El Gobierno alemán proyecta enviar la próxima semana al Parlamento un proyecto de ley para restringir el derecho de reunión garantizado por la Constitución. Se trata de impedir manifestaciones de tendencia neonazi, actos que inciten al odio racial o que insulten la memoria de las víctimas del nazismo, como las concentraciones ante lugares como el monumento a las víctimas del Holocausto, que se inaugurará en Berlín en mayo. La creciente actividad de grupos neonazis resulta cada vez más insoportable para el Gobierno y los partidos democráticos alemanes.

La perspectiva de una manifestación del Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD) bajo el lema "¡Acabemos con la mentira de la liberación!" y "Contra el culto a la culpabilidad alemana" en la puerta de Brandeburgo, en Berlín, el próximo 8 de mayo, con motivo del 60º aniversario del final de la II Guerra Mundial, pone el flequillo de punta al ministro del Interior, el socialdemócrata Otto Schily. Junto con su colega de Gabinete, la ministra de Justicia, Brigitte Zypries, Schily compareció ayer ante la prensa en Berlín para explicar y justificar los planes del Gobierno. El ministro constató: "Se registra en los últimos años un creciente y continuado incremento de reuniones de extremistas de derecha que, por su temática y presentación, se asemejan cada vez más al formato de las históricas del régimen nacionalsocialista". Añadió Schily que muchos de esos actos "glorifican su tiranía violenta o la minimizan con provocaciones conscientes y desprecian de forma insoportable la memoria de las víctimas del nacionalsocialismo". Concluyó Schily que tolerar esas reuniones o manifestaciones resulta inaceptable.

Los instrumentos legales que quiere utilizar el Gobierno para limitar el derecho de reunión consisten en ampliar los comportamientos castigados en el Código Penal alemán como delito de incitación al odio racial. Esto permitiría prohibir reuniones donde se haga apología del nazismo o se minimice su régimen dictatorial. Al mismo tiempo, se podrían impedir manifestaciones en lugares emblemáticos como el monumento a las víctimas del Holocausto, que se inaugurará en Berlín en mayo con ocasión del aniversario del fin de la guerra, en los antiguos campos de concentración y también los actos conmemorativos de Adolf Hitler y de otros jerarcas nazis.

El Gobierno tiene prisa en aprobar esta legislación. Por eso quiere enviar el proyecto al Bundestag la próxima semana con la esperanza de que atraviese pronto todas las trochas y vericuetos parlamentarios. Se trata de convertirlo en ley antes del 8 de mayo para así poder prohibir la proyectada marcha de neonazis y simpatizantes en el corazón de Berlín. La oposición democristiana está de acuerdo con endurecer las leyes y cree que el Gobierno se queda corto. Los liberales ponen en duda la constitucionalidad del proyecto. Los Verdes, socios de coalición de los socialdemócratas, se muestran escépticos porque consideran que "también los loquitos tienen derecho a la protección de su derecho de reunión".

La reacción de las autoridades se produce en pleno debate sobre la conveniencia o no de intentar de nuevo la prohibición del NPD ante el Tribunal federal Constitucional. En 2002 el Gobierno y todos los parlamentos alemanes recibieron un revolcón cuando el más alto tribunal rechazó la prohibición del NPD, que conquistó en el Estado de Sajonia un 9,2% de votos el pasado 19 de septiembre y cuenta con 12 escaños en el Parlamento regional, uno menos que los obtenidos por los socialdemócratas. Esto causó sensación.

Sus diputados dieron la nota hace unos días cuando abandonaron el Parlamento regional de Sajonia para no estar presentes durante un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Holocausto.