La Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia (ECRI, en sus siglas en inglés) tiene previsto presentar el próximo mes de mayo en Madrid una recomendación de política general "para luchar contra el racismo combatiendo el terrorismo", según informaron a Europa Press en fuentes de la ECRI, un organismo del Consejo de Europa que hoy celebraba su décimo aniversario de vida en Estrasburgo.

La recomendación de política general, que hace la número ocho, presenta aún la forma de proyecto hasta su aprobación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, un mero trámite, según añadieron las mismas fuentes.

En dicho proyecto la ECRI recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa, un total de 45 a día de hoy, que adopten "todas las medidas apropiadas, particularmente mediante la cooperación internacional, para combatir, en plena conformidad con el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, el terrorismo como forma extrema de intolerancia, y para apoyar a las víctimas del terrorismo y mostrar su solidaridad con los Estados que son blanco del terrorismo".

Asimismo, insta a los Gobiernos a estudiar la legislación y las reglamentaciones adoptadas en el marco de la lucha contra el terrorismo para hacer que éstas no establezcan discriminación directa o indirecta contra personas o grupos de personas, principalmente por motivos de "raza", color, lengua, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico.

Otra de sus recomendaciones incluidas en el proyecto es que los Gobiernos de los Estados otorguen una "atención particular a los medios para garantizar de manera no discriminatoria las libertades de asociación, expresión, religión y movimiento".
En este sentido, piden que "no resulte discriminación alguna de la legislación y las reglamentaciones, o su aplicación, en terrenos como condiciones de detención; un proceso equitativo y procedimiento penal; protección de la vida privada y familiar; expulsión y extradición; permiso de estancia y de trabajo y de reagrupamiento familiar; o adquisición y retirada de la nacionalidad.

Más adelante, la ECRI llama a los Gobiernos a tener "una legislación apropiada en vigor, que se aplique efectivamente, para combatir el racismo y la discriminación racial, sobre todo en los dominios de la educación, el empleo, la vivienda, el acceso a los bienes y servicios y a los lugares abiertos al público, y de la libertad de movimientos".

Entre sus propuestas se incluye además la de garantizar la existencia y el funcionamiento de un órgano independiente especializado en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, así como "fomentar, entre los profesionales de los medios de comunicación, el debate sobre la imagen que dan de los grupos minoritarios en relación con la lucha contra el terrorismo y sobre su responsabilidad" a la hora de evitar los prejuicios y difundir informaciones tendenciosas.

11-S

La ECRI fundamenta sus recomendaciones en el hecho de que la lucha contra el terrorismo no debe convertirse en un pretexto que permita el desarrollo del racismo, la discriminación racial y la intolerancia.

Al respecto, recuerda que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos "entrañaron la adopción de una legislación o de reglamentaciones directa o indirectamente discriminatorias", particularmente contra "los árabes, los judíos, los musulmanes, algunos demandantes de asilo, refugiados e inmigrantes".

Precisamente, la lucha contra el racismo combatiendo el terrorismo fue el tema de una conferencia celebrada hoy en el Consejo de Europa.

En ella, el director ejecutivo de la Federación Internacional de Helsinki, Aaron Rhodes, subrayó que el racismo y el terrorismo están "profundamente ligados el uno al otro. La mayor parte de los actos terroristas se apoyan en comportamientos racistas que explican que los terroristas consideran a sus víctimas como hombres de segunda".

En su opinión, el racismo "está en el origen del terrorismo y se manifiesta igualmente en sus consecuencias". "El terrorismo es la expresión de la autoperpetuación del racismo", dijo.

Asimismo, recordó las medidas "desproporcionadas" adoptadas por la Administración de George W. Bush tras los atentados del 11-S. "La respuesta de los Estados al terrorismo puede por sí misma poner en peligro la libertad que trata de salvaguardar y comprometer gravemente nuestra seguridad y nuestra libertad si no atiende a las normas de protección de los derechos fundamentales de la persona", estimó Rhodes