El Informe Mundial 2003 de HRW explica que las condiciones de detención de los inmigrantes y refugiados en un cierto número de países occidentales sigue siendo deficiente, a pesar de las repetidas críticas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y del Comité de la ONU contra la Tortura. España y otros países de la Unión Europea incumplen las disposiciones humanitarias.HRW recuerda que, para ilustrar este problema tan extendido, informó el año pasado de las condiciones de detención de los inmigrantes en una antigua terminal de aeropuerto en las Canarias, "en condiciones gravemente deficientes", manteniendo allí retenidas a más de 300 personas cuando, según la Cruz Roja, las instalaciones sólo deberían acoger a 50. "Las condiciones sanitarias eran enormemente inadecuadas y la posibilidad de que los inmigrantes consiguieran aire fresco o hacer ejercicio eran inexistentes", añade la organización, exponiendo que "las autoridades españolas se defendieron diciendo que esta situación era una respuesta temporal, de emergencia, a un nuevo fenómeno de inmigración". "Pero no adoptaron ninguna medida significativa para mejorar las condiciones", añade. Abusos en centros de acogida de otros países europeos HRW apunta que estas circunstancias se dan también en otros países europeos, y recuerda el informe publicado el pasado septiembre por Amnistía Internacional (AI) y la Federación Internacional de Helsinki denunció que los solicitantes de asilo detenidos en centros de acogida en Grecia sufrían amenazas, palizas e incluso abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad. "En toda la región, la deportación de inmigrantes se caracterizó por violaciones persistentes de los Derechos Humanos, incluyendo servicios inadecuados de información y traducción, acceso insuficiente a representación legal durante la detención y ausencia de asistencia judiciales u oportunidades para que los inmigrantes recurran sus expulsiones", denuncia el informe. En especial, HRW critica que el Consejo europeo de Sevilla decidiera supeditar las ayudas financieras a terceros países a su disposición a la hora de aceptar a los inmigrantes ilegales detenidos en territorio europeo. "Como evidencia de las preocupaciones suscitadas por estos acuerdos de readmisión, Human Rights Watch documentó la expulsión regular de España de inmigrantes, incluyendo niños no acompañados, en un procedimiento que parecía depender de los caprichos de las autoridades locales", añade. De esta forma, recuerda, cientos de inmigrantes fueron devueltos a Marruecos "sobre la base de que eran marroquíes o habían cruzado Marruecos con destino a España, sin prestar demasiada atención a la capacidad o voluntad de las autoridades marroquíes para absorber a los inmigrantes, proporcionar los servicios y protección adecuados a los menores no acompañados y proteger a los refugiados del regreso a un país en el que estuvieran amenazados de persecución".