Los terroristas violan principios básicos de derechos humanos al atacar a civiles, pero Estados Unidos los debilita al pasar por alto los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus aliados frente al terrorismo, tales como Pakistán, China, Arabia Saudita y los señores de la guerra afganos, señala esta organización en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El Informe Anual 2003 de Human Rights Watch se ocupa en sus 558 páginas de la condición en que se encontraban los derechos humanos en 58 países a lo largo de 2002. En él se ponen de relieve tendencias positivas tales como el cese definitivo de las guerras en Angola, Sudán y Sierra Leona, y las conversaciones de paz en Sri Lanka. Pero también hubo acontecimientos negativos como el grave estallido de violencia comunal en Gujarat, India, y el asesinato constante de civiles en las guerras que azotan desde Colombia a Chechenia, y desde la República Democrática del Congo hasta el conflicto entre Israel y Palestina. Mientras tanto, algunos gobiernos continuaron aplicando políticas muy represivas en Burma, China, Cuba, Irán, Irak, Liberia y Vietnam.
"Estados Unidos no es en absoluto el país que comete más abusos contra los derechos humanos", afirmó Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch. "Pero Washington tiene tanto poder hoy en día que cualquier incumplimiento suyo de estas normas tiene repercusiones mundiales".
Human Rights Watch señaló que la Administración Bush parece reconocer ciertas conexiones entre la represión y la lucha contra el terrorismo en su Estrategia de Seguridad Nacional, y ha adoptado algunas medidas para promover los derechos humanos en países directamente implicados en la misma, tales como Egipto y Uzbekistán. Estados Unidos también ha intentado avanzar en la causa por los derechos humanos en países que no están involucrados en esta guerra, como Burma, Bielorrusia y Zimbabwe. Sin embargo, el compromiso del gobierno estadounidense con los derechos humanos se ha visto amenazado al no estar dispuesto a entrar en conflicto con una serie de aliados fundamentales y resistirse al deber de acatar algunas normas que recomienda a otros.
"Para luchar contra el terrorismo, hay que apoyar a los ciudadanos de los países en los que residen los terroristas", dijo Roth. "Cultivar la amistad de gobiernos represivos difícilmente es una manera de ganarse aliados."
Por ejemplo, Estados Unidos está generando un resentimiento popular en Pakistán por apoyar incondicionalmente al General Pervez Musharraf, que tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1999.
"Sigue estando de nuestro lado en la guerra contra el terrorismo, y eso es lo que me importa", declaró el Presidente de Estados Unidos George W. Bush con respecto a Musharraf, quien el año pasado introdujo enmiendas constitucionales para prorrogar cinco años su mandato y recientemente reforzó un decreto draconiano antiterrorista.
En el caso de China, la Administración Bush le ha restado importancia a la represión contra los musulmanes en la provincia noroccidental de Xinjiang, justificada por el gobierno chino como una medida antiterrorista. Arabia Saudita, con un gobierno altamente represivo, tiene un papel importante en la región y el gobierno estadounidense rara vez cuestiona sus condiciones en materia de derechos humanos.
La Administración Bush está intentando reforzar sus lazos con las fuerzas armadas indonesias, a pesar de que no se hayan determinado las responsabilidades por sus graves abusos contra los derechos humanos y su apoyo a las milicias que fomentan la inestabilidad. Estados Unidos también se ha mostrado reticente a ampliar las fuerzas internacionales de pacificación que podrían contribuir a la estabilidad de Afganistán, y ha recurrido en cambio a los déspotas señores de la guerra que están impidiendo los avances en materia de derechos humanos, posibilitados por la caída de los talibanes.
Además, Washington ha ignorado las normas de derechos humanos en su trato a presuntos terroristas. Se ha negado a aplicar los Convenios de Ginebra a los prisioneros de la guerra de Afganistán y ha definido erróneamente como "combatientes enemigos" a presuntos delincuentes detenidos en territorio estadounidense. La Administración Bush también ha incumplido las leyes de inmigración negando derechos a personas sospechosas.
En 2002, el gobierno de Estados Unidos se encargó de debilitar importantes iniciativas en materia de derechos humanos tales como la Corte Penal Internacional, un nuevo sistema internacional de inspecciones para prevenir la tortura y la resolución de las Naciones Unidas que declaraba que la guerra contra el terrorismo debía librarse de manera compatible con los derechos humanos.
La guerra contra el terrorismo ha servido de excusa a muchos países occidentales para rebajar su apoyo a la causa de los derechos humanos. Los líderes europeos prácticamente abandonaron sus esfuerzos para presionar a Rusia, aliada contra el terrorismo, para que cesara sus prácticas abusivas en la guerra de Chechenia.
Human Rights Watch no se manifiesta sobre la posible intervención en Irak y mantiene que su contribución más importante para paliar el sufrimiento humano que toda guerra conlleva será vigilar y promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario para todas las partes en conflicto.
Roth señaló que cuanto más hablan los funcionarios estadounidenses de la actuación en materia de derechos humanos de Sadam Hussein como argumento para derrocarle, más obligación tienen de minimizar las posibles consecuencias graves de una guerra en Irak. Estados Unidos debe adoptar todas las medidas viables para proteger a los civiles iraquíes de las represalias de Sadam Hussein, incluido el hipotético uso de armas de destrucción masiva. Como mínimo, debe quedar claro que se enjuiciará a todo el que ordene o cometa atrocidades, no sólo a un puñado de altos funcionarios iraquíes.
Estados Unidos debe garantizar que sus aliados en una posible guerra contra Irak no cometan asesinatos ni tomen otro tipo de represalias contra civiles. Asimismo, la Administración Bush debe ejercer presión sobre los países vecinos de Irak para que mantengan sus fronteras abiertas a la entrada de refugiados.
Human Rights Watch es una organización internacional de vigilancia sobre condiciones de los derechos humanos con sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo. No acepta fondos de ningún gobierno.