Un reciente informe del Consejo Económico y Social ha considerado desalentador el panorama para las personas con discapacidad en nuestro país. Es una llamada de atención porque tanto administraciones públicas como empresas privadas parecen haberse olvidado de las recomendaciones realizadas en el 2003 con motivo del Año Europeo de las Personas con Discapacidad y de la Declaración de Madrid que comprometía colectivamente con la acción positiva en favor de estas personas. Tan solo unos meses después han sido relegadas al cajón de los recuerdos.

Una de las mayores preocupaciones es en el empleo, donde la ley exige a las empresas con más de 50 trabajadores que un 2% de los contratados sean personas con discapacidad y a las administraciones que ese porcentaje sea del 5%. Pues bien, ni las empresas respetan esta reserva, ni tampoco la administración pues esta solo cubre con un lejano 0,6% de discapacitados su oferta pública de empleo. Así las cosas, España se ha convertido en uno de los países europeos con menos empleo de discapacitados, solo una persona de cada tres que lo buscan, lo consigue y desde luego, el paro se ceba en las mujeres con discapacidad. De esta manera no hay integración social posible por muchas declaraciones que se firmen.

Hace bien el Comité Español de Representantes de Personas Discapacitadas (CERMI) en poner el grito en el cielo y llamar al cumplimiento de lo oficialmente acordado, porque además del empleo sigue habiendo graves problemas de accesibilidad y barreras sociales infranqueables en los transportes, en los centros comerciales, cines, aceras o edificios públicos, condenando a la mayoría al enclaustramiento y a convertirles en ciudadanos invisibles. El avance contra la discriminación es penosamente lento. Una intolerancia que alcanza cotas muy graves cuando la discapacidad es de una mujer, un inmigrante o una persona perteneciente a una minoría étnica.

En materia de prejuicios hacia los discapacitados no vamos bien, avanzamos poco en erradicarlos, siguen muy vivos y se evidencian en infinidad de situaciones. Una de ellas, descarnada y reciente, se concretó cuando un conductor de un servicio público en Madrid expulsó del autobús a un niño afectado de espina bífida y a su madre; sin ningún motivo, solo por llevar silla de ruedas, aunque plegada, el conductor argumentó que podría molestar a otros usuarios. Tras la protesta de la madre ante la compañía, un directivo de esa empresa afirmó que en cualquier caso, todo dependía de la “amabilidad” del conductor.

Sin embargo no es caridad lo que demandamos, es tan simple y profundo como igualdad de derechos y cuando esta no se produce, debe ser la Ley y los Tribunales quienes lo garanticen sancionando su cumplimiento y apoyando al indefenso. A esos prejuiciosos que afirman que los discapacitados son una carga para la sociedad y que lo mejor es que se queden en casa, les decimos que no, que toda vida humana tiene igual valor, dignidad y derechos, que seguimos luchando, porque lo que realicemos hoy en nombre de la discapacidad, seguro que en el mundo de mañana tendrá significado para todos.

Solidaridad y respeto para las personas con discapacidad.

Esteban Ibarra
Presidente Movimiento contra la Intolerancia