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El Movimiento contra la Intolerancia lamenta y entiende como sorprendente y precipitada la decisión de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de conceder el primer permiso a Ricardo Guerra, condenado a 17 años por asesinato, que reconociendo su peligrosidad y en contradicción con el criterio de rechazo del Juez de Vigilancia penitenciara, el Fiscal y la Junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real, ha adoptado conceder para el próximo mes de Septiembre, cuando la liquidación de pena por este delito se produciría en el último cuatrimestre de 2017.
Hace pocos meses, durante el transcurso del juicio al grupo neonazi Bastión en el pasado mes de noviembre por los ataques a los seguidores de la Real Sociedad, ni la acusación particular ejercida por la familia, ni la acción popular ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia observaron ningún tipo de arrepentimiento, ni signo alguno de abandono de las ideas extremistas por parte de Ricardo Guerra. Al contrario, durante el juicio, los ultras acompañaron a los imputados, tanto en el estadio de fútbol como en la calle, desplegando una intensa campaña de agitación y de afirmación de los sucesos, hecho que las acusaciones denunciamos como ataque a la dignidad de la víctima.
El Movimiento contra la Intolerancia recuerda que cuando Ricardo Guerra asesinó a Aitor Zabaleta ya estaba cumpliendo condena por otros delitos violentos y disfrutaba de permiso de salida en tercer grado, teniendo que volver a dormir a la cárcel, cuando participó con el grupo ultra Bastión en el ataque a los seguidores de la Real Sociedad. Y nos preguntamos ¿como es posible que una persona que ha quebrantado una condena cometiendo un delito muy grave, se pueda beneficiar de este tipo de permisos y quien debe de responder por las consecuencias de estas decisiones?.
El Movimiento contra la Intolerancia considera que esta decisión incomprensible de la Audiencia Provincial genera alarma social, es desmoralizadora para las víctimas del odio y de la intolerancia y desacredita la acción de la justicia ante la sociedad, además de suponer un estimulo para los grupos ultras por cuanto la benignidad de la decisión les da ánimos para perseverar en su conducta.
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