El 6 y 7 de abril se cumple el décimo aniversario del inicio del brutal genocidio que asoló Ruanda, tras el derribo del avión en el que viajaba el Presidente del país, Juvenal Havyarimana. El asesinato del presidente y sus acompañantes fue el detonante que puso en marcha la maquinaria del horror, que se había estado preparando minuciosamente desde mucho tiempo antes. Los datos de la tragedia que vino después son de sobra conocidos: más 800.000 muertos; 100.000 niños huérfanos; más de 2 millones de refugiados (que permanecieron en diversos países, sobre todo el Congo, hasta 1997, y varias decenas de miles que aún continúan fuera del país); miles de personas, civiles en su mayor parte, que participaron directamente en las atrocidades; destrucción de la base económica del país.

La magnitud del genocidio, su crueldad y brutalidad, pero también la falta de respuesta, cuando no la complicidad, de la llamada comunidad internacional hicieron que Ruanda se convirtiera en un símbolo de algo que no puede repetirse, de una vergüenza que afecta a toda la humanidad y de la que hay que sacar las enseñanzas adecuadas para prevenir situaciones similares. Las Naciones Unidas, absolutamente desbordadas por la situación, no hicieron nada para impedir el genocidio, incluso negaron su existencia, y en varias ocasiones tanto el Secretario General de aquella época, Boutros Boutros-Gali, como el actual, Kofi Annan, han pedido disculpas al pueblo ruandés por la incapacidad del organismo internacional en aquella crisis. La propia figura y trayectoria personal del general canadiense Roméo Dallaire, que comandaba las fuerzas de paz de la ONU, es muy significativa de la impotencia del organismo y del aldabonazo que supuso el genocidio ruandés para la comunidad internacional. Tras varios años apartado del servicio, por motivos psicológicos y varios intentos de suicidio, Dallaire recoge en sus memorias, "Yo he dado la mano al diablo", todo el sentimiento de horror y la convicción de la falta de voluntad de la ONU para enfrentarse a la crisis. Lamentablemente, pese a los mea culpa entonados por los sucesivos Secretarios Generales de la ONU, no parece que institucionalmente se hayan incorporado planteamientos nuevos en su capacidad de respuesta, ni en el diseño mismo de las operaciones de paz. Las recomendaciones del llamado Informe Brahimi sobre la reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz- publicado en el año 2000 y encargado precisamente tras el fiasco de la intervención en Somalia y las tragedias de Srebreniça y Ruanda- no están siendo tenidas en cuenta, a juzgar por las últimas decisiones en los casos de Liberia o Haití.

En países como Francia, el genocidio ruandés y el apoyo francés al régimen hutu que lo perpetró supuso un enorme revuelo político y de la opinión pública, lo que motivó la creación de una Comisión parlamentaria, que durante estos años ha investigado y demostrado el conocimiento y complicidad del ejército francés en la masacre. Ha quedado claro también, que la "Operación Turquesa", justificada pretendidamente por razones humanitarias, no era sino una intervención tendente a eliminar las pruebas de la colaboración francesa con el régimen ruandés y, en el mejor de los casos, a salvar a los nacionales franceses. El prestigio histórico del Presidente Miterrand y de su cellule Afrique del Eliseo han quedado seriamente en cuestión.

Para las ONG, Ruanda también supuso una cruel constatación de los límites de la acción humanitaria y de los dilemas morales a los que se enfrenta. El genocidio de Ruanda no era una "crisis humanitaria" o una "emergencia compleja", términos ambos que se popularizaron en aquellos momentos. La respuesta humanitaria no debía haber sido la prioritaria y mucho menos la única, en ausencia de compromiso político y militar por parte de las Naciones Unidas y los Estados para detener el genocidio. En una evaluación de toda la acción humanitaria durante y después del genocidio, auspiciada por el gobierno danés y en la que participaron todos los organismos humanitarios, se llega a decir que en muchas ocasiones la ayuda humanitaria fue parte del problema y no de la solución, o que la falta de coordinación y la escasa competencia profesional de muchas ONG costaron vidas humanas. Duras afirmaciones que muestran, una vez más, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. La reacción de la mayor parte de las ONG fue bastante autocrítica y la aprobación en los años siguientes de un Código de Conducta de las ONG (1994), para la actuación en casos de desastres como el ruandés, o el llamado Proyecto Esfera (1998), de establecimiento de normas mínimas de respuesta humanitaria, son buenas muestras de ello y del interés por establecer criterios comunes y principios claros y por aumentar la eficacia de la acción humanitaria.

En materia de justicia y reconciliación, el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en Ruanda fue una buena noticia y, pese a la lentitud de este tipo de tribunales, las primeras sentencias están viendo la luz. La condena a los responsables de la Radio Mil Colinas es muy representativa de la participación protagonista de ciertos medios de comunicación en la organización de las matanzas. Junto a este Tribunal Ad Hoc, la comunidad internacional ha aceptado la utilización de sistemas tradicionales de justicia, la llamada gacaca, para juzgar a personas de menor rango involucradas en el genocidio, de modo que pueda favorecerse su reinserción en la sociedad y el proceso de reconciliación. Es una apuesta arriesgada, pero un país como Ruanda no puede permitirse mantener en la cárceles a más de 100.000 personas en espera de juicio.

Diez años después Ruanda sigue viviendo una situación difícil, y tanto desde la perspectiva política como económica o en materia de derechos humanos y violencia los datos son preocupantes. Guardemos, en cualquier caso, un minuto de silencio el día 7 de abril a las 12 horas en memoria de las víctimas del genocidio, como se ha propuesto desde la ONU. Y trabajemos para que semejante horror no se vuelva a repetir.

Radio Nederland
* Francisco Rey Marcos – Investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)