Nuestra realidad social ha cambiado profundamente en los últimos tiempos; las familias también. La sociedad y las leyes han ido, lentamente, ampliando ese concepto y asumiendo estas nuevas realidades familiares, entre ellas las homoparentales. Ahora se trata de acabar con la discriminación legal que aún sufren las familias que constituyen gays y lesbianas y, sobre todo, sus hijos/as. Para ello es imprescindible el reconocimiento legal del matrimonio civil entre personas del mismo sexo; con este derecho lesbianas y gays serán, definitivamente, iguales ante la ley y sus familias recibirán el mismo trato, la misma protección, que ya tienen las que forman una mujer y un hombre.

Todos y todas somos iguales ante la ley. Esta es una garantía básica de una sociedad democrática y por ello no es aceptable ningún regateo de los derechos. La dignidad no es negociable, la igualdad es completa o no es igualdad. Lesbianas y gays quieren, como cualquier otro ciudadano, poder decidir libremente si se casan o no y con quién, con todos los derechos y todos los deberes que ello implica.

Lesbianas y gays forman familias, tienen hijos. No son estériles, tienen hijos biológicos, pueden adoptar individualmente y, en el caso de las lesbianas, pueden recurrir a la inseminación artificial. Sus hijos e hijas tienen que tener la misma protección que el resto de niños. Y para ello es necesario que se les reconozca por derecho, legalmente, que tienen dos padres o dos madres, como ocurre ya de hecho, en su vida cotidiana. Lo contrario es vulnerar el interés y bien del menor. Por el bien de los niños y niñas que ya crecen en las familias homoparentales hay que regular estas situaciones.

La reivindicación del derecho al matrimonio es asimismo la expresión de la lucha por la igualdad y en contra de la homofobia social que aún existe. Si lesbianas y gays merecen el absoluto respeto de la sociedad como personas, también lo merecen sus familias y sus hijos/as. Las leyes deben garantizar ese principio.

Las protestas que esta ley ha suscitado provienen de aquellos que no acaban de entender que las leyes las dicta el Parlamento en representación de la ciudadanía y no las creencias religiosas, perfectamente respetables, de cada uno. La ley de modificación del Código Civil en materia de matrimonio no va contra nadie, no atenta contra los derechos de nadie, simplemente amplia los derechos de una parte de la ciudadanía y en ese sentido, toda la sociedad se hace más libre.

Por eso, las organizaciones sociales abajo firmantes, comprometidas con los avances sociales y con la defensa de los derechos civiles pedimos a toda la ciudadanía que acuda a la manifestación que se celebrará en Madrid el 2 de julio para celebrar este innegable avance. Son los derechos de todos/todas.