Eran tiempos en que la persecución nazi comenzaba a acechar a los judíos de Alemania, mientras el resto del planeta miraba hacia otro lado. Un clima internacional que en la Argentina aprovecharon diversos grupos de provocación antisemita para incrementar sus acciones, cobijados por un ambiente político donde imperaba el fraude electoral.

En ese escenario, el 5 de octubre de 1935 nació la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, conocida por su sigla: la DAIA. Le dieron vida trece entidades religiosas, educativas y sociales de la colectividad —el club Hebraica, el templo de la calle Paso y el asilo de Burzaco, entre otras—, a las que se les sumaron muchas otras. Ahora reúne 140 instituciones y 32 filiales del interior. Su primer presidente fue el ingeniero Alberto Klein.

El objetivo inicial era unir fuerzas para dar apoyo a sus hermanos europeos y proteger a los cientos de miles que ya se habían arraigado en el país, la mayoría emigrantes —o hijos de— que llegaron desde finales del siglo XIX de países islámicos (los sefaradíes) y de Europa oriental (los ashkenasíes, mayoritarios).

Por entonces, los judíos componían un pueblo sin Estado. Recién trece años más tarde se establecería Israel, por decisión de la ONU, en parte del bíblico territorio de Palestina. Tal era la dimensión del desamparo frente a las acechanzas. Y tamaño el desafío de la DAIA en aquellos tiempos.

Dos de las premisas básicas consisten desde entonces en la representación "lo más amplia posible" de la comunidad judía en la Argentina y en la "prescindencia" con respecto a las fuerzas políticas locales. En el cumplimiento de ellas puede medirse el grado de efectividad de las demandas que el organismo debió formular a los poderes de turno a lo largo de estas siete décadas.

De la firme preocupación por el frente interno, las autoridades de la DAIA pasaron súbitamente a adquirir un protagonismo no buscado en la escena política nacional. Los atentados terroristas a la Embajada de Israel, en 1992, y sobre todo el que derrumbó en 1994 el edificio de la mutual comunitaria, AMIA —donde también funcionaba la DAIA— provocaron cicatrices que no terminan de cerrar por el fracaso del Estado en la búsqueda de los culpables. Y los dirigentes comunitarios —con sus matices de estilo y sin poder eludir las polémicas— pasaron a ser voceros del reclamo de justicia que formula la colectividad junto a otros sectores de la sociedad.

Los vínculos con sectores políticos y sociales se urdieron desde los momentos inaugurales. Un dato vale como muestra: el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo que creó la DAIA en 1937, para alertar sobre el peligro nazi, fue integrado —entre otros— por Lisandro de la Torre, Arturo Frondizi, Arturo Illia y Mario Bravo.

La entidad jugó un papel clave en la década siguiente para permitir el ingreso al país de víctimas y sobrevivientes del Holocausto, mediante triangulaciones por países vecinos, desafiando las restricciones a ese tipo de inmigración impuestas por los gobiernos argentinos. Más adelante, finalizada la Segunda Guerra Mundial, obtuvo amnistías para los refugiados.

El violento rebrote de antisemitismo que jalonó la década del 60, con la irrupción del grupo de ultraderecha Tacuara y su secuela de asesinatos, agresiones físicas y destrucción de locales, demandó la presentación casi cotidiana de denuncias por parte de la DAIA.

Las conducciones que se sucedieron en los oscuros años del Proceso reivindican las vidas que salvaron gestionando la salida de judíos perseguidos por los militares. Otros dicen que fue insuficiente. A la distancia, el actual titular de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, afirma: "No hay antecedentes de posguerra de una política antisemita desde el Estado como el que refleja el Nunca Más". En los 80, la entidad promovió la ley antidiscriminatoria.