necesita a los emigrantes, y como afirmó el responsable de la ONU en su primera intervención ante la Eurocámara “son una parte de la solución y no una parte del problema”, y en modo alguno se pueden convertir en las cabezas expiatorias de los problemas de nuestras sociedades, en consecuencia, tienen derecho a ser tratados con humanidad y respeto, nunca como presuntos delincuentes.

En apoyo de esta posición política, los organismos de la ONU han insistido en las proyecciones demográficas que se observan en nuestro continente. Las tasas de natalidad y de mortalidad en Europa han caído de manera espectacular. Este fenómeno provoca un envejecimiento y una disminución de la población. La UE ampliada representa en la actualidad unos 452 millones de habitantes, pero los datos prevén que la cifra se recorte a los 400 millones en el año 2050 y si esto ocurre, habrá puestos de trabajo sin cubrir y servicios que ya no se podrán ofrecer, dañando la sociedad del bienestar, entrando las economías en recesión e instalándonos en el estancamiento.

Esta tesis se ve reforzada tanto por los datos ofrecidos por el Gobierno y por recientes estudios como el elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según el Gobierno, a fecha de hoy residen legalmente en España 1,6 millones de inmigrantes, lo que supone un 4% de la población total del Estado. Sólo 12 meses antes, los inmigrantes eran 1.324.000. Es decir, los regularizados han crecido un 24% en 2003. El aumento porcentual es muy similar al del año anterior, que fue del 23%, y continúan unos datos que muestran el imparable proceso de absorción de población extranjera que ha vivido España en la última década. Desde 1995, cuando los inmigrantes registrados eran 500.000, su número se ha triplicado. La tasa de aumento no ha bajado del 10% desde 1997.

Sin embargo junto al millón y medio largo de extranjeros regularizados que registra el Gobierno, se encuentra una bolsa oculta de residentes irregulares, que llega al millón de personas. Así lo refleja la estadística oficial del padrón municipal, que recoge dos millones y medio de extranjeros censados en España a 1 de enero de 2003. Una tendencia que se consolida y que según el estudio de la Funcas, en poco más de 10 años, el número de extranjeros residentes en España alcanzará los 11 millones, lo que supone que uno de cada cuatro residentes será inmigrante. Esta es la principal conclusión del estudio, el espectacular aumento de la población inmigrante en España. Según los expertos que lo han elaborado, de mantenerse las tendencias actuales, los inmigrantes, que actualmente representan el 6% de la población española, aumentarán su presencia en la sociedad en el año 2010, pudiendo suponer el 14% de la población y en el 2015 el porcentaje llegará al 27%.

Esta previsión es congruente con los estímulos que están alentando los fenómenos migratorios en la actualidad, entre los que sobresale, como señala Naciones Unidas, la búsqueda de mejores condiciones de vida, algo que difícilmente se frenará mientras el 20% de la población mundial posea el 85% de la riqueza y las condiciones de desarrollo humano sean tan difíciles para la mayoría de la población mundial. Una previsión que requiere cuando menos, para evitar tensiones en la sociedad, que el ritmo de entrada se adecue al mercado laboral y que las condiciones de integración y preparación de la sociedad de acogida sean las adecuadas.

Integración o Desconfianza

Esta adecuación pasa por reflexionar sobre la política que afecta al mercado laboral, en especial el sistema de cupos, que es necesario mejorar. Recientemente el Delegado del Gobierno para la Extranjería hizo un balance del sistema de canalización de ofertas de trabajo del sector privado para inmigrantes. Para los 10.575 puestos estables que el Gobierno esperaba ofrecer en 2003, sólo se han presentado 3.490 propuestas por los empresarios. La cifra resulta escasa si se tiene en cuenta que, según los últimos datos del padrón, puede haber en España dos millones y medio de inmigrantes, y más de un millón de ellos sin papeles. Este desfase entre la escasa oferta de trabajo y el número de inmigrantes revela uno de los nutrientes de la economía sumergida y la falta de legalidad laboral en la que se mueven muchas empresas. Llevan razón los sindicatos cuando critican la falta de recursos y la actitud empresarial que impide que funcione el sistema de contigentes o de cupos de trabajo que promueve la Delegación. Por el contrario se observa que donde si se cumplen las expectativas es en las plazas de trabajo temporal, de hecho se previeron 13.600 puestos y al final fueron 21.600 las ofertas recibidas, signo que refuerza la tesis sindical sobre la creciente temporalidad del empleo en España.

El problema pendiente que hay que resolver y que choca con la posición oficial de negar cualquier regularización, es el del millón de inmigrantes sin papeles. Mantenerles en la economía sumergida, ni es justo para estos ciudadanos, ni viene bien para nuestro país, por el contrario, se facilita el enriquecimiento ilícito de unos cuantos empresarios sin escrúpulos. Algunas voces apuntan a reforzar las inspecciones laborales, sancionar a los defraudadores y regularizar a los sin papeles que están trabajando en la economía sumergida. En cualquier caso se trata de buscar soluciones sensatas, humanizadas, sin complejos, véase la regularización de mas de 9 millones de hispanos en Estados Unidos, y sobre todo sin estigmatizar a la inmigración, pues como expresó la relatora de Naciones Unidas “España tiene una corta memoria, porque hace sólo 25 años, la mayor parte de las empleadas domésticas que había en Francia eran españolas”, criticando que en España exista una “arrogancia innecesaria y un orgullo” que le lleva a decir “no queremos más ilegales”.

La inmigración irregular no es alternativa, pero la deshumanización y la ineficacia tampoco pueden estar presentes en las políticas migratorias, como tampoco se pueden plantear desde la exclusividad nacional o continental. Baste solo con mirar a la cumbre de Cancún, donde nada se avanzó en el camino hacia la protección de los recursos que garantizan la seguridad alimentaria de los países pobres, ni en la desmercantilización de los sistemas agropecuarios que estos países precisan para responder a las necesidades de sus poblaciones, ni siquiera en la apertura de los mercados de los países ricos a los productos que los países del Sur quieran, sin imposiciones, dedicar a la exportación. Es preciso entender que el fenómeno de la inmigración tiene como origen una estructura global de injusticia en la distribución de la riqueza y las políticas nacionales, incapaces de dar respuesta por si solas ante esa realidad, cuando menos deben estar humanizadas.

Este panorama requiere trabajar en contra de la desconfianza y prejuicios hacia la inmigración, eficacia frente a la delincuencia y mafias extranjeras que no se deben confundir con los inmigrantes, erradicar la marginación y la discriminación, acabar con las organizaciones que promueven el racismo y la xenofobia, fomentar la integración social y respetar de forma escrupulosa los Derechos Humanos, reconociendo para los inmigrantes su condición universal de ciudadanía. El futuro de nuestro país, como el de toda Europa, está ligado a la inmigración; cuanto antes lo entendamos y antes trabajemos por la integración mas oportunidades tendremos colectivamente de prosperar en racionalidad, justicia y bienestar.

Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia