Hace pocas semanas se han desarrollado a nivel mundial unas jornadas reivindicativos con motivo de Día Internacional de Prensa. Y paradojas de la vida, en nuestro país coincidían con un escándalo monumental tras conocerse la filtración de un vergonzoso y demoledor informe, inicialmente atribuido al gobierno tripartito catalán, que escaneaba los medios de comunicación y calificaba a periodistas en función de sus servicios “leales” o “contrarios” a los intereses del ese poder gubernativo.

Sería solo un hecho vergonzante e inmoral, además de contrario a la Constitución española que en su artículo 20 consagra el derecho a la libre expresión y opinión de pensamientos e ideas, sin censura o restricción mas allá del respeto a las libertades constitucionales, si este apócrifo informe no emergiera en el ámbito revelador que nos muestra la encuesta del CIS, en donde mas del 60% de los profesionales de la comunicación reconocen que carecen de independencia y cuatro de cada seis asegura que la propiedad del medio condiciona de manera determinante la línea de trabajo.

No son buenas noticias para la libertad de comunicación. Y si a todo ello le añadimos que las licencias de radio y televisión las dan los gobiernos, como al igual sucede con las subvenciones a periódicos, amén de la publicidad institucional y otros detalles económicos que también dependen de la arbitraria generosidad política, es obvio pensar que resulta mas que posible que el deseo de intervencionismo de todo poder político acabe generando una evidente subalternidad en el denominado, a mi juicio de manera equívoca, cuarto poder de la democracia.

Al periodismo de trinchera con que nos están obsequiando al conjunto de la sociedad, que no está en ese tono de conflicto que se refleja en muchos medios, no solo hay que añadir el citado y escandaloso Informe, ahora también conocemos las listas de subvenciones de la Generalitat y su suscripciones masivas favorecedoras del clientelismo, mostrándonos una parte del problema, sin olvidar el uso partidista de los medios públicos, que afecta ni mas ni menos que al ejercicio profundo y auténticamente plural del artº 20 de nuestra constitución, eje central de la vida democrática de la sociedad.

No podríamos concluir sin levantar la mirada en el ámbito internacional y hacer referencia al llamamiento de Reporteros sin Fronteras en defensa de la libertad de prensa. Por cierto, su estudio sitúa a España en el lugar nada honroso, nº43, posición que revela nuestras dificultades en la cuestión. Sin embargo, esta organización señala y denuncia que en países “paradisíacos” visitados por nuestros turistas y regidos por dictaduras se encarcela a periodistas. Esta organización nos recuerda la muerte de reporteros, las agresiones y detenciones, así como la censura, significando que hay 133 periodistas encarcelados por ejercer su profesión, la mayoría en esos países “turísticos” como Birmania, Túnez o Cuba que es la mayor cárcel del mundo para la libertad de expresión, con treinta periodistas condenados a penas entre 14 y 27 años de prisión. Como decía Blas de Otero, nos queda la palabra, defendámosla.

Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia